El Sindicato unificado de la Policía (SUP), representante de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía en España, ha publicado un video en el que reiteran su posición frente al colapso que sufriría el SNS si finalmente sucede el traspaso de 1,5 millones de mutualistas.
De la mano de su portavoz, Nadia Pajarón, y a raíz del informe publicado por el Ministerio de Sanidad, “en el que se aboga por la desaparición de Muface”, resalta que este concierto “se ahorra cerca de 800 millones de euros al Estado, a pesar de ello, la cifra pagada resulta inviable para las aseguradoras que prestan este servicio”, señala.
En este sentido, recalcan la importancia de que se trata de un trasvase de pacientes que sería “totalmente inasumible” por parte de un sistema público de salud ya de por sí saturado. Por ello, desde el SUP insisten que “esos 800 millones que se ahorran ofrecen margen de maniobra para negociar con las aseguradoras”, además, mencionan que la administración “destina partidas mucho mayores para cosas bastante menos importantes” que la salud no solo de miles de policías nacionales, sino también de un millón y medio de funcionarios y de la población en general.
"Este concierto se ahorra cerca de 800 millones de euros al Estado, a pesar de ello, la cifra pagada resulta inviable para las aseguradoras que prestan este servicio”
“Desde el Sindicato Unificado de policía estamos dispuestos a adoptar cualquier medida legal y a movilizarnos a nivel nacional para defender la salud de los policías nacionales y de nuestras familias”, concluyen.
MUFACE, ISFAS y MUGEJU son las tres entidades públicas españolas encargadas de gestionar la seguridad social de distintos grupos de funcionarios. Cada una de ellas se especializa en un sector, el caso de MUFACE atiende a los funcionarios civiles del Estado, entre los que se encuentra la mencionada Policía Nacional; por parte de ISFAS se encarga de los miembros de las Fuerzas Armadas, ofreciendo cobertura sanitaria y social a militares; y MUGEJU está destinada a los profesionales de la justicia, como jueces, fiscales y letrados, brindándoles una protección social específica.
Cada una de ellas cuenta con características y servicios adaptados a las necesidades particulares de sus afiliados, pero todas ofrecen una amplia gama de prestaciones, como asistencia sanitaria, pensiones y otras coberturas sociales.