En una democracia moderna, la responsabilidad de quienes ostentan altos cargos institucionales no solo se mide por su capacidad de gestión, sino también por su comprensión de los sistemas que gobiernan y su capacidad de hacer declaraciones informadas. Cuando una figura como María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera del Gobierno de España, realiza afirmaciones erróneas, cargadas de ideología y alejadas de la realidad del sistema sanitario y educativo español, el daño no es menor: se desinforma a la opinión pública, se politiza injustamente la educación, y se falta al respeto a miles de profesionales y estudiantes que han dedicado años a su formación.
Las declaraciones recientes de Montero, en las que critica duramente la existencia de universidades privadas que imparten Medicina, acusándolas de generar un “mercado de médicos” sin garantizar calidad, no solo son ofensivas, sino que denotan un desconocimiento alarmante del sistema MIR (Médico Interno Residente), requisito indispensable para ejercer en la sanidad pública.
"Las declaraciones recientes de Montero no solo son ofensivas, sino que denotan un desconocimiento alarmante del sistema MIR, requisito indispensable para ejercer en la sanidad pública"
La formación en Medicina ya sea en universidades públicas o privadas se rige por criterios homogéneos establecidos por el Ministerio de Universidades y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). No se puede poner en marcha un grado en Medicina sin pasar por un proceso riguroso de acreditación, revisión de contenidos, profesorado cualificado, instalaciones clínicas, convenios hospitalarios y mecanismos de control de calidad.
En este contexto, las universidades privadas que imparten Medicina lo hacen bajo la misma supervisión estatal que las públicas. El argumento de que la privada rebaja estándares, como insinuó Montero, no solo es falaz, sino insultante para los miles de estudiantes que acceden a estas universidades tras pasar por procesos de selección exigentes, muchas veces con calificaciones excelentes, y que terminan sus estudios sometidos a la misma criba que sus compañeros de la pública: el examen MIR.
En sus declaraciones, Montero pareció ignorar un dato elemental que cualquier político con competencias sanitarias debería conocer: ningún médico puede ejercer en la sanidad pública sin haber superado el examen MIR y cursado una especialidad. Este sistema, instaurado hace décadas, garantiza que solo los médicos más capacitados, independientemente de dónde hayan estudiado, accedan a las plazas del sistema nacional de salud.
Las plazas MIR se adjudican cada año en función del número de médicos que aprueban el examen, y la competencia es feroz. En cada convocatoria hay cientos de aspirantes que se quedan sin plaza. En este contexto, el sistema actúa como un filtro objetivo de calidad, basado en un examen unificado y en un proceso de formación hospitalaria que dura entre 4 y 5 años. No hay trato de favor ni discriminación por la procedencia universitaria del candidato.
Por eso resulta tan grave que una ministra, ahora vicepresidenta, obvie esta realidad y sugiera que los médicos formados en universidades privadas llegan a la sanidad sin controles. Es, sencillamente, falso.
"Resulta muy grave que una ministra, ahora vicepresidenta, obvie esta realidad y sugiera que los médicos formados en universidades privadas llegan a la sanidad sin controles. Es, sencillamente, falso"
El verdadero trasfondo de las declaraciones de Montero no parece ser una preocupación por la calidad asistencial, sino una visión ideológica profundamente arraigada en la izquierda más rancia: la idea de que lo privado es por definición inferior, corrupto o dañino para el interés público.
Más allá del debate ideológico, las palabras de Montero suponen una falta de respeto flagrante a miles de estudiantes y a sus familias, que han invertido años de esfuerzo, recursos económicos y sacrificios para obtener una formación médica rigurosa. La insinuación de que su formación es de segunda categoría, o que su acceso al sistema sanitario es fraudulento, es inadmisible.
María Jesús Montero debería rectificar públicamente sus palabras, no solo por decencia política, sino por respeto a la verdad y a los miles de médicos que ejercen su labor con entrega, formación y profesionalidad, hayan estudiado donde hayan estudiado. El sistema MIR es la verdadera garantía de calidad, y cualquier médico que haya pasado por él merece el mismo reconocimiento.
El populismo sanitario no cura. La demagogia educativa no salva vidas. Y los discursos falsos desde la vicepresidencia del Gobierno son una falta de responsabilidad que la sociedad española no debería tolerar.