Madrid es hoy la Comunidad Autónoma con mayor esperanza de vida al nacer y una de las regiones europeas más longevas. La Comunidad de Madrid cuenta con seis hospitales en el ‘ranking’ de los diez mejores en España. En cuanto a las listas de espera, que en la última evaluación del Ministerio de Sanidad han sufrido un empeoramiento generalizado, Madrid se mantiene como la región con menor tiempo medio de espera y con menos pacientes que tienen que aguardar más de seis meses para ser intervenidos. Existen, por tanto, datos objetivos para afirmar que la sanidad de Madrid funciona razonablemente bien.
Mónica García parece obviar estos datos y ha hecho de Madrid la diana de todos sus ataques. García no ha acabado de asumir que ya no es la líder de la oposición autonómica, sino la ministra que debe velar por la Sanidad de todos. No contenta con seguir haciendo política regional desde su despacho del Paseo del Prado, centrándose en asuntos como la tala de árboles en parques madrileños, quizá loables, pero que podrían despertar las críticas en otros rincones de España, por no recibir similar atención, la ministra ha dado un paso más y ha sacado a consulta pública el anteproyecto de una “Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud”.
"García no ha acabado de asumir que ya no es la líder de la oposición autonómica, sino la ministra que debe velar por la Sanidad de todos"
Bajo este título, presenta un documento cuyo objetivo declarado es la “limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro”. El texto recuerda en parte al proyecto fallido de la legislatura anterior, que pretendía poner coto a las competencias de las CC AA en gestión sanitaria y eliminar las fórmulas de colaboración público-privada que, en mayor o menor medida, emplean los gobiernos autonómicos de todo color político. Este proyecto, finalmente, quedó en un cajón con la convocatoria anticipada de elecciones, lo que supuso un problema menos para el Gobierno pues, como advertimos muchos de los que nos dedicamos al sector de la salud, habría provocado el caos y la desatención para muchos pacientes.
La novedad ahora es que el proyecto está más orientado, casi sin tapujos, a atacar a determinadas CC AA, de manera muy especial, a Madrid. La propia ministra de Sanidad ha declarado que no es su intención tocar el modelo de colaboración público-privada de Cataluña. No se le escapa a casi nadie que, para que una ley de estas características saliera adelante, harían falta los votos de los partidos catalanes en el Congreso. Sí se ha referido a la colaboración entre sanidad pública y privada, en sus términos despectivos habituales, en la Comunidad Valenciana y en Madrid. No está de más recordar que Madrid gasta, porcentualmente, la mitad que Cataluña en conciertos.
"¿Para qué presenta, entonces, un anteproyecto de ley? Cabe pensar en un ejercicio de propaganda y autoafirmación"
En definitiva, Mónica García utiliza el Ministerio como plataforma para atacar de manera selectiva a gobiernos autonómicos, de manera especial, a Madrid. Y en esta línea, pretende mantener un pie en su despacho y otro en la calle. Es lo que intentó el pasado 19 de mayo, cuando encabezó una manifestación en la capital, en “defensa de la sanidad pública” y contra su “destrucción” en la Comunidad. La marcha estaba convocada por la asociación “Vecinas y vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid”.
Se trata, por un lado, de un nuevo ejercicio de “madrileñocentrismo” y un desprecio a los profesionales y pacientes de otras regiones. En los últimos dos meses se han convocado manifestaciones en defensa de la sanidad por profesionales y sindicatos de Barcelona, Bilbao o Sevilla, entre otras ciudades, y no se ha visto participar a García ni a ningún otro alto cargo del Ministerio.
Por otra parte, la ministra parece querer hacer un equilibrio difícil, situándose más como activista que como gestora. No comprende que, si los profesionales piden mejoras de cualquier tipo en la sanidad, ella ahora está en el otro lado y no puede ponerse detrás de la pancarta. Y así se ha puesto de manifiesto con la reducida asistencia, respecto a lo previsto, de la manifestación en Madrid: 18.000 asistentes frente a los 25.000 de la anterior. Parece que lejos de ayudar, García perjudica al movimiento que dice defender.
Pero no nos engañemos. Mónica García tiene los pies en la tierra. En realidad, y tal y como dejaba entrever en su reciente entrevista en El Mundo, no tiene mucha confianza en que la Legislatura dure y en que su proyecto contra la sanidad privada salga adelante. Los resultados de las elecciones en Cataluña, la posición de Junts y su fragilidad como aliados del Gobierno parecen respaldar esta tesis. La propia ministra, en los últimos días, ha anunciado la que puede ser la búsqueda de una salida política y personal: su candidatura a formar parte del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
"Si saliera adelante el proyecto de Mónica García, los más perjudicados serían los pacientes"
¿Para qué presenta, entonces, un anteproyecto de ley? Cabe pensar en un ejercicio de propaganda y autoafirmación. Podrá decir que lo intentó, pero no lo consiguió. Más allá de la tramitación parlamentaria, que aún está lejana, y de lo que dure la Legislatura, el sector no va a admitir un texto como el presentado sin una fuerte oposición. Todos los implicados preparan ya importantes alegaciones que, sin duda, incidirán en aspectos como la seguridad jurídica. Hay que tener en cuenta que, junto con “limitar” la gestión privada, el texto propone la “facilitación de la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos existentes”. Es decir, se busca incumplir acuerdos de manera unilateral, además con blindaje legal.
Pero, más allá de los aspectos legales, si saliera adelante el proyecto de Mónica García, los más perjudicados serían los pacientes. En Madrid, la privada asume el 31% de los ingresos y de las altas realizadas, el 27% de las estancias y el 37% de las intervenciones quirúrgicas del conjunto de las realizadas en Madrid. Sin colaboración público-privada, más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos.
Junto a ellos, los profesionales: médicos, enfermería, auxiliares, administrativos y otros trabajadores de la sanidad privada. Un ataque a un sector económico de esta magnitud pondría en riesgo muchos puestos de trabajo y, por tanto, afectaría a muchas familias. Son los mismos profesionales a los que la ministra de Sanidad debería defender.