Últimamente los concursos de terapias respiratorias de ciertas Comunidades Autónomas están deparando algunas desagradables sorpresas.
A la extraña situación existente en Murcia, donde a pesar de la oposición de neumólogos y pacientes, se mantiene una licitación donde solo han ofertado dos empresas de servicios (excluidas de otros concursos por falta de solvencia técnica o carecer de autorización por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS) y una empresa con escasa presencia en el sector, se ha sumado Castilla La Mancha, donde la apertura de las ofertas económicas apunta a una burda estrategia de conseguir cuota de mercado a cualquier precio.
Es chocante que, para la prestación de un servicio sanitario a pacientes crónicos y frágiles, prime básicamente el aspecto económico sobre la calidad de la prestación. Según la información publicada por el Sescam (Servicio de Salud de Castilla La Mancha), en tres de los cinco lotes, la puntuación más alta ha sido obtenida por dos empresas que en la oferta técnica no han llegado al 40% de la puntuación máxima, pero que en base a unas ofertas económicas agresivas y una fórmula que no limita el impacto de las mismas, permiten una situación que provoca cierta intranquilidad.
Más concretamente la oferta de Contse con un 34 % de bajada, (además del 22% de descenso de partida impuesto por el Sescam para todas las propuestas) apunta a un posible dumping (práctica prohibida que consiste en vender por debajo del precio de costo con el fin de eliminar a la competencia y adueñarse del mercado), ofertando por debajo de costes, como parte de la estrategia de Carburos Metálicos de regreso, por la puerta de atrás, al mercado de terapias respiratorias.
Situaciones similares en el pasado más reciente, como por ejemplo en el concurso de terapias de Cataluña, acabaron en una anulación de la licitación ante el revuelo mediático y la situación de desconfianza de profesionales sanitarios, pacientes y opinión pública.
La obligación de las autoridades sanitarias es ofrecer un buen servicio a un coste razonable y no limitarse a escoger la alternativa más barata independientemente de la calidad de la misma. Este tipo de política sanitaria suele ser indicio de una paupérrima gestión por parte de quien la practica y lo que es peor, a veces esconde otro tipo de actuaciones que no serían aceptadas por la opinión pública harta ya de escándalos y abusos de poder.