La consejera valenciana es licenciada en Medicina por la Universidad de Valencia y Máster en Estudios Interdistiplinares de Género, por la Universidad Juan Carlos I. Portavoz Socialista de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados desde 2012 y secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE desde julio de 2014. Sobre sus objetivos al mando de la Consejería y su modelo sanitario ha hablado para el Anuario de EmpresasConSalud 2016.
¿Qué valoración hace en el presente año como consejera de Sanidad?
Muy positiva. En algo más de seis meses hemos dado un claro cambio de rumbo a una fuerte inercia de 20 años de Gobiernos del PP marcados por el desprecio a la sanidad pública, universal y de calidad, por el diálogo y la participación ciudadana. Nos hemos centrado en estos primeros momentos en la recuperación de derechos sanitarios arrebatados en los últimos años y en tender puentes de diálogo con los colectivos más afectados por los recortes y los prejuicios ideológicos de los gobiernos precedentes, entre los que se encuentran los propios profesionales sanitarios.
Sin olvidar las auditorías que hemos comenzado en los departamentos de salud privatizados o los esfuerzos que nos estamos tomando en evaluar la situación en la que nos han dejado el sistema sanitario (infraestructuras, equipamiento) tras dos décadas de dejadez y abandono del sistema público.
¿Cuáles son los principales objetivos en la legislatura?
Desde la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública apostamos por un cambio de modelo que pivota sobre tres ejes: la recuperación del sistema público, la recuperación de derechos arrebatados en materia de salud durante los últimos años, de los que ya he hablado, y la democratización del sistema para devolver la voz a los profesionales y a la ciudadanía sobre la base de la transparencia. Además, pretendemos reorientar el sistema hacia la atención a la cronicidad y para ello consideramos fundamental potenciar la atención primaria.
Los recortes sanitarios de los últimos años han dificultado la situación laboral de muchos profesionales del sector. ¿Qué medidas tiene previstas para su mejora?
Para llevar a cabo el cambio de modelo que deseamos hay que contar con los profesionales sanitarios, que han dado muestras de una extraordinaria profesionalidad pese a los fuertes recortes que han sufrido. Hay que mejorar sus condiciones laborales, incorporando nuevos trabajadores para combatir la precariedad y la falta de contratación de los últimos años. Ya estamos dando pasos en esta dirección. Vamos a convocar un total de 1.216 plazas de empleo público en el sector sanitario, correspondientes a las OPE de los años 2014 y 2015, para combatir la precariedad y la falta de contratación de los últimos años. Del total de plazas, 435 son de promoción interna y 781 son de turno libre. Para el año 2016 también está previsto sacar otra oferta pública de empleo de alrededor de 1.500 plazas. Además, vamos a elaborar un Plan de Igualdad, a regular adecuadamente la contratación temporal que negociaremos con los sindicatos, así como la fórmula para abordar los problemas derivados de una jubilación forzosa concebida como un método más de recorte.
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¿Qué papel juega la colaboración público-privada en su Comunidad?
Es importante resaltar que el anterior gobierno de la Generalitat dejó como legado cinco departamentos de salud con la gestión privatizada: el Hospital de La Ribera (Alzira), Manises, Torrevieja, Denia y Elche-Vinalopó. Los cinco atienden las necesidades asistenciales de casi un millón de personas, el 20% de la población de la Comunidad Valenciana. Ante esta situación, el acuerdo de Gobierno alcanzado entre las fuerzas progresistas en la Comunidad Valenciana, el Pacte del Botànic, recoge como mandato al Ejecutivo la “Recuperación del sistema sanitario público. Auditoría de las concesiones administrativas sanitarias y estudio de las vías adecuadas que permitirían la reversión completa”.
Prueba de nuestro compromiso es la puesta en marcha de una dirección general de nueva creación, la dirección general de la Alta Inspección Sanitaria que ya ha elaborado una hoja de ruta común para los comisionados en los departamentos con concesiones administrativas, los responsables de hacer cumplir las condiciones del contrato con las concesionarias, con las directrices que deben seguir en su tarea inspectora y de supervisión de la gestión de las empresas. El objetivo de todo este proceso es devolver la sanidad a lo público para conseguir la sanidad pública de calidad y universal por la que estamos luchando desde que Ernest Lluch defendió la Ley General de Sanidad.
Expertos en prevención y en educación socio-sanitaria insisten en el ahorro que supone invertir en este ámbito. ¿Qué lugar ocupa la prevención y la educación socio-sanitaria para la salud en sus planes sanitarios?
En este cambio de modelo, la prevención ocupa un lugar central, por lo que nos proponemos empoderar a la ciudadanía, y dar el máximo de herramientas, para aprender a cuidarnos. Vamos a impulsar políticas de prevención, hábitos de alimentación y vida sana, ejercicio físico y salud sexual y reproductiva, que eviten un futuro marcado por la obesidad, la diabetes o la hipertensión, los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual, o el tabaquismo. Es una tarea en la que queremos involucrar a todos los departamentos de la Generalitat valenciana, para abordar la prevención de forma coordinada y hacer realidad el lema salud en todas las políticas, aportando también salud en todas las edades.
La financiación y el acceso a tratamientos innovadores y a la tecnología sanitaria se han convertido en un importante reto económico. ¿De qué fórmulas es partidaria para su ejecución?
¿Por qué modelo de atención sanitaria al inmigrante irregular apuesta?
Los derechos no pueden trocearse ni parcelarse. La política de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública y de la Generalitat valenciana en relación con esta cuestión es clara: ninguna persona va a quedarse desatendida en la Comunidad Valenciana. La salud no entiende de papeles, de documentos de identidad o de pasaportes. Para el Consell, el acceso a una atención sanitaria integral, de calidad, en condiciones de equidad y universalidad es un derecho fundamental de toda persona. Más aún cuando quienes se ven privados de una asistencia digna sufren situaciones de vulnerabilidad, carecen de recursos suficientes o se encuentran en situación de irregularidad administrativa.
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Según la OCDE, el gasto sanitario en 2060 supondrá el 14% del PIB. ¿Cómo se puede hacer frente en un futuro a esta situación desde las CC.AA.?
Todo apunta a que el sistema sanitario en 2060, igual que en 2030, requerirá más recursos porque la ciudadanía estará más envejecida. Nuestro gran reto es y será la atención a las enfermedades crónicas. Tendremos una población con mayores necesidades de atención y eso requerirá mayor inversión por parte de los gobiernos en cuidadores, cuidados, tratamientos y terapias, soporte social, apoyo ciudadano… Nuestro modelo asistencial debe evolucionar hacia la cronicidad y la mejora de la calidad de vida.
En todo caso, creo que el indicador más relevante en salud es la calidad de la prestación y el aporte en salud, no solo el gasto. Países con un gasto sanitario en el PIB elevado, como puede ser Estados Unidos, que casi triplica el porcentaje en España (ronda el 18% por un 6% del PIB) no tienen un sistema sanitario mejor que el nuestro.
¿De qué manera se deberían solucionar los actuales problemas de ‘sanidad fronteriza' entre comunidades autónomas?
El Gobierno ha tenido la oportunidad de resolver estos problemas, así como, en general, los derivados de la atención a los desplazados nacionales y no ha querido hacerlo. El decreto 16/2012 contemplaba la puesta en marcha del Fondo de Garantía Asistencial (Foga), un mecanismo destinado a compensar a las comunidades autónomas por los pacientes que atienden de otras regiones. Sin embargo, no lo ha hecho, lo que perjudica seriamente a las autonomías receptoras de turistas nacionales. Es el caso de la Comunidad Valenciana, que a lo largo de 2014 ha perdido 70 millones de euros debido a la ausencia de este mecanismo que debería estar ya operativo y que el Ministerio de Sanidad ha mantenido en vía muerta y sin desarrollar.
¿Los consejos interterritoriales son suficientes en la relación Consejería-Ministerio? ¿Deberían tener carácter vinculante?
Nuestra experiencia sobre los consejos territoriales del Sistema Nacional de Salud no es satisfactoria. No permiten un debate constructivo, el intercambio de puntos de vista o el abordaje sereno de aspectos que afectan a las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Un ejemplo de ello es lo sucedido con la sanidad universal. Nosotros, desde la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública solicitamos la inclusión del debate sobre la universalidad de la atención sanitaria en el orden del día del último consejo territorial, celebrado el pasado mes de julio. El Ministerio de Sanidad no aceptó nuestra solicitud y no lo introdujo. Meses más tarde, cuando desde la Comunidad Valenciana dimos una solución al problema creado por el decreto de exclusión sanitaria de Rajoy, el Gobierno acudió al Tribunal Constitucional para pedir la suspensión de la ley valenciana de universalidad de la atención. Es una pena que el Ministerio no haya permitido que Consejo Interterritorial sirviera de foro para debatir estas cuestiones y haya preferido ir a los tribunales para recortar el derecho a la salud.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es
¿Qué valoración hace en el presente año como consejera de Sanidad?
Muy positiva. En algo más de seis meses hemos dado un claro cambio de rumbo a una fuerte inercia de 20 años de Gobiernos del PP marcados por el desprecio a la sanidad pública, universal y de calidad, por el diálogo y la participación ciudadana. Nos hemos centrado en estos primeros momentos en la recuperación de derechos sanitarios arrebatados en los últimos años y en tender puentes de diálogo con los colectivos más afectados por los recortes y los prejuicios ideológicos de los gobiernos precedentes, entre los que se encuentran los propios profesionales sanitarios.
“Entre las medidas que ya hemos adoptado destacan las ayudas frente al copago farmacéutico para personas con discapacidad o pensiones bajas”
Destacaría la primera medida que tomamos, restituir la sanidad universal. Pero además hemos puesto en marcha ayudas para hacer frente al copago farmacéutico para personas con diversidad funcional o con pensiones bajas porque sabemos que un 7,9% de los valencianos ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un médico los últimos doce meses al no poderlo pagar, según los últimos datos del Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad. Hasta el día 28 de enero ya se habían beneficiado de estas ayudas un total de 707.555 personas. Hemos devuelto la gratuidad a los tratamientos de reproducción asistida en centros públicos para las mujeres solas y lesbianas, hemos dado un nuevo impulso a los derechos sexuales y reproductivos facilitando las citas con los Centros de Salud Sexual y Reproductiva, así como en la distribución gratuita de la píldora del día después, hemos declarado todos nuestros centros sanitarios espacio seguro y libre de violencia machista como parte de una campaña permanente de sensibilización contra este tipo de violencia.Sin olvidar las auditorías que hemos comenzado en los departamentos de salud privatizados o los esfuerzos que nos estamos tomando en evaluar la situación en la que nos han dejado el sistema sanitario (infraestructuras, equipamiento) tras dos décadas de dejadez y abandono del sistema público.
¿Cuáles son los principales objetivos en la legislatura?
Desde la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública apostamos por un cambio de modelo que pivota sobre tres ejes: la recuperación del sistema público, la recuperación de derechos arrebatados en materia de salud durante los últimos años, de los que ya he hablado, y la democratización del sistema para devolver la voz a los profesionales y a la ciudadanía sobre la base de la transparencia. Además, pretendemos reorientar el sistema hacia la atención a la cronicidad y para ello consideramos fundamental potenciar la atención primaria.
“Vamos a impulsar políticas de prevención, hábitos de alimentación y vida sana, ejercicio físico y salud sexual y reproductiva, que eviten un futuro marcado por la obesidad, la diabetes o la hipertensión, los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual, o el tabaquismo”
No podemos olvidar que en menos de 15 años, una de cada cuatro personas en la Comunidad Valenciana tendrá más de 65 años, y es a partir de esta edad donde se concentran las enfermedades crónicas, como los problemas cardiovasculares, respiratorios o degenerativos. En lo referente a la recuperación de derechos, ya hemos tomado algunas medidas a las que me he referido anteriormente como restaurar la universalidad de la atención... hasta para evitar exclusiones. Son medidas encaminadas a recuperar derechos sanitarios, sin exclusiones, como la universalidad de la atención o la eliminación del veto impuesto a las parejas de mujeres o mujeres solas para acceder a tratamientos de reproducción asistida.Los recortes sanitarios de los últimos años han dificultado la situación laboral de muchos profesionales del sector. ¿Qué medidas tiene previstas para su mejora?
Para llevar a cabo el cambio de modelo que deseamos hay que contar con los profesionales sanitarios, que han dado muestras de una extraordinaria profesionalidad pese a los fuertes recortes que han sufrido. Hay que mejorar sus condiciones laborales, incorporando nuevos trabajadores para combatir la precariedad y la falta de contratación de los últimos años. Ya estamos dando pasos en esta dirección. Vamos a convocar un total de 1.216 plazas de empleo público en el sector sanitario, correspondientes a las OPE de los años 2014 y 2015, para combatir la precariedad y la falta de contratación de los últimos años. Del total de plazas, 435 son de promoción interna y 781 son de turno libre. Para el año 2016 también está previsto sacar otra oferta pública de empleo de alrededor de 1.500 plazas. Además, vamos a elaborar un Plan de Igualdad, a regular adecuadamente la contratación temporal que negociaremos con los sindicatos, así como la fórmula para abordar los problemas derivados de una jubilación forzosa concebida como un método más de recorte.
¿Qué papel juega la colaboración público-privada en su Comunidad?
Es importante resaltar que el anterior gobierno de la Generalitat dejó como legado cinco departamentos de salud con la gestión privatizada: el Hospital de La Ribera (Alzira), Manises, Torrevieja, Denia y Elche-Vinalopó. Los cinco atienden las necesidades asistenciales de casi un millón de personas, el 20% de la población de la Comunidad Valenciana. Ante esta situación, el acuerdo de Gobierno alcanzado entre las fuerzas progresistas en la Comunidad Valenciana, el Pacte del Botànic, recoge como mandato al Ejecutivo la “Recuperación del sistema sanitario público. Auditoría de las concesiones administrativas sanitarias y estudio de las vías adecuadas que permitirían la reversión completa”.
"Ya hemos trasladado a todos los grupos con representación parlamentaria los pasos que estamos dando para cumplir con este mandato"
En este sentido, ya hemos trasladado a todos los grupos con representación parlamentaria los pasos que estamos dando para cumplir con este mandato, encaminados a auditar y supervisar la actividad de las empresas que gestionan la sanidad pública en estos cinco departamentos y la calidad asistencial que ofrecen a los ciudadanos. Prueba de nuestro compromiso es la puesta en marcha de una dirección general de nueva creación, la dirección general de la Alta Inspección Sanitaria que ya ha elaborado una hoja de ruta común para los comisionados en los departamentos con concesiones administrativas, los responsables de hacer cumplir las condiciones del contrato con las concesionarias, con las directrices que deben seguir en su tarea inspectora y de supervisión de la gestión de las empresas. El objetivo de todo este proceso es devolver la sanidad a lo público para conseguir la sanidad pública de calidad y universal por la que estamos luchando desde que Ernest Lluch defendió la Ley General de Sanidad.
Expertos en prevención y en educación socio-sanitaria insisten en el ahorro que supone invertir en este ámbito. ¿Qué lugar ocupa la prevención y la educación socio-sanitaria para la salud en sus planes sanitarios?
En este cambio de modelo, la prevención ocupa un lugar central, por lo que nos proponemos empoderar a la ciudadanía, y dar el máximo de herramientas, para aprender a cuidarnos. Vamos a impulsar políticas de prevención, hábitos de alimentación y vida sana, ejercicio físico y salud sexual y reproductiva, que eviten un futuro marcado por la obesidad, la diabetes o la hipertensión, los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual, o el tabaquismo. Es una tarea en la que queremos involucrar a todos los departamentos de la Generalitat valenciana, para abordar la prevención de forma coordinada y hacer realidad el lema salud en todas las políticas, aportando también salud en todas las edades.
La financiación y el acceso a tratamientos innovadores y a la tecnología sanitaria se han convertido en un importante reto económico. ¿De qué fórmulas es partidaria para su ejecución?
“Nuestro reto es que exista un equilibrio entre el acceso a la innovación y la sostenibilidad del sistema sanitario y estamos trabajando en estas líneas para conseguirlo”
Respecto a la financiación y el acceso a los tratamientos innovadores nuestro objetivo es doble: accesibilidad y equidad, es decir, que todos los ciudadanos que lo necesiten tengan acceso a los medicamentos que mejoran de forma indudable su salud y que exista equidad en este acceso en toda la Comunidad Valenciana. Para ello, nuestro reto es que exista un equilibrio entre el acceso a la innovación y la sostenibilidad del sistema sanitario y estamos trabajando en estas líneas para conseguirlo. Por un lado, a través de introducir fórmulas de gestión innovadoras para el acceso de estos medicamentos, corresponsabilizando a la industria farmacéutica en la asunción de incertidumbres tanto financieras como de resultados en salud. A ello se suma el objetivo de desarrollar nuestros sistemas de información en torno a los programas de gestión de los ensayos clínicos y los estudios observacionales con medicamentos para compartir la información entre los diferentes grupos investigadores y así garantizar el acceso de los pacientes a la innovación terapéutica a través de los ensayos clínicos.¿Por qué modelo de atención sanitaria al inmigrante irregular apuesta?
Los derechos no pueden trocearse ni parcelarse. La política de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública y de la Generalitat valenciana en relación con esta cuestión es clara: ninguna persona va a quedarse desatendida en la Comunidad Valenciana. La salud no entiende de papeles, de documentos de identidad o de pasaportes. Para el Consell, el acceso a una atención sanitaria integral, de calidad, en condiciones de equidad y universalidad es un derecho fundamental de toda persona. Más aún cuando quienes se ven privados de una asistencia digna sufren situaciones de vulnerabilidad, carecen de recursos suficientes o se encuentran en situación de irregularidad administrativa.
Según la OCDE, el gasto sanitario en 2060 supondrá el 14% del PIB. ¿Cómo se puede hacer frente en un futuro a esta situación desde las CC.AA.?
Todo apunta a que el sistema sanitario en 2060, igual que en 2030, requerirá más recursos porque la ciudadanía estará más envejecida. Nuestro gran reto es y será la atención a las enfermedades crónicas. Tendremos una población con mayores necesidades de atención y eso requerirá mayor inversión por parte de los gobiernos en cuidadores, cuidados, tratamientos y terapias, soporte social, apoyo ciudadano… Nuestro modelo asistencial debe evolucionar hacia la cronicidad y la mejora de la calidad de vida.
En todo caso, creo que el indicador más relevante en salud es la calidad de la prestación y el aporte en salud, no solo el gasto. Países con un gasto sanitario en el PIB elevado, como puede ser Estados Unidos, que casi triplica el porcentaje en España (ronda el 18% por un 6% del PIB) no tienen un sistema sanitario mejor que el nuestro.
¿De qué manera se deberían solucionar los actuales problemas de ‘sanidad fronteriza' entre comunidades autónomas?
El Gobierno ha tenido la oportunidad de resolver estos problemas, así como, en general, los derivados de la atención a los desplazados nacionales y no ha querido hacerlo. El decreto 16/2012 contemplaba la puesta en marcha del Fondo de Garantía Asistencial (Foga), un mecanismo destinado a compensar a las comunidades autónomas por los pacientes que atienden de otras regiones. Sin embargo, no lo ha hecho, lo que perjudica seriamente a las autonomías receptoras de turistas nacionales. Es el caso de la Comunidad Valenciana, que a lo largo de 2014 ha perdido 70 millones de euros debido a la ausencia de este mecanismo que debería estar ya operativo y que el Ministerio de Sanidad ha mantenido en vía muerta y sin desarrollar.
¿Los consejos interterritoriales son suficientes en la relación Consejería-Ministerio? ¿Deberían tener carácter vinculante?
Nuestra experiencia sobre los consejos territoriales del Sistema Nacional de Salud no es satisfactoria. No permiten un debate constructivo, el intercambio de puntos de vista o el abordaje sereno de aspectos que afectan a las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Un ejemplo de ello es lo sucedido con la sanidad universal. Nosotros, desde la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública solicitamos la inclusión del debate sobre la universalidad de la atención sanitaria en el orden del día del último consejo territorial, celebrado el pasado mes de julio. El Ministerio de Sanidad no aceptó nuestra solicitud y no lo introdujo. Meses más tarde, cuando desde la Comunidad Valenciana dimos una solución al problema creado por el decreto de exclusión sanitaria de Rajoy, el Gobierno acudió al Tribunal Constitucional para pedir la suspensión de la ley valenciana de universalidad de la atención. Es una pena que el Ministerio no haya permitido que Consejo Interterritorial sirviera de foro para debatir estas cuestiones y haya preferido ir a los tribunales para recortar el derecho a la salud.
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