La próxima tramitación del Real Decreto por el que se regula la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS), y cuyos primeros pasos se han iniciado con la consulta pública cerrada a finales de octubre, ofrece una enorme oportunidad para actualizar la normativa relativa a los procesos de evaluación de medicamentos, productos sanitarios, pruebas para el diagnóstico in vitro, procedimientos médicos y quirúrgicos, modelos organizativos y medidas para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades.
Se trata de una norma que va a requerir un importante esfuerzo institucional para asegurar que los procedimientos de evaluación, que tendrán que considerar el valor añadido en comparación con otras alternativas, la evaluación económica, los aspectos éticos, organizativos, sociales y jurídicos, y el coste/efectividad para su incorporación a la cartera de servicios, se hagan con rigor metodológico, transparencia y seguridad jurídica para ciudadanos, pacientes y empresas.
Además, con la sentencia de la sección octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que declara la nulidad de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) se hace más necesaria aún la elaboración de esta nueva normativa que, al tener objetivos tan amplios, va a requerir un importante esfuerzo de diálogo y consenso. Es por ello que se hace necesario asegurar que pacientes y empresas conozcan y valoren los elementos clave para hacer factible una participación efectiva y útil en el proceso de elaboración de la nueva norma.
"Se hace necesario asegurar que pacientes y empresas conozcan y valoren los elementos clave para hacer factible una participación efectiva y útil en el proceso de elaboración de la nueva norma"
Las tecnologías sanitarias han sido y serán un elemento fundamental para entender el enorme avance científico que se acumula durante años en la lucha frente a la enfermedad y sus consecuencias. Asegurar que los procesos de evaluación cumplen los requisitos citados es de enorme importancia para la calidad de los servicios de salud y, también, para la equidad de las respuestas que deben ofrecerse desde el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS). Cumplir con esos requisitos requiere también considerar que son una inversión que requiere agilidad y participación experta en el conjunto de procedimientos que la nueva normativa establezca.
El progresivo envejecimiento poblacional, que caracteriza el presente y el futuro de las próximas dos décadas, junto a la cronicidad constituyen un elemento esencial a tener en cuenta para el desarrollo de políticas de éxito por parte del SNS. En este contexto, la actualización continua de la cartera de servicios con aquellas tecnologías sanitarias que aporten más efectividad y más eficiencia es un asunto de esencial importancia. Y esta nueva normativa afronta el desafío de establecer procedimientos más seguros y más efectivos que tengan en cuenta la eficiencia, la calidad y la equidad.
Los siguientes pasos a dar tras el cierre de la consulta pública estarán en manos del nuevo Gobierno y, por supuesto de manera más específica, del nuevo Ministerio de Sanidad. La responsabilidad de la Administración General del Estado en este asunto requiere una mirada específica de Sanidad, pero, también, de otros departamentos como Economía, Hacienda, Innovación o Industria que tienen aportaciones que realizar desde sus respectivos enfoques.
Por supuesto que, dadas las implicaciones para el conjunto del SNS, las Comunidades Autónomas se constituyen también en agentes imprescindibles para que el proceso culmine con el éxito que merece nuestro sistema sanitario.
Todo esto supone un desafío, pero también una oportunidad para que las organizaciones comprometidas con los pacientes y estos mismos aporten valor y respuestas válidas a la nueva regulación. Asegurar el desarrollo de procesos de participación y elaboración de propuestas rigurosas y útiles resulta de enorme importancia en este caso porque hacerlo bien supone mejorar las capacidades de nuestra sanidad pública y privada.