L a Ley de la nueva Agencia de Salud Pública, la Ley de Universalidad de acceso a la sanidad pública, la Ley de Coherencia y Equidad deben aprobarse a lo largo del año. En preparación están la ley de Tecnologías Sanitarias y la Ley reguladora de las categorías profesionales del sector. El trabajo del Ministerio de Sanidad que encabeza Mónica García ha sido ingente.
Al acabar este proceso, contaremos con una legislación consensuada que nos permitirá hacer transversal a todas las actividades una visión de salud, prepararnos para nuevas epidemias, asegurar el derecho universal del acceso a la sanidad como bien común, corregir las desigualdades aparecidas por las diferentes competencias en la gestión sanitaria, un cauce normado que multiplique las vías de participación en la toma de decisiones de todos los actores de la sanidad, una ampliación de la cartera de servicios y tratamientos, sin dejar a nadie atrás.
2025 debe ser un año de avances en la sanidad primaria, puesta al día y reforzamiento de nuestra industria farmacéutica y la red de farmacias comunitarias, de medicina personalizada
Y especialmente, cuidar a quienes nos cuidan, poniendo al día las expectativas profesionales y las condiciones de trabajo de los múltiples profesionales del sector. La tarea es enorme, pero urgente. Nuestro sistema de salud está entre los diez mejores, según la Organización Mundial de la Salud. Es eficaz y rentable en términos comparativos. Es un factor decisivo de nuestro contrato social en términos de equidad y lucha contra la desigualdad. Pero todos somos conscientes de las tensiones que sufre desde la epidemia de Covid. La joya de nuestro estado de bienestar corre serios riesgos si no se actúa con urgencia y desde el consenso, imprescindible con el reparto de competencias existentes entre Ministerios y Autonomías.
Desde el punto de vista presupuestario, España dedica el 7,9% del PIB, unos 2.000 euros per cápita, a su sanidad pública. La diferencia de tres puntos con la media de la eurozona fue resultado de las políticas de austeridad tras el 2011. Ahora se trata de recuperar un aumento progresivo de las inversiones hasta cubrir esa brecha. Pero al mismo tiempo ha habido un aumento hasta el 3,1% del PIB, 788 euros per cápita, en gasto privado en sanidad. Se trata de una doble imposición que crea privilegios para los que pueden pagarlos ante crisis como las listas de espera, falta de acceso a tratamientos concretos. En la medida en que la sanidad pública sea capaz de dar soluciones desde la universalidad y la eficacia a través de las reformas y su modernización, debe producirse una transición de aumento del gasto público y ahorro del privado.
Las encuestas muestran el orgullo y apoyo ciudadano a nuestro sistema de salud pública. 2025 debe ser un año de avances en la sanidad primaria, puesta al día y reforzamiento de nuestra industria farmacéutica y la red de farmacias comunitarias, de medicina personalizada a través de las sesiones clínicas como eje de nuestros hospitales, de ampliación de las carteras de servicios. 2024 terminó con la aprobación unánime de la Ley del ELA y otras enfermedades neurodegenerativas. Que ese consenso sea el que nos guie en 2025.