La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró esta semana que el borrador del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2021 ya estaba al 90% de su elaboración completa. Se trata, sin duda, de un año en el que las cuentas públicas serán especialmente relevantes debido al impacto que ha dejado la pandemia de la Covid-19, tanto en el sistema sanitario como en el resto de sectores y en el ámbito social y económico.
En estas primeras ideas, que tendrán que ser posteriormente respaldadas por el resto de grupos parlamentarios, el Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos) ha querido dejar su marca personal en lo que respecta al sector sanitario. Según ha avanzado La Información, el Ejecutivo central se está planteando establecer un IVA del 21% tanto para la sanidad como para la educación privadas.
La ley actual exime de este tributo a las prestaciones de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria por entidades de derecho público o privadas
Este diario expone que lo que está planteando el Gobierno es acabar con la exenciones en el pago de impuesto de determinadas actividades de la sanidad privada y blindar al ámbito público para que estén libres de esta tributación. En concreto, estarían pensando en que algunas actividades de la sanidad privada tengan el tributo del 21 %, que es el general y al que tributan la mayoría de bienes de consumo.
¿QUÉ DICE LA LEY ACTUAL?
Actualmente, la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido establece en su artículo 20 las exenciones a este tributo en operaciones interiores. Una de ellas es la exención sobre “las prestaciones de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria y las demás relacionadas directamente con las mismas realizadas por entidades de Derecho público o por entidades o establecimientos privados en régimen de precios autorizados o comunicados”.
En concreto, se incluyen en esta categoría aspectos como “la hospitalización y asistencia sanitaria las prestaciones de servicios de alimentación, alojamiento, quirófano, suministro de medicamentos y material sanitario y otros análogos prestados por clínicas, laboratorios, sanatorios y demás establecimientos de hospitalización y asistencia sanitaria”.
La AIReF plantea que la exención del IVA sanitari se mantenga en aquellos servicios esenciales que no están cubiertos públicamente
Por otra parte, también queda exenta de pagar el IVA “la asistencia a personas físicas por profesionales médicos o sanitarios, cualquiera que sea la persona destinataria de dichos servicios”. Para ello, “tendrán la condición de profesionales médicos o sanitarios los considerados como tales en el ordenamiento jurídico y los psicólogos, logopedas y ópticos, diplomados en centros oficiales o reconocidos por la Administración”. Además, “la exención comprende las prestaciones de asistencia médica, quirúrgica y sanitaria, relativas al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades, incluso las de análisis clínicos y exploraciones radiológicas”.
AIREF: COSTE DE 1.763 MILLONES
En el mes de julio, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó un estudio en el que analizaba el cálculo de lo que supondría, en términos económicos, estas exenciones en la educación y la sanidad privada. Según este análisis, el Estado deja de ingresar casi 3.500 millones de euros: 1.763 millones anuales supone el coste la sanidad privada y 1.694 de la educación privada. En este informe sobre la evaluación del gasto público, la AIReF concluía que fijar el 21% de IVA supondría un incremento del coste sanitario y educativo, cifrado en 2.145 millones de euros. Esto se debe a que buena parte de la demanda del sistema privado se trasladaría al público.
La Fundación IDIS cree que supondría “un ataque contra un sector generar de riqueza” y que “pone en jaque al sistema sanitario global”
"Dado que el objetivo del beneficio fiscal es reducir los precios de las prestaciones de servicios esenciales y favorecer el acceso universal de la población a la protección sanitaria, es razonable plantear un escenario en que la exención del IVA sanitario se mantenga para aquellos servicios que, considerándose esenciales, no están cubiertos públicamente (básicamente, la atención odontológica para adultos)”, apuntaba el organismo que preside Cristina Herrero.
RECHAZO DE IDIS
Poco después de conocer esta noticia, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) hizo público un comunicado en el que hacía un llamamiento urgente para que esta medida se reconsiderara. Consideran que es “un ataque contra un sector generar de riqueza” y que “pone en jaque al sistema sanitario global”. Además, señalan que la eliminación de los beneficios fiscales sobre la sanidad privada “va en contra de los criterios establecidos por la UE”.