Se nos atribuye al sector empresarial la búsqueda de la estabilidad, la seguridad jurídica y un marco regulatorio predecible. Me parece exagerado que se considere sólo una aspiración de los empresarios. No concibo que nadie con sentido común quiera para sí o para su entorno la inestabilidad, la incertidumbre o el desasosiego.
Como representante de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid (ACHPM), tengo que reconocer que la estabilidad, la seguridad y la predictibilidad son buenas para nosotros, y, en ese sentido, nos alegramos de que la voluntad democrática de la sociedad madrileña, expresada el pasado 4 de mayo, haya optado con una clara mayoría por un Gobierno de continuidad, un Gobierno que ha demostrado firmeza y eficacia en el terrible escenario de la pandemia por COVID-19. Un Gobierno que ha reconocido la dedicación, el esfuerzo y el sacrificio de los profesionales sanitarios; que ha implementado en plazos record infraestructuras de imperiosa necesidad, provisionales en unos casos como el Hospital de IFEMA, y definitivas en otros como el Hospital Enfermera Isabel Zendal; que hace gala del prestigio y posición puntera de los hospitales madrileños en los índices de reputación… Además, en lo que nos ocupa y nos afecta, quiero destacar en este contexto el hecho de que la sanidad privada de la Comunidad de Madrid ha integrado sus recursos bajo el mando único de la Consejería de Sanidad, aprovechado todo su potencial tecnológico y humano.
Tenemos por delante dos años de legislatura. La apuesta de continuidad de la presidenta Isabel Díaz Ayuso por la vía de la eficiencia y la calidad, así como la gestión experimentada del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, plantean un contexto altamente positivo para la sanidad de la Comunidad de Madrid. Buscando en todo momento lo mejor para la sociedad madrileña, y desde la perspectiva de las experiencias positivas acumuladas, se abre una nueva oportunidad de colaboración pública privada sin los prejuicios ideológicos injustificados de algunos sectores de la izquierda.
Cuando se acuerda una colaboración pública-privada, la misma, señala explícitamente la ley, “deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública”
La colaboración público-privada es una oportunidad para optimizar la utilización de todos los recursos, con independencia de su titularidad, y ofertar a los ciudadanos servicios sanitarios de calidad en el plazo que se requieren. Lo que algunos ocultan, posiblemente con intención torticera, son las garantías que la vigente Ley de Régimen Jurídico del Sector Público tiene establecidas. Cuando se acuerda una colaboración pública-privada, la misma, señala explícitamente la ley, “deberá mejorar la eficiencia de la gestión pública”, lo que equivale en la práctica a una garantía suplementaria para el usuario-paciente de que el servicio, financiado públicamente, que le presta un centro sanitario privado, es de un rango excelente y presupuestariamente transparente.
Nuestra disposición es, bajo la dirección de la Consejería de Sanidad, aportar los recursos de los que dispone la sanidad privada madrileña: 70.000 profesionales, 48 hospitales, 7.000 camas, 250 quirófanos y un parque tecnológico actualizado y puntero con capacidad para dar servicio a 2,6 millones de habitantes. Hablamos de apoyar, esmerarnos en la coordinación, adecuar la innovación para evitar duplicidades, en definitiva, hablamos de trabajar de la mano de la Consejería en aquello que estime necesario para los pacientes madrileños.
La presidenta, en su reciente discurso de investidura, ha hecho referencia, a la necesidad de recuperar la actividad diagnóstica y quirúrgica habitual de todas las patologías, que ha quedado disminuida por culpa de la pandemia. Ese puede ser un posible ámbito de colaboración en el que estamos dispuestos a colaborar en aquello que se nos solicite.
La sanidad es una, sus proveedores públicos y privados, en el marco de la Constitución Española
Sabemos, asimismo, que lamentablemente la salud se deprecia con el tiempo, es decir con el envejecimiento, y que ese es, precisamente, unos de los factores que van a resultar determinantes en los servicios sanitarios y sociales en los próximos años. También ahí ofrecemos nuestra leal colaboración desde el inicio de la planificación.
La sanidad es una, sus proveedores públicos y privados, en el marco de la Constitución Española y sus desarrollos legislativos nacional y autonómico, los sitúan al servicio del paciente y en beneficio de este. Para la sanidad privada madrileña no hay más propósito que su dedicación a los pacientes, es la razón de ser de todas sus actividades.