Una sociedad con servicios públicos de calidad es una sociedad más justa porque los servicios públicos son importantes compensadores de desigualdad. No es lo mismo cobrar el salario mínimo interprofesional cuando tienes acceso a un sistema sanitario universal y de calidad que cuando no tienes acceso. No es lo mismo.
El presidente del Gobierno aseguró a los españoles que su propósito era reforzar la sanidad como servicio público esencial que había demostrado su eficiencia durante la pandemia. ¿Podemos imaginar esta pandemia sin servicios públicos?
Pero los hechos son testarudos y tres actuaciones del Ministerio de Sanidad y de Hacienda pareciera que van en contra de lo declarado por el propio presidente.
En primer lugar, la decisión de elegir el aseguramiento privado para los funcionarios públicos implica mantener a casi 2 millones de personas fuera de la sanidad pública. Pero debido a la selección de riesgos y la edad de los asegurados el sistema es ineficiente. Esos 5.500 millones serían la salvación de la Atención Primaria pero el ministerio prefiere regalarlos a unas cuantas empresas privadas para que hagan negocio parasitando la sanidad pública. El ministerio se rinde ante las presiones de la empresa privada que ve en las sanidad pública un nicho de negocio.
En segundo lugar, el Ministerio de Sanidad ha presentado el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria para los años 2022 y 2023. Repasemos algunas cuestiones: por un lado, el problema fundamental, que es la insuficiencia crónica de presupuesto de la Atención Primaria desde los recortes de 2007, queda sin resolver puesto que el plan carece de dotación presupuestaria. Se establece un plazo hasta diciembre de 2022 para la disposición de un presupuesto finalista, ¿y mientras?
Lo asombroso del Plan es que plantea tareas ya hechas y habla de “evaluar necesidades” cuando esas necesidades se evaluaron hace años. La ministra de Sanidad debería repasar y retomar la Estrategia de Atención Primaria de 2019 que elaboró la Señora Carcedo y que fue ampliamente consensuada.
Por otro lado, el plan no reconoce como problemas la demora asistencial, el abandono de actividades o el uso sustitutivo de lasconsultas telemáticas. En definitiva, es un plan cuya finalidad es camuflar que el verdadero objetivo es mantener el deterioro de la Atención Primaria y favorecer el doble aseguramiento de los ciudadanos que puedan pagarlo.
En tercer lugar, el Anteproyecto de ley de Equidad del SNS es la clave para consolidar la privatización de la gestión sanitaria. Dicen que derogan la ley 15/97 que permitía nuevas formas de gestión sanitaria, pero sólo es un cambio de título. La letra de la ley de Aznar permanece en el anteproyecto de la ministra de sanidad del PSOE. Los acuerdos de gobierno entre PSOE y UP establecen que se debe reformar la Ley 15/97 en el sentido de asegurar la gestión privada de la sanidad como requisito fundamental para asegurar la eficiencia y sostenibilidad del SNS. Pero el PSOE ha cambiado de idea.
Así, mientras el gobierno retrasa la decisión de reformar la ley 15/97 con la excusa de la pandemia, comunidades como la de Madrid sirven de laboratorio de pruebas para favorecer el deterioro de la Sanidad Pública, la privatización masiva de su gestión y el doble aseguramiento privado de los que tienen recursos económicos.
También se entiende por qué la ILP llamada Ley de Seguridad del Paciente permanece congelada en su tramitación ya que sería negativo para futuros negocios establecer por ley ratios de enfermería. Al fin, al cabo de 2 años de gobierno el Ministerio de Sanidad da el paso definitivo y presenta un anteproyecto que bendice la privatización.
Lo que realmente está en juego no es el refuerzo de la Sanidad Pública, sino la propia sanidad. Nos jugamos el futuro de un servicio público fundamental, como dijo el presidente del Gobierno, y parece que los que defendemos al servicio público estamos perdiendo. Las encuestas dicen que el acceso a un sistema sanitario público de calidad es prioritario para los ciudadanos, pero parece que el gobierno no escucha a la ciudadanía. Si no cambian las cosas corremos el riesgo de acabar con una sanidad más privatizada y de menor calidad que considera la salud de las personas no como un derecho, sino como una fuente de negocio para unos pocos. Para los pobres se mantendrá una sanidad de beneficencia para que no se diga.