El informe 'Diez temas candentes de la Sanidad española en 2019' elaborado por el Círculo de Empresarios recoge un análisis desde el punto de vista de los empresarios españoles sobre lo que ha sido la reversión del Hospital de Alzira en la Comunidad Valenciana. La califica de "negativa" y alerta de las consecuencias que tienen este tipo de medidas, abogando por la colaboración público-privada en materia sanitaria.
"El ambiente desfavorable se ha reforzado con la presencia consolidada en el Parlamento Nacional y en los autonómicos de nuevas fuerzas políticas declaradamente hostiles a la iniciativa privada sanitaria, criticando su “ánimo de lucro", asegura en su análisis esta organización que preside John de Zulueta.
"Esas fuerzas gobernantes en la Comunidad Valenciana junto al PSOE han tomado la decisión de revertir el 1 de abril de 2018 la primera concesión administrativa de construcción de un hospital, el Hospital de Alzira, transcurridos los quince años de plazo previstos en el contrato suscrito en 2003, sin acceder a la posible ampliación de cinco años adicionales. Ha sido una decisión exclusivamente política y muy controvertida, con efectos negativos para el sistema sanitario público valenciano, que de entrada amplió la plantilla de personal en 480 personas y sin embargo no pudo evitar un aumento en las listas de espera", sostiene el Círculo de Empresarios en su informe.
"Esa decisión de la Generalitat Valenciana pesará negativamente en los años venideros en la colaboración público–privada en materia de inversiones en nuevos centros"
Asimismo, justifica con más datos las consecuencias negativas que supuso el cambio de modelo de gestión hospitalaria. "Su nueva gerente reconoció en julio de 2018, que el centro había dejado de realizar actividad quirúrgica por las tardes y los sábados, debido a lo cual, la espera de más de 30 días afectaba en ese momento al 35% de los pacientes frente a menos del 25% el año anterior", indica.
El Hospital de Alzira, propiedad en el momento de la reversión de Ribera Salud, es el centro de un área de 250.000 habitantes que integra 35 municipios, con 14 centros de salud y 31 consultorios. Tenía una plantilla de 1.660 profesionales y el coste para el sistema público era, como en el resto de las concesiones, significativamente inferior al gasto per cápita de dicho servicio en el régimen general, según datos de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana, en sus análisis de las concesiones.
"Esa decisión de la Generalitat Valenciana pesará negativamente en los años venideros en la colaboración público-privada en materia de inversiones en nuevos centros, especialmente a través del sistema de concesiones administrativas", concluye la organización.