El Gobierno de Francia promulgó, el pasado 9 de junio, una ley pionera en Europa que define por primera vez y establece un marco legal para las actividades de los influencers en redes sociales. El objetivo es, tanto para apoyar a los influencers como para proteger a los consumidores, hacer frente a las numerosas denuncias que se han producido en los últimos tiempos relativas a temas como las apuestas, las dietas milagro o ciertas cirugías estéticas.
Así, a partir de ahora, los cerca de 150.000 influencers que están en activo actualmenteen Francia -en redes como TikTok, Instagram, Facebook o Youtube- se enfrentarán a sanciones de hasta 300.000 euros si no cumplen con lo establecido por esta Ley nº2023-451, que fue publicada en el Diario Oficial de la Asamblea de Francia el 10 de junio.
Francia tiene en activo cerca de 150.000 influencers
Fueron los disputados Arthur Delaporte y Stéphane Vojett quienes, el 31 de enero, presentaron el proyecto de ley. Para ellos, aunque solo una minoría visible “recurre a prácticas abusivas o estafas”, estas tienen “consecuencias devastadoras” y también perjudican a la gran mayoría de influencers y creadores de contenidos que sí respetan las normas.
El Gobierno de Francia inició entonces el 22 de marzo un procedimiento acelerado de la ley, que, como explicó el Ministerio de Economía de Francia, contó con la ayuda de consultas realizadas a agentes del sector y a grupos parlamentarios. El 30 de marzo la proposición de ley fue aprobada por unanimidad por la Asamblea, y el 9 de mayo por el Senado. Finalmente, tras el acuerdo alcanzado con la comisión mixta el 25 de mayo, la citada Asamblea Nacional adoptó el texto definitivo del proyecto de ley el 31 de mayo hasta su final oficialización este 9 de junio.
DEFINICIÓN DE LOS INFLUENCERS Y DE SUS AGENTES
La base de esta nueva ley es la definición oficial de la palabra 'Influencer' para el Gobierno francés. “Personas que, a cambio de una remuneración o de beneficios en especie, utilizan la reputación que tienen entre su audiencia para comunicar de manera online contenidos destinados a promover, directa o indirectamente, bienes, servicios o cualquier causa", cita la proposición de ley, que crea también una nueva subsección para su figura en el Código del Consumidor.
La ley también define al agente del influencer como “toda persona física o jurídica cuya actividad consista en representar o poner en contacto a personas físicas o jurídicas que ejerzan la actividad de influencer antes definida con personas físicas o jurídicas que soliciten sus servicios, con el fin de promocionar bienes, servicios o cualquier causa, mediante comunicación online”; y establece la obligatoriedad de un contrato escrito entre las partes a partir de un determinado umbral de remuneración -que se establecerá por decreto-, así como la necesidad de que exista un representante legal en Francia si el influencer opera desde el extranjero (por ejemplo, en países de Oriente Medio).
Establece la obligatoriedad de un contrato escrito entre el influencer y su agente
Estos contratos entre influencer y agente deben además incluir una serie de cláusulas obligatorias, como las condiciones de la remuneración, el trabajo realizado por el agente o la aplicación de la legislación francesa por parte de aquellos influencers que residan en Francia.
ADVERTENCIAS Y PROMOCIONES PROHIBIDAS
El proyecto de ley recuerda que, al ser la normativa publicitaria francesa actual insuficiente para controlar y sancionar los principales abusos y estafas practicados por algunos influencers “sin escrúpulos”, estos deben respetar el marco legal de publicidad y promoción de bienes y servicios, como la llamada ley EVIN, el Código de Consumo o las normas sobre productos grasos, dulces y salados.
Además, para informar mejor a sus seguidores, los influencers tendrán que indicar claramente las palabras "publicidad" o "colaboración comercial" en sus contenidos promocionales. Y, para proteger a los más jóvenes, las fotos o vídeos de rostros o figuras que hayan sido editadas, en particular mediante filtros, o creados con inteligencia artificial, deberán contener la mención "imágenes retocadas" o "imágenes virtuales".
También, ante los múltiples abusos observados en la práctica del 'dropshipping' (método de venta y envío directo de productos, por lo general de mala calidad o falsificaciones), los influencers que lo promocionen serán a partir de ahora responsables ante los compradores.
Las fotos y vídeos cuyos rostros o figuras hayan sido editadas deberán informar sobre ello
Por último, y esto es lo que más está dando que hablar, la ley prohíbe directamente promocionar:
-La cirugía y la medicina estética.
-Determinados productos y servicios financieros, sobre todo los relacionados con las criptomonedas.
-Regímenes alimentarios peligrosos (dietas milagro) o no someterse a ciertos tratamientos médicos.
-Las bolsas de nicotina, cada vez más frecuentes entre los adolescentes franceses.
-Las suscripciones o consejos sobre apuestas deportivas, que ya estaba regulada anteriormente para proteger a los menores.
- La publicidad de animales salvajes, salvo que sea en colaboración con zoológicos.
OTRAS MEDIDAS
Se han reforzado las obligaciones de plataformas como Youtube o Tiktok, que, conforme a la DSA (Ley de Servicios Digitales), tendrán que ofrecer un botón para denunciar contenidos ilegales, dar prioridad a las notificaciones de denunciantes de confianza y retirar esos contenidos lo antes posible.
La norma sobre el empleo de niños youtubers se amplía a todas las plataformas
Además, también hay medidas específicas para proteger a los influencers infantiles. A partir de ahora, las normas establecidas por la ley de 19 de octubre de 2020 sobre el empleo de niños youtubers se amplían a todas las plataformas online (Instagram, Snapchat, TikTok…), y comercialmente estarán protegidos por el Código Laboral francés. Sus padres tendrán que firmar sus contratos con los anunciantes y llevar un registro de una parte de sus ingresos.
SANCIONES
Para compensar a las posibles víctimas, los eurodiputados han introducido el principio de responsabilidad solidaria entre el anunciante, el influencer y su agente. Los influencers que infrinjan las prohibiciones u obligaciones establecidas en la legislación propuesta se arriesgan a penas de cárcel y fuertes multas (de hasta 300.000 euros en algunos casos), así como a la prohibición de ejercer su profesión. Es decir, que la infracción de todas estas prohibiciones antes descritas se castigará con las mismas penas que las aplicables al fraude en el Código Penal.
La infracción de las normas se castigará con las mismas penas que las aplicables al fraude en el Código Penal
También se refuerzan, para imponer multas y requerimientos a los influencers, las competencias de la propia Dirección General de la Competencia, del Consumo y del Fraude (DGCCRF), que contará con una brigada de 15 agentes dedicados a controlar las infracciones que se puedan producir en este ámbito. Por último, las redes sociales tendrán que comprometerse a colaborar con el Gobierno para regular el sector comercial y facilitar al público información sobre los derechos y deberes de los influencers y sus agentes.