La semana comenzaba con el envío por parte del Gobierno a la Comisión Europea de su Plan Presupuestario para el año 2020. Dentro de las medidas recogidas, como la previsión de mantener el gasto público en sanidad en un 5,9% del PIB, destacaban otras relacionadas con el gasto farmacéutico y productos sanitarios, así como otro tipo de ingresos sanitarios no tributarios.
La propuesta más reseñable es la de implantar en el conjunto del Estado el “sistema de licitación pública de medicamentos”, también llamado subasta de medicamentos. Pese a que la Junta de Andalucía, única autonomía donde actualmente está presente, el Ejecutivo central quiere incorporarlo a escala nacional debido a “los efectos positivos en la recaudación que dicho sistema podría determinar”.
El Gobierno sustenta su defensa en el sistema de licitación pública de medicamentos en un informe de la AIReF que estima que este modelo de compra puede ahorrar hasta 1.000 millones de euros en dos años
Para ello, citan el informe de previsiones elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el que indicaban que la subasta “se ha revelado exitosa para conseguir ahorros sin comprometer la salud de los ciudadanos”. En concreto, aventuraban que si este modelo de compra de medicamentos se instala en 2020, podría alcanzarse un ahorro de “hasta 1.000 millones de euros” en 2022.
CRÍTICAS DEL SECTOR FARMACÉUTICO
A pesar de esta apuesta del Gobierno central e impulsada por María Jesús Montero, ministra de Hacienda en funciones, buena parte del sector farmacéutico ha expresado su rechazo, alertando de que la implantación a nivel nacional del sistema de licitación pública de medicamentos puede provocar problemas de desabastecimiento de fármacos.
Aeseg cree que la medida "dificultará el suministro regular de fármacos"; mienras, FEFE denuncia que se trata de un "experimento" que produciría "serios desabastecimientos"
Así lo ha expresado, por ejemplo, la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) al considerar que “cualquier medida orientada a la exclusividad de suministro, por una o un número limitado de compañías, que impida la libre participación de todos los laboratorios disponibles, dificultará el suministro regular de fármacos y supondrá un riesgo en el normal abastecimiento de medicamentos para el paciente, en un momento, además, de amplia repercusión social y mediática”.
En el mismo sentido, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha alertado que este tipo de subastas “producirían serios desabastecimientos”. Así, consideran que la propuesta de la AIReF y del Ejecutivo se trata de un “experimento” que “quizá solo pueden aplicarse a un limitado número de productos de gran impacto económico”.
También algunas compañías farmacéuticas se han manifestado al respecto. El presidente de Cofares, Eduardo Pastor, afirmaba a Servimedia que las subastas de medicamentos “perjudican la salud de los pacientes y, sobre todo, los abastecimientos de fármacos”. Asimismo, ha advertido que pueden suponer “la puntilla a las oficinas de farmacia tradicionales que dan servicio a las zonas rurales y en las que no exista otro punto de salud de referencia, y a la industria farmacéutica española”.