La Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid (ACHPM), que me honro en representar, tiene un acuerdo con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Un marco estable de colaboración, que finaliza el próximo 28 de febrero y que será prorrogado si la situación lo requiere.
Por tratarse de un caso real de colaboración público-privada, que, frente a algunos “prejuicios infundados”, ha pasado de las declaraciones a los hechos, lo primero es reconocer la buena gobernanza de la Comunidad de Madrid por su respuesta eficaz ante la demanda generada por la pandemia y hacerlo de manera equilibrada con relación a los recursos disponibles.
Quiero, en primer término, aclarar por qué digo “prejuicios infundados”. La razón hay que buscarla en que, desgraciadamente desde mi punto de vista, nuestra sociedad y muchos medios de comunicación como reflejo de esta, están impregnados de una opinión negativa sobre el ámbito privado en la sanidad. Opinión que no responde en absoluto a la situación española. Se confunde colaboración público-privada con privatización y, este último concepto, que implicaría abandono por parte del Estado de sus responsabilidades, no se da en absoluto en nuestro país. Disponemos de una Constitución garantista del derecho a la protección de la salud (Artº 43) y la Ley General de Sanidad (Artº 66) contempla la vinculación del sector privado al Sistema Nacional de Salud (SNS) a través de convenios singulares. Dichos convenios de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, deben mejorar la eficiencia de la gestión pública. En este marco, que es en el que por imperativo legal desarrollan su actividad las empresas de la sanidad privada que colaboran con el sistema público y, concretamente en la Comunidad de Madrid, a través de su Ley 12/2001, de Ordenación Sanitaria, y desarrollos consiguientes. Dicho esto, que excluye de manera taxativa, por ser literalmente mentira, el mantra “se está privatizando la sanidad”, no hay por menos que felicitarse por tener en la Comunidad de Madrid un Gobierno que responde a la realidad y no se deja arrugar por campañas de propaganda insidiosas.
La sanidad privada madrileña esta colaborando activamente con el Gobierno regional, cumpliendo tres condiciones de total transparencia
La colaboración público-privada en la sanidad de la Comunidad de Madrid, que se ha desarrollado desde siempre en condiciones asistenciales no COVID-19, es decir, en lo que llamamos normalidad, tiene todo el sentido en una situación como la actual de demanda plural en la que a esa normalidad se acumula la provocada por la pandemia. Una asistencia, por otra parte, que puede ser tanto a los pacientes COVID, como a los del resto de patologías que no se pueden dejar desatendidos. En definitiva, se trata de que el sector sanitario público y el sector privado trabajen juntos para generar un valor público añadido al optimizar recursos y evitar inversiones en duplicidades. No se puede desaprovechar ningún recurso y hay que obtener todo el rendimiento que potencialmente sea posible de aquellos recursos, humanos y materiales de los que se disponga.
Es en ese marco en el que la sanidad privada madrileña está colaborando activamente con el Gobierno regional, cumpliendo tres condiciones de total transparencia que vienen exigidas por la buena gobernanza a la que nos referimos al principio; a saber: liderazgo de la Consejería de Sanidad que ha asumido el papel de dirección de una orquesta público- privada; establecimiento claro de los objetivos que se pretenden alcanzar y, finalmente, un mecanismo claro de gestión y control.
Han quedado operativas las sinergias de los sistemas sanitarios público y privado de la Comunidad de Madrid, con una dirección única ejercida por el consejero de Sanidad
Dicho mecanismo es la Comisión Mixta que ad hoc se ha creado entre la Consejería de Sanidad y la sanidad privada madrileña cuyas funciones son la coordinación de actuaciones, determinación del número de camas concretas que pueden ser facilitadas en cada momento, evaluación y seguimiento del cumplimiento efectivo de la puesta a disposición de los centros sanitarios privados y, finalmente, resolución de los problemas interpretativos y de seguimiento que pudieran presentarse. Comisión Mixta, por otra parte, decididamente operativa que no ha establecido un calendario reglado de sesiones con periodicidad fija, sino que se reunirá cuantas veces sea necesario a petición de cualquiera de las partes.
En pocas palabras, han quedado operativas las sinergias de los sistemas sanitarios público y privado de la Comunidad Madrid, con una dirección única ejercida por el consejero de Sanidad, dotada de visión compartida, planificación conjunta y coordinación en la ejecución. Los ciudadanos podemos estar tranquilos.