Médica de familia en un centro de Primaria de San Roque (Badajoz) y profesora asociada en la Facultad de Medicina en la Universidad de Extremadura, Amparo Botejara es desde 2016 diputada en el Congreso de los Diputados por la formación Unidos Podemos. En declaraciones a ConSalud.es, Botejara ha analizado lo acontecido durante el 2017 en la Comisión de Sanidad, así como lo que a su juicio el Ministerio de Sanidad no ha sido capaz de desarrollar.
¿Qué balance hace de las actuaciones realizadas en materia sanitaria en 2017?
Nuestra valoración del trabajo en materia de salud este 2017 no puede ser peor. Por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha rea poco trabajo y mal realizado. Cabe recordar que la ministra, desde su nombramiento en noviembre de 2016, ha tardado nada menos que siete meses en convocar el Consejo Interterritorial, el órgano fundamental para el funcionamiento de nuestra sanidad. En el convocado el mes de junio, la decisión más sobresaliente, fue el tratamiento farmacológico de la Hepatitis C, para todas las fases de la enfermedad. Pero el problema, como siempre, es que el coste es a cargo de las comunidades autónomas, sin ayuda alguna.
"La asignatura pendiente en 2018, para la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, será la transparencia y conocer el proceso del coste de los fármacos innovadores y las nuevas tecnologías"
A finales de octubre, se firmó un pacto para subsanar las dificultades que había originado el Real Decreto 954/2015, por el que se regulaba la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por los profesionales de enfermería. Se trata de un pacto que aliviaba el problema generado por este Real Decreto del Partido Popular.
Esto, y poco más, ha sido la gestión de esta ministra, mientras la privatización del sistema sanitario, con sus diversas fórmulas va avanzando. En cuanto a la financiación, es insuficiente para muchas CC.AA. y el fondo de Cohesión de 3,7 millones, resulta imposible en este marco para disminuir las desigualdades. Además, otros ejemplos de desigualdad son los recursos del sistema sanitario de Ceuta y Melilla, que gestiona el INGESA dependiente este del Ministerio.
Con respecto a las iniciativas presentadas por Unidos Podemos, ¿cuáles han sido las más relevantes?
Entre todas las PNL presentadas por nuestro grupo político, hay que resaltar el proyecto no de ley para mejorar la Atención Primaria, que lamentablemente sólo ha sido apoyado por el PSOE, y rechazado por el PP y Ciudadanos. También es importante recordar el proyecto de Ley que registramos el pasado 13 de diciembre en el Congreso para modificar la fragmentación de la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y recobrar la atención sanitaria universal así como revertir el copago farmacéutico para los pensionistas. Con ello, solicitamos la derogación del Real Decreto 16/2012, que introdujo el Gobierno del PP mediante su reforma sanitaria y que ahora mismo supone una puerta abierta a más copagos.
¿Qué medidas plantearán al resto de grupos el próximo año?
La asignatura pendiente, sobre todo para la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, es la transparencia y el proceso del coste de los fármacos innovadores y nuevas tecnologías. Para el año 2018, nuestro horizonte está en valorar el capital destinado a privatizar nuestro sistema sanitario público, y luchar para revertirlo.
¿Qué expectativas tiene del Gobierno para el 2018 en cuanto al ámbito sanitario se refiere?
La inversión en Sanidad en el año 2009 fue de 73.130,6 millones de euros y ha ido disminuyendo hasta los 70.635,7 millones en 2016. Para 2018, nuestro Gobierno ha enviado el Plan Presupuestario a Bruselas, en el cual se contempla para Sanidad un 5,8% del PIB. Esta cifra supone un mínimo histórico, muy lejos del porcentaje en PIB que destinan el resto de los países europeos a sanidad.
Sin embargo, las necesidades de nuestra población en protección a la salud van aumentando, entre otros factores, por el envejecimiento de la población. Nuestra esperanza de vida está a la cabeza del mundo después de Japón y el presupuesto destinado a ello va disminuyendo. Esta situación se traduce en menos puestos de trabajos y mayor temporalidad, con lo que esto supone para la atención a los pacientes, menor mantenimiento de las estructuras y recursos en general. Lo que nos lleva a listas de espera importantes, tanto para consulta como para pruebas complementarias, y en esto llega la oferta de la empresa privada.
"Es necesario revertir el copago de los pensionistas, planificar las necesidades de los médicos y poner en marcha la Ley de Salud Pública de 2011, que está por estrenar"
Además, cabe recordar que la Atención Primaria ha sido la estructura más maltratada en la llamada crisis, con un presupuesto que ha disminuido un 16%. Se ha producido una disminución importante de recursos humanos, mientras que en 17 países europeos tienen más médicos de familia por habitante. La temporalidad en el trabajo, el material insuficiente, el deficiente mantenimiento de las estructuras o los recursos descoordinados representan también problemas actuales. La Atención Primaria es el eje de nuestra sanidad pública, y hay comunidades autónomas donde no interesa que esta funcione, mientras se está promocionando la medicina hospitalaria, la que da beneficios a la sanidad privada.
Ante esta serie de problemas, ¿qué medidas cree que se deben poner en marcha para solucionarlos?
Primero, revertir el copago de los pensionistas. La política farmacéutica pasa por acuerdos con la industria farmacéutica, de ajustar el precio a su valor real. Por ejemplo, el precio inicial del tratamiento de la Hepatitis C es de 900 euros en Egipto y de 63.000 dólares en Estados Unidos. Estas cifras están ajustadas al límite de lo que los estados pueden pagar.
En segundo lugar, se deben planificar las necesidades de los médicos y fidelizarlos cuando acaben la formación con contratos no temporales, además de programar las OPE periódicamente. Igualmente, se debe valorar más el tiempo trabajado en zonas menos atractivas.
Por otra parte, es preciso poner en marcha la Ley de Salud Pública del 2011, que está por estrenar. Existe un problema prioritario en nuestro país que es la obesidad y no se está haciendo nada en este ámbito. Si tuviéramos menos obesidad, tendríamos menos pacientes diabéticos e hipertensos y, como consecuencia de esto, habría menos problemas cardiovasculares, menos patología osteoarticuar, etc.