El acuerdo firmado esta pasado viernes entre el Gobierno y Unidos Podemos permite afrontar lo que resta de legislatura con una base sólida de estabilidadpara llevar adelante un programa de derechos, libertades y reformas en clave de progreso.
Tras casi tres años de desencuentros entre ambas fuerzas, se ha llegado a un acuerdo presupuestario para seguir recuperando derechos de los ciudadanos, dar un cambio estratégico a la economía y mejorar la cobertura y calidad de los servicios públicos esenciales: sanidad, servicios sociales, educación, acceso a la vivienda, lucha contra la pobreza,… En lo que hace referencia a las materias sanitarias, el principal compromiso es la eliminación de copagos farmacéuticos tanto a pensionistas como a personas activas de menores rentas y con mayores cargas familiares.
En concreto, en 2019 se eliminará a quienes perciben una pensión inferior a 11.200€ y tienen cónyuge a cargo, y a las personas en activo con ingresos inferiores a 9.000€ con hijo a cargo. Son 6,8 millones de personas las potenciales beneficiarias de esta medida. Precisamente aquellas que hoy presentan más dificultades para acceder a los medicamentos para el tratamiento de sus enfermedades. Recordemos que según el último barómetro sanitario de 2017, el 4,7% del conjunto de la población española (2,2 millones de personas) abandona los tratamientos prescritos por médicos de la sanidad pública por no poder pagarlos.
"El acuerdo permite afrontar lo que resta de legislatura con una base sólida de estabilidad para llevar adelante un programa de derechos, libertades y reformas en clave de progreso"
El acuerdo prevé recuperar la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, que el Gobierno del Partido Popular fragmentó en 2012 en cuatro carteras diferentes, dando con ello paso a dos fenómenos perniciosos. El primero, la posible aplicación de un copago sanitario en modalidades de asistencia coadyuvantes al tratamiento, como la fisioterapia, logopedia o psicoterapia, o cobrar por el transporte sanitario. Y en segundo lugar, permitiendo a las CC.AA. modificar su cartera de servicios en función de su capacidad de financiación.
Este acuerdo por la recuperación del acceso universal a los cuidados de la salud se une así al reciente Real Decreto Ley 7/2018 refrendado por una amplísima mayoría del Congreso de Diputados (177 votos a favor y el único voto en contra del PP) para devolver el derecho de asistencia sanitaria a todos los ciudadanos y residentes en España, independientemente de su situación laboral, administrativa o necesidad de viajar al extranjero de manera temporal.
El acuerdo busca también reforzar el carácter público de la financiación y gestión del Sistema Nacional de Salud, para lo que contempla la constitución de un proceso y comisión de estudio, análisis y reflexión con expertos sanitarios, organizaciones profesionales, sindicales y de pacientes. Recordemos una vez más la profunda privatización de la financiación sanitaria durante los años de la crisis que han hecho que el gasto sanitario público se haya reducido en 3.000 millones de euros anualmente, mientras el gasto privado ha crecido en 5.000 millones (un crecimiento del 21% en los últimos siete años).
La comisión estudiará de qué manera reforzar la gestión pública y la colaboración entre los servicios autonómicos, con el objeto de lograr un SNS más eficiente, asegurando que la participación del sector privado colabore en el objetivo del servicio público y es transparente, sin detraer recursos necesarios de la sanidad pública ni competir en condiciones de ventaja. Habrá que analizar las diferentes redes de utilización pública hoy existentes en algunas comunidades autónomas y, respetando sus competencias, avanzar en un sistema más integrado en objetivos, recursos y resultados. También estudiar el valor y los riesgos que han significado las modalidades de financiación privada de centros públicos (hospitales “PFI” o “de colaboración público-privada” y concesiones sanitarias) para regular o limitar el uso de estas iniciativas.
"El acuerdo busca también reforzar el carácter público de la financiación y gestión del Sistema Nacional de Salud, para lo que contempla la constitución de un proceso y comisión de estudio, análisis y reflexión con expertos sanitarios, organizaciones profesionales, sindicales y de pacientes"
Se incluyen también muchas actuaciones imprescindibles para luchar contra las desigualdades y los determinantes de la salud. Así, la mejora del salario mínimo, de las pensiones mínimas y de viudedad, la extensión de la educación infantil de 0 a 3 años, la mejora del acceso a la vivienda, la dotación de la financiación para atender a la dependencia, o el plan de lucha contra la pobreza infantil, han de redundar en una mejora de la salud a corto y medio plazo. No olvidemos que la influencia de estos determinantes sociales sobre la salud es mucho más fuerte que toda la inversión que podamos dedicar a la atención a la enfermedad.
El acuerdo no olvida abordar cuestiones relevantes del cambio de modelo económico que han de influir positivamente también en la salud de las próximas décadas, entre ellas el aumento de las políticas de I+D, también biosanitarias, y las reformas estructurales para favorecer la transición energética. Se trata pues de establecer las bases, comenzando con actuaciones desde el próximo año 2019, para lograr un modelo de crecimiento sostenible, más competitivo, que al mismo tiempo respete y avance en los derechos de las personas y su igualdad de oportunidades.