YouTube, Snapchat y TikTok tienen hasta el próximo 15 de noviembre para aclarar las medidas que están tomando para cumplir con las nuevas reglas de la Unión Europea. Este ha sido el plazo que ha dado la Comisión Europea, con el objetivo de que demuestren si siguen la obligación de reducir los riesgos para la salud mental de los usuarios de sus sistemas de recomendación.
Estos sistemas están siendo también investigados por Bruselas, que quiere conocer su impacto en procesos electorales y pluralismo de los medios. De este modo, los servicios digitales solicitan información detallada sobre los parámetros utilizados por las plataformas en sus algoritmos para recomendar contenidos a los usuarios.
También se busca conocer su papel en la amplificación de ciertos riesgos sistémicos, incluidos los relacionados con el proceso electoral y el discurso cívico, el bienestar mental de los usuarios (por ejemplo en conductas adictivas) y la protección de los menores.
Las preguntas remitidas a las compañías apuntan también a las medidas que hayan tomado para mitigar la influencia potencial de sus sistemas de recomendación en la difusión de contenidos ilegales
Las preguntas remitidas a las compañías apuntan también a las medidas que hayan tomado para mitigar la influencia potencial de sus sistemas de recomendación en la difusión de contenidos ilegales, como la promoción de drogas ilegales y el discurso de odio.
En el caso concreto de TikTok, además, la Comisión espera información sobre las medidas que haya puesto en marcha para evitar la manipulación de su servicio de recomendación por parte de terceros y reducir los riesgos relacionados con procesos electorales o el pluralismo de los medios que puedan verse amplificados por estos sistemas.
Estas plataformas tienen un plazo máximo hasta el 15 de noviembre para resolver todas estas cuestiones. A partir de este punto, Bruselas iniciará una evaluación detallada para decidir sobre los pasos a seguir. Entre estos pasos, se incluye la posibilidad de abrir un procedimiento formal de infracción en el marco de la Ley de Servicios Digitales.