El pasado jueves 23 de abril José A., vecino de una localidad cercana a Barcelona e infectado por la Covid-19, presentaba una querella contra altos cargos de la Sanidad española. Entre estos aparecen los nombres de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el administrador responsable de la compañía intermediaria de los test defectuosos o las directoras de Salud Pública y de Cartera Básica de Salud y Farmacia, Pilar Aparicio y Patricia Lacruz. Horas después, José fallecía.
El fallecido asegura que se contagió a través de los profesionales sanitarios en una visita hospitalaria por una patología previa. Tal y como informa Efe tras el acceso al escrito, los médicos calificaron su diagnóstico como “catastrófico” y pronosticaron que su fallecimiento se produciría de forma inminente. Motivo por el que el paciente solicitó el alta y fue trasladado a su casa donde acabó falleciendo.
El escrito redactado pone el foco en la supuesta existencia de delitos contra la salud pública, lesiones y homicidio por imprudencia profesional como consecuencia de la falta de test para profesionales sanitarios, debido a la compra del lote con miles de pruebas defectuosas.