El pasado 26 de marzo el Pleno del Senado, con mayoría Popular, comenzó a tramitar una proposición de ley del PP con el fin de proteger a los profesionales sanitarios y reforzar su seguridad ante agresiones y situaciones de violencia. Previamente había sido rechazada el 11 de febrero en el Pleno del Congreso, dónde volverá para su última votación.
La propuesta sugiere instalar sistemas de videovigilancia en instalaciones comunes y dispositivos de alarma sonoros en los despachos de las consultas. También propone detallar cualquier antecedente como sujeto activo de violencia sanitaria (si lo hubiere) en la historia clínica del paciente y que el Ministerio de Sanidad genere un Registro Nacional de actos de violencia en el ámbito sanitario.
Luego se aborda el apoyo legal si los actos derivan en denuncias y en cualquier caso apoyo psicológico. Se da la circunstancia de que la gestión asistencial y el esfuerzo organizativo y presupuestario está descentralizado en las CCAA. En cualquier caso, establecer un marco común desde la legislación básica del estado podría resultar determinante para garantizar la seguridad profesional, respetando la intimidad de pacientes en su asistencia y en la confidencialidad de sus datos.
"Establecer un marco común desde la legislación básica del estado podría resultar determinante para garantizar la seguridad profesional, respetando la intimidad de pacientes en su asistencia y en la confidencialidad de sus datos"
¡Qué quieren que les diga! Que una vez más la política lo enzarza todo, y los conflictos quedan enmarañados por el reparto de competencias, que más parecen pelotas locas de tenis que hacen giros y requiebros tras “boleas”, que rotundos y potentes “aces” (punto de saque directo). Unos se pasan la “patata caliente” a otros que, desde el fondo de la pista, ven cómo les devuelven “un tomate escaldado”, y así se pasan las legislaturas.
El último informe del Observatorio Contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) confirma que el número de agresiones a médicos sigue en ascenso y sólo en 2024 alcanzó la cifra de 847 agresiones, lo que supone una media de 2,34 agresiones por día, de las cuales, el 62,5% son a mujeres, y en relación al ámbito de trabajo, casi el 48% se producen en Atención Primaria.
Ya ven, centenares de colegas sufren agresiones de diferente alcance, que dañan no solo el físico, sino la autoestima de profesionales entregados a una causa, la suya, pero que el público receptor no siempre asimila, comprende, encaja y/o acepta. Esta es una profesión muy vocacional como para aceptar estas reacciones desaforadas, estos comportamientos virulentos originados quién sabe dónde de la psiquis humana.
A diario asistimos a episodios de violencia bélica (guerras retransmitidas por los medios); violencia en los entornos rural y urbano; violencia doméstica; violencia en los campos deportivos; violencia en la ficción televisiva; violencia en la carretera; violencia en el lenguaje; etc., que a menudo degeneran en una agresividad y accesos de furia inusuales en todo tipo de personas, de cualquier condición socioeconómica, edad, género, grupo étnico, región, país, continente…
Otros colectivos investidos de autoridad moral y social propios de la función pública como el trabajo social, el magisterio, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, etc., también se ven acosados.
Quizá nos hemos acostumbrado a vivir con ella y de alguna forma la aceptamos, la asimilamos, como algo consustancial a la naturaleza humana, como si hubiera un ogro dentro de cada uno y todo dependiera de quién sabe controlarlo y quién no.
"Si esas personas están descontentas tienen una vía perfectamente pacífica y legal para expresarse, como son los departamentos de atención al paciente y si consideran que el daño y/o la ofensa son superlativas, la comisaría, el cuartelillo o el juzgado más próximo, pero nunca, nunca, nunca, usar la violencia, porque ahí no hallarán consuelo, sólo castigo propio y dolor ajeno"
Es cierto que sufrimos desavenencias, enfados, despidos, discusiones, desengaños, derrotas, pero no siempre sabemos canalizar toda esa rabia contenida que estalla como un globo a presión hinchado en exceso.
Sea como fuere, como personal sanitario no tenemos por qué pagar con nuestra salud la agresividad de personas descontentas con el trato, el diagnóstico, la mala praxis, el tiempo de espera, la distancia del centro a su casa, el precio de los medicamentos, la fatalidad por la muerte de sus allegados…
Si esas personas están descontentas tienen una vía perfectamente pacífica y legal para expresarse, como son los departamentos de atención al paciente y si consideran que el daño y/o la ofensa son superlativas, la comisaría, el cuartelillo o el juzgado más próximo, pero nunca, nunca, nunca, usar la violencia, porque ahí no hallarán consuelo, sólo castigo propio y dolor ajeno.
No voy a entrar a valorar las propuestas con las que iniciaba esta tribuna, porque no es mi terreno ni entiendo de política, por aquello de no hablar de lo que no sé, pero sí tengo una idea muy clara: que todos los casos deben ser denunciados, que tanto los medios de comunicación como los sanitarios con cierta visibilidad social, tenemos que denunciar estas conductas para que sean juzgadas y no vuelvan a repetirse jamás.
Además de las medidas legales no sobraría actuar sobre el marco social de referencia con alguna acción didáctica, similar a las que la DGT diseña en sus campañas de concienciación; centrarse en represtigiar la función pública; cero permisividad; pedir comprensión y tolerancia; todo con un solo fin: “¡No más agresiones a sanitari@s!”