Transcurridos dos años desde sus inicios, la pandemia de la COVID-19 continua activa. En plena sexta ola y todavía a la espera de una auditoría objetiva y exhaustiva sobre la gestión realizada desde el Ministerio de Sanidad, la realidad es que sigue sin aclararse el número real de personas fallecidas, la cifra de contagios es aún muy elevada –con cuantías especialmente altas entre los profesionales sanitarios, más de 200.000, que siguen sin ser reconocidos como ‘profesión de riesgo’-, el Gobierno sigue fallando estrepitosamente en la planificación – en cuestiones como la adquisición de test de antígenos o los tratamientos antivirales-… y seguimos sin una ley específica para afrontar pandemias con la que evitar las inequidades y las carencias de cohesión entre Comunidades Autónomas como se están produciendo en la gestión de esta crisis sanitaria.
Tampoco se han liderado desde el Ministerio de Sanidad medidas tangibles y efectivas con las que dar una solución real a los problemas de saturación existentes en los centros de atención primaria, ni se han coordinado acciones útiles para solventar los problemas existentes en el ámbito de la ordenación profesional –escasez de personal, falta de desarrollo de determinadas especialidades, homologación de títulos, elección en tiempo real de las plazas MIR…-, ni se ha consensuado un nuevo modelo de financiación con las Comunidades Autónomas para favorecer la sostenibilidad y la solvencia del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 tampoco ayudan a mirar con tranquilidad el futuro inmediato de nuestro sistema sanitario teniendo en cuenta los recortes aplicados por el Gobierno en la dotación del Ministerio de Sanidad.
Además, los citados PGE confirman que la prioridad que el propio Ejecutivo está dando a la Sanidad en al reparto de los fondos provenientes de Europa con motivo de la COVID-19 es residual –por no calificarla directamente de nula- y mientras el proyecto estratégico para la recuperación y la transformación económica sobre “salud de vanguardia” termina de arrancar y de traducirse –o no- en algo en términos prácticos, continúa pendiente la implementación de la inmensa totalidad de las medidas contempladas en el dictamen sobre sanidad y salud pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica –como, por ejemplo, la Agencia Española de Salud Pública y Calidad Asistencial- a pesar de que fue aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados en julio del año 2020.
Aniversarios en negativo
Así pues, y desde la necesidad imperiosa de que se materialice una cogobernanza real entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, el SNS sigue afrontando necesidades propias del siglo XXI –propias del progresivo envejecimiento poblacional, de una prevalencia cada vez mayor de las enfermedades crónicas, de la pluripatología, de la polimedicación…- con una estructura y un funcionamiento del siglo XX.
Los fondos europeos antes referidos representaban una oportunidad inmejorable de impulsar reformas en el sistema acordes con las necesidades en salud crecientes y cambiantes de los ciudadanos; reformas convergentes también con las solicitudes realizadas por los profesionales sanitarios, por la industria farmacéutica, las empresas españolas de biotecnología y tecnología sanitaria, la iniciativa privada… Sin embargo, el Gobierno no ha sabido, no ha querido, no ha sido capaz… de aprovechar la coyuntura.
El balance que puede hacerse de los dos primeros años de la presente legislatura desde la perspectiva sanitaria, así como del primer año de la actual ministra de Sanidad en el desempeño de sus funciones, no puede ser positivo tanto por lo hecho, como por lo no hecho y por lo que es necesario hacer pero todavía está pendiente.
A la espera de ver cómo evoluciona el anteproyecto de ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, la universalidad y la cohesión del SNS –que deroga en forma pero no en fondo la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión-, de que el Gobierno concrete si la descentralización de organismos estatales va a afectar a instituciones sanitarias –a la mencionada Agencia Española de Salud Pública, por ejemplo-, de que el Ejecutivo termine de precisar si va a ceder la competencia del MIR a Cataluña por la presión ejercida en tal sentido por los independentistas…, aspectos de gran relevancia que requieren de un consenso parlamentario. Los españoles cada día nos demandan que la sanidad no puede estar bajo los vaivenes políticos por eso desde el Grupo Parlamentario Popular desde el inicio de la pandemia planteamos al Gobierno un Pacto por la Sanidad porque el virus nos afectaba a todos y los problemas o necesidades del Sistema Nacional de Salud se tienen que analizar desde una perspectiva común y trabajar para evitar inequidades dependiendo del código postal donde residas.
La actualidad sanitaria nos tiene ocupados con la pandemia de la COVID-19 que continúa con su sexta ola predominando la cepa ómicron con un número muy destacado de personas fallecidas por el virus diariamente, seguimos centrados en las dosis de vacunas que se están poniendo diariamente y no tan ágiles en lograr que España adquiera los tratamientos antivirales y anticuerpos monoclonales para evitar que las personas se sigan muriendo, es urgente que los pacientes tengan a su disposición el mejor arsenal terapéutico y no nos quedemos atrás, las consecuencias siguen siendo terribles y los españoles están cansados