La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) ha presentado este lunes el documento de alegaciones con las que se opone formalmente al proyecto de Real Decreto con el que el Gobierno prevé regular el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España, medicamento distribuido por la farmacéutica Grünenthal en los años 60 que generó malformaciones a miles de personas.
Desde esta asociación destacan que en el RD existen varios puntos contrarios a lo reflejado sobre la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, donde se recogían estas ayudas. Por otra parte, aseguran que esta oposición se basa “en estrictos argumentos jurídicos” y a que el proyecto “no respeta los los acuerdos previos adquiridos de buena fe entre Avite y el Gobierno”.
Carcedo insistía en que la exención fiscal de las ayudas "no es posible"; mientras, Avite exige que se equiparen sus casos con los de otros países y con otras enfermedades en España
El primer punto sobre el que los afectados de la talidomida muestran su rotundo rechazo es la no regulación de la exención fiscal de las ayudas. Según Avite, y atendiendo a “los tipos vigentes en España del IRPF” si no se regula este asunto “aproximadamente el 50% del dinero volvería al Estado”. Mientras, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, apuntaba a ConSalud.es hace unos días que esta opción “no es posible”.
Esta circunstancia es para este colectivo “doblemente discriminatorio”. Por un lado, detallan que en España hay “víctimas de otros males” que no pagan por el IRPF, como pueden ser “contagiados por VIH, VHC, víctimas de daños o víctimas de terrorismo”. De la misma manera, inciden en que las víctimas de la talidomida de otros países (Irlanda, Canadá, Italia, Alemania, Brasil o Reino Unido) “gozan de exención fiscal”.
AYUDAS “CONTRARIAS A LA LEY”
Otro asunto relevante especialmente polémico es el importe final de las ayudas a percibir por parte de los afectados. En un principio, la ley de PGE establecía que el importe de las ayudas sería “el resultado de multiplicar 12.000 euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada”. Mientras, en el RD se añade al final que sean “compatibles con las descritas para la talidomida”.
La asociación de víctimas lamenta que en el RD no se contemple "la obligación del Gobierno de reclamar a Grünenthal", algo que se recoge en la ley de PGE de 2018
Esta matización es para Avite algo “contrario a la ley” por lo que adelantan que si continúan por esta vía lo recurrirán “ante los tribunales”. Y es que consideran que “es difícil, si no imposible, deslindar el alcance de embriopatía por talidomida en el conjunto de taras que aquejan a cada afectado”. Entienden que este hecho sería como “hacer una previa criba de ciertos puntos que se corresponderían con la talidomida en detrimento de otros que no”.
SIN PETICIONES A GRÜNENTHAL
Igualmente, esta asociación se ha expresado especialmente molesta con dos cuestiones relacionadas con Grünenthal. Por un parte, consideran que le quitan “protagonismo” en el RD al incluir a otros laboratorios como responsables. Sin embargo, recuerdan que esta farmacéutica “es la única propietaria de la patente en España”, por lo que reclaman que esto quede reflejado en el texto aunque también hayan participado de manera “secundaria” otras.
Desde Avite reclaman que se regule "un plazo máximo" para el reconocimiento oficial de afectados por la talidomida por parte del Instituto de Salud Carlos III
Asimismo, denuncian que en Real Decreto no existe ningún punto que contemple “la obligación del Gobierno de reclamar a Grünenthal”, algo que en la ley de PGE si aparece: “El Gobierno de España recabará de la compañía propietaria de la patente y, en su caso, de aquellas que hubieran realizado la distribución del fármaco en España la colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas, así como el reconocimiento del daño causado. Esta colaboración se destinará a incrementar proporcionalmente las cantidades reconocidas a las personas afectadas”.
RECONOCIMIENTO, SIN PLAZOS
También es relevante para Avite que no se establezca “plazo para el reconocimiento oficial de afectados por el Instituto de Salud Carlos III”, por lo que entienden que “todo lo que aquí se pretende regular es papel mojado mientras no haya previamente reconocimiento”. Esta asociación reclama en este sentido que se regule “un plazo máximo”.