Desincentivar la sanidad privada por la vía de la subida del IVA es una propuesta ideologizada contraria al interés general.
Asistimos estos días, con perplejidad y preocupación, a las informaciones sobre la posible aplicación de un IVA del 21% a la sanidad y la educación privadas, que el Gobierno estudia en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Como representante de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid (ACHPM) voy a ceñirme a nuestro ámbito, aunque estoy convencido, como explicaré más adelante, de que se trata de un auténtico torpedo dirigido contra la línea de flotación del artículo 38 de la Constitución Española que reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.
La exenci´on del IVA que está presente para la Sanidad en todos los Estados de la Unión Europea, por ser considerado un servicio de primera necesidad
Vayamos por partes. Lo primero que hay que señalar es que no se trata de una subida del IVA, sino de la desaparición de la exención del mismo, introducida desde la creación de este impuesto en 1985, que sigue vigente según el artículo 20 de la Ley 37/1992, Ley del IVA. Es decir, supondría, de golpe, un incremento del 21% de los precios de los servicios de hospitalización o asistencia sanitaria, así como de los directamente relacionados, como son las prestaciones de servicios de alimentación, alojamiento, quirófano, suministro de medicamentos y material sanitario y otros análogos prestados por clínicas, laboratorios, sanatorios y demás establecimientos de hospitalización y asistencia sanitaria. Una exención del IVA que está presente para la sanidad en todos los Estados de la Unión Europea, por ser considerado un servicio de primera necesidad.
En segundo lugar, según parece, la idea de la supresión de esta exención tiene su origen en el informe publicado el julio pasado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).* En dicho documento, indican -con datos de 2017-, que, de establecerse para la sanidad privada un IVA del 21%, la recaudación aumentaría en 1.763 millones de euros. No obstante, también advierten que la desincentivación que se produciría por el incremento del precio, podría suponer un trasvase de pacientes a la sanidad pública que implicaría para la Administración un coste de hasta 2.145 millones de euros. En resumen, 382 millones de euros menos para las arcas del Estado En sus conclusiones, la AIReF señala, tras el estudio realizado, que “la evaluación muestra un resultado no concluyente ya que el mayor ingreso obtenido por el Estado, como resultado de la eliminación del beneficio, podría ser compensado por un mayor coste, si una elevada proporción de la demanda ahora satisfecha por el sector privado se trasladase al sector público”.
No parece que en el borrador de PGE se hayan tenido en cuenta estas conclusiones de la AIReF. Tampoco a la actual Ley General de Sanidad que consagra que el Sistema Nacional de Salud (SNS) es uno, con proveedores de servicios públicos y privados. Nuestra realidad es que ni la sanidad pública podría sobrevivir sin la sanidad privada, ni tampoco esta última sin la primera.
En el caso de la Comunidad de Madrid, prestando atención sanitaria a 2,6 millones de ciudadanos, el sector privado asume, con relación al total regional, el 31% de los ingresos y altas realizadas, el 27% de las estancias y el 37% de las intervenciones quirúrgicas. Genera, por otra parte, 70.000 puestos de trabajo de los que 9.500 se han creado en los últimos cinco años. De progresar la implantación de un IVA del 21% contemplada en el borrador, a este escenario, que en la actualidad descarga al Servicio Regional de Salud madrileño de millones de demandas de asistencia de los que ahora tienen doble cobertura, se añadirían inevitablemente y de manera inmediata las de aquellos que se vieran obligados a renunciar a la sanidad privada.
Unas circunstancias que supondrían el crecimiento inmediato del gasto publico y, asimismo, no lo deseamos en absoluto, un colapso añadido a las dificultades ya generadas por la pandemia de la COVID. El supuesto aumento de recaudación de impuestos tampoco se produciría. La disminución de un volumen significativo de la carga de actividad de la sanidad privada desembocaría, inexorablemente, en el cierre de centros y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.
El Gobierno de coalición está intentando buscar el apoyo de grupos políticos que se han declarado enemigos de toda iniciativa privada por principios ideológicos
Hasta ahora, en el área de la salud, las subidas de IVA han sido un recurso del Estado para desincentivar el consumo de productos perjudiciales para la misma como el alcohol o el tabaco. Aplicar a la sanidad privada la supresión de la actual exención del IVA e imponerle el tipo máximo del 21%, desde nuestro punto de vista, es sin paliativos un intento de machacar el sector.
El Gobierno de coalición que se dispone a sacar adelante un Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, si lo hace en los términos que hasta ahora hemos conocido, está intentando buscar el apoyo de grupos políticos que se han declarado enemigos de toda iniciativa privada por principios ideológicos. El mantra “lo público es bueno y lo privado es malo”, además de pueril, o por ese propio infantilismo, es simplista, carece de rigor y sólo se da en algunos Estados totalitarios.
La Constitución Española, en su artículo 38, consagra la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. La compleja conformación histórica de nuestro actual Sistema Nacional de Salud es un logro común que hay que preservar y mejorar. En ese sistema, como ya hemos mencionado, la interdependencia entre la sanidad pública y la sanidad privada es mutua y, además, muy positiva para el interés general, puesto que la atención sanitaria privada descarga de presión asistencial al sector público, lo que se traduce en una mayor disponibilidad de recursos para el mismo
Informe de AIReF:
https://www.airef.es/wp-content/uploads/2020/07/BFISCALES/Estudio-Beneficios-Fiscales.pdf (ver páginas 179 – 199).