La Asociación de víctimas de la Talidomida (Avite) ha interpuesto una reclamación patrimonial administrativa contra el Ministerio De Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Se trata del paso previo que exige la ley antes de poder demandar al Estado.
En el documento le solicitan al Ministerio indemnizaciones para sus socios afectados por la talidomida por un importe total de 390.540.000 euros. Lo que les ha llevado presentar esta reclamación no es más que la frustración.
Solicitan indemnizaciones por valor de 390.540.000 euros
Una de las principales quejas de la asociación es debido a la pasividad del gobierno en lo que respecta al reconocimiento de los afectados. Apesar de que el procedimiento para el reconocimiento de afectados parte del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su reunión celebrada el día 8 de noviembre de 2017, no existe a día de hoy ni un solo afectado reconocido oficialmente. Actualmente ni siquiera se ha liberado a los siete componentes del Comité Científico Técnico de sus obligaciones asistenciales en la medicina pública para realizar su trabajo.
Aunque lo que los ha hecho estallar ha sido el tema de las compensaciones económicas. La semana pasada en una reunión de los representantes de Avite con la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, les explicaron muy claramente que el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene ninguna voluntad política de regular la exención fiscal de las ayudas aún pendientes.
Avite ha expresado en múltiples ocasiones a representantes del Gobierno que este punto es crucial, no solo para conseguir el objetivo de las ayudas, que obviamente se perdería si con una mano se da a las víctimas lo que con la otra se les quita vía impuestos, sino que además sería intolerable el agravio comparativo con el resto de afectados del mundo y con los de otros males en nuestro país, como infectados por VHC, VIH, accidentes de tráfico, negligencias médicas, terrorismo… que sí gozan de exención fiscal.
Además, aseguran que a día de hoy todavía no han cobrado dichas indemnizaciones a pesar de que la ley 6/2018 aprobada en julio del año pasada exige que los afectados perciban sus ayudas. Denuncian que ni siquiera se ha aprobado el instrumento normativo que establezca el procedimiento de pago.
NEGOCIACIONES CON GRÜNENTHAL
La ley que regula las indemnizaciones también hace referencia a la colaboración de la compañía Grünenthal en esta materia además del reconocimiento del daño causado. Sin embargo, medio año después no hay constancia de que el Gobierno haya hecho nada al respecto algo “vergonzoso” teniendo en cuenta que Grünenthal según son hechos probados en sentencia firme actuó con culpa y negligencia y es la responsable material junto con el Estado de la tragedia en España, el país peor tratado del mundo.