La Fiscalía de Delitos de Odio ha admitido a trámite la denuncia presentada por la plataforma Impulso Ciudadano por el señalamiento institucional y el acoso a la enfermera del Hospital Vall d' Hebron que criticó en redes sociales el requisito del C1 de catalán para las oposiciones. El escrito refleja que el vídeo que se hizo viral en Tik Tok provocó numerosas críticas a la profesional de enfermería pudiendo originar la no renovación de su contrato.
"Se va a sacar el C1 de catalán mi madre", fue una de las frases que más impacto tuvo del vídeo que una enfermera que trabajaba en Barcelona subió a la red social Tik Tok grabado después de una reunión con representantes sindicales para informarles sobre las oposiciones de Enfermería en Cataluña, y en la que se les indicaba la necesidad de tener el C1 para acceder a la plaza.
En Tik Tok el vídeo acumuló más de 700.000 visitas y en Twitter superó los dos millones de visionados
El vídeo también fue difundido por el sindicato UGT de Cataluña acompañando un tweet en el que indicaba la importancia de hablar catalán en Cataluña y el derecho de los pacientes a comunicarse con el personal de enfermería “en la llengua pròpia”. El consejero de Salud, Manel Balcells, también se hizo eco de la noticia señalando que se abriría expediente a la enfermera.
La denuncia, según ha podido comprobar Influcare, recoge numerosos tuits que darían cuenta del acoso al que fue sometido la protagonista del vídeo, incidiendo en “su origen andaluz y en su condición de castellanohablante que desconoce el catalán”. El documento también incluye publicaciones de un medio de comunicación que llegó a publicar una encuesta en la que los lectores podían pronunciarse sobre si la enfermera debía ser despedida e incluso expulsada de Cataluña.
Unas semanas después, el Institut Català de la Salut (ICS) no renovó el contrato a la enfermera. El consejero de Salud vinculó, en declaraciones a Catalunya Ràdio, la no renovación del contrato de la enfermera a sus palabras criticando la exigencia del certificado C1 para concurrir a las oposiciones y el expediente que se le había abierto; un expediente que, como reconoce el consejero, no se incoa solamente por realizar el vídeo en un centro público y con la bata de trabajo, sino fundamentalmente por su contenido.
La denuncia insta a la fiscalía a actuar por la utilización del poder público con la finalidad de limitar la libertad de expresión de los ciudadanos, en este caso de los trabajadores públicos; el empleo de la facultad disciplinaria de manera arbitraria, discriminatoria y motivada por razones ideológicas contrarias a las de las autoridades políticas; además del acoso discriminatorio contra el disidente como mecanismo disuasorio empleado por el poder político.