El pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el artículo 10.2 de un Real Decreto estatal aprobado en 2012, que añadía una disposición adicional al Estatuto Marco del personal estatutario, en virtud de la cual el personal funcionario que trabaja en las instituciones sanitarias públicas debía pasar a ser estatutario o bien ser adscrito a otros órganos administrativos. Esto, según señalan desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), afectaba especialmente a los médicos de Asistencia Pública Domiciliaria (APD), que tienen la condición de funcionarios. El dictamen del Constitucional llega en respuesta a un recurso de inconstitucional presentado por el Principado de Asturias.