El Gobierno español ha reconocido a la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) la existencia de indicios de prácticas abusivas cometidas por varias aseguradoras británicas que, desde hace años, se lucran comercializando pólizas de seguros basadas en la cobertura de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE), y estudia emprender acciones para frenar estas malas praxis.
Para ello, el pasado 5 de septiembre, los ministerios de Asuntos Exteriores, Sanidad y Trabajo solicitaron en una reunión a ASPE un informe con datos desglosados sobre el número de turistas británicos afectados en 2019, el porcentaje de viajeros rechazados y atendidos en la sanidad privada y el coste económico que estas prácticas fraudulentas tienen para los centros hospitalarios privados españoles.
En la citada reunión, el representante del ministerio de Exteriores se comprometió a incluir información en la web de Exteriores e informar a Foreign Office (ministerio de Relaciones Exteriores británico) para que, a través también de su página web, se abunde en recomendaciones a los turistas británicos para que, cuando contraten un seguro de viaje, revisen con detalle las coberturas y el condicionado para no encontrarse en su visita a España con situaciones que pueden poner en riesgo su salud o acarrearles altos costes económicos.
El pasado 5 de septiembre, los ministerios de Asuntos Exteriores, Sanidad y Trabajo solicitaron en una reunión a ASPE un informe con datos desglosados sobre el número de turistas británicos afectados en 2019
Este encuentro forma parte de las distintas reuniones que ASPE viene manteniendo con representantes del Gobierno y las principales comunidades autónomas afectadas (Canarias, Andalucía, Murcia y Valencia). El objetivo es atajar un problema que satura el sistema sanitario público español con pacientes que, habiendo pagado una póliza privada, acuden a los servicios públicos porque sus aseguradoras comercializan pólizas de asistencia que incluyen la atención médica a través del uso de la TSE. Este perverso sistema de aprovechamiento de recursos públicos por empresas privadas se ha demostrado con casos que puede poner en riesgo la salud de los turistas británicos, satura el sistema sanitario público y supone cargas económicas y administrativas contra los hospitales privados españoles inasumibles e injustificadas.
CARGAS ADMINISTRATIVAS: PREVALENCIA DE LA TSE SOBRE LA GENERAL DE SANIDAD ESPAÑOLA
El Gobierno central apoya la postura de la patronal de la sanidad al entender que los centros hospitalarios privados no deben asumir los costes médicos cuando finalmente estos pacientes británicos son transferidos desde un hospital privado, ya que debe prevalecer en todo caso el reglamento comunitario que regula la TSE sobre la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad española.
Desde hace años, las comunidades autónomas están derivando el coste del servicio sanitario a los hospitales privados en las casuísticas de estos afectados que, una vez ingresados en el centro privado, se exige por su aseguradora el traslado al sistema público al no hacerse cargo de los costes privados y quieren hacer uso en consecuencia de la TSE. Ante estas prácticas, las administraciones autonómicas españolas afectadas, en lugar de exigir el pago de esos costes a las aseguradoras británicas o facturar la asistencia al Gobierno británico, lo hacen a los hospitales privados españoles por considerar que son ''terceros obligados'' responsables del coste del servicio. Algo que ASPE considera totalmente injustificado.
Desde hace años, las comunidades autónomas están derivando el coste del servicio sanitario a los hospitales privados en las casuísticas de estos afectados
En este sentido, la Administración central recomienda a ASPE acudir a las comunidades autónomas para reclamar el cese de tal forma de actuación administrativa al prevalecer la norma comunitaria sobre la española o, en su defecto, instar al Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, órgano de cooperación de los distintos servicios de Salud, para que resuelva de forma general en línea con esa prevalencia normativa.
CUESTIONARIO DE RECLAMACIÓN
Otro de los asuntos acordados con los representantes del Gobierno ha sido la elaboración conjunta entre el Ministerio de Exteriores y ASPE de un cuestionario de reclamación que se entregará a los turistas ingleses que lleguen a las urgencias de los hospitales privados y no puedan ser atendidos. Una vez hayan sido debidamente completados y firmados, será remitida una copia a la red consular británica en España para dejar constancia oficial del fraude sufrido.
Asimismo, ASPE interpondrá una nueva denuncia ante Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la Comisión Europea y estudiará iniciar nuevas acciones judiciales a través de la Directiva Europea de Viajes Combinados. La normativa comunitaria protege a los consumidores que contraten paquetes turísticos, en los que también se incluyen estos seguros de viajes fraudulentos que se aprovechan de la cobertura de la sanidad pública británica y española al cobrar por un servicio que se ofrece de forma gratuita a través de la TSE.
ASPE interpondrá una nueva denuncia ante Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la Comisión Europea y estudiará iniciar nuevas acciones judiciales a través de la Directiva Europea de Viajes Combinados
Para hacer frente estas prácticas abusivas que, según cálculos estimados por ASPE afecta a entre 1 y 4 pacientes al día en cada uno de los 200 hospitales representados por la entidad en las zonas más turísticas, la patronal de la sanidad privada viene midiendo con precisión la incidencia de casos durante estos meses de verano y enviará en octubre al Gobierno la información requerida con datos precisos sobre el número de turistas afectados.
OTRAS MEDIDAS
Esta medida forma parte de las acciones puestas en marcha ya por ASPE y dirigidas a frenar el abuso y dar apoyo a los pacientes afectados. En este sentido, los hospitales privados ya facilitan hojas de reclamación a los afectados para instarles a continuar su proceso de exigencia de responsabilidad a las aseguradoras en Reino Unido.
Además, ofrecerán a los pacientes afectados la posibilidad de continuar ese proceso jurídico con un servicio de asesoría jurídica con conocimiento especializado en materia desde el país británico, para reclamación de los costes de tratamiento sanitario o, al menos, del importe de la póliza que han pagado.
ASPE lleva tres años denunciando estas prácticas y buscando la implicación de España, Reino Unido y Europa para encontrar medidas conjuntas que frenen los abusos y acaben con la impunidad de estas aseguradoras británicas.