La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha mostrado dese el principio muy comprometida con la continuidad de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), ya sea organizando manifestaciones para reclamar una solución ante esta situación o poniéndose al servicio de los funcionarios que están experimentando problemas administrativos en torno a citas médicas.
En esta misma línea de defensa del modelo, el sindicato ha anunciado que el próximo 9 de diciembre denunciará ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que, según denuncian algunos funcionarios, las clínicas están retrasando y suspendiendo citas médicas de Muface.
En el comunicado en concreto, mencionan que trasladarán la preocupación por la situación de "inseguridad y alarma" en la que se encuentran los mutualistas y beneficiarios, ya que se está viendo amenazado su derecho a la protección de la salud y su asistencia médica en las condiciones legalmente establecidas."La situación es especialmente preocupante, ya que muchas de las quejas recibidas por CSIF son de personas que padecen algún tipo de enfermedad crónica o de cierta gravedad", han incidido.
El sindicato ha anunciado que el próximo 9 de diciembre denunciará ante el Defensor del Pueblo el retraso y la suspensión de citas médicas, que aseguran sufrir algunos funcionarios
Del mismo modo, el sindicato tiene previsto acudir el próximo miércoles, 11 de diciembre, al Congreso de los Diputados para registrar cientos de quejas recibídas por parte de los mutualistas, con el objetivo de que los grupos parlamentarios sean conscientes de la ”grave situación” en la que se encuentran y presenten iniciativas parlamentarias en defensa del mantenimiento del modelo de Muface.
En cuanto a las manifestaciones, convocadas para el próximo 14 de diciembre en Madridy en capitales de provincia a lo largo de toda España, surgen con el objetivo de defender su derecho a la protección de la salud y su asistencia médica a través del concierto sanitario, no solo por Muface, sino también para Mugeju e Isfas. “Si la situación de MUFACE es crítica, con un concierto declarado desierto y el anuncio de uno nuevo que no termina de salir; la situación de la MUGEJU no le va a la zaga tras conocerse que el proceso de adjudicación del concierto sanitario de la Mutualidad general Judicial está suspendido”, señalan desde el sindicato.
CASTILLA Y LEÓN
Una de las delegaciones autonómicas de CSIF que se han pronunciado sobre este tema ha sido la de Castilla y León, que ha advertido que si desaparece Muface, el sistema sanitario de la Comunidad tendría que absorber cerca de 120.000 personas, lo que supondría su "bloqueo".
"Sería como incorporar una ciudad, una capital más, perderemos todos", han argumentado los responsables del sindicato Rodrigo Molledo, Isabel Madruga y Enrique Vega que han animado hoy a participar en la concentración que han organizado el 14 de diciembre para exigir al Gobierno que "recapacite", aparte "criterios ideológicos o partidistas" y apueste por un modelo "que lleva 50 años siendo eficaz y viable".
Madruga, responsable del sector de Educación de CSIF, ,ha recordado que los funcionarios arrastran "un grave problema" y es que se ven "como privilegios" los "derechos y condiciones laborales" de los empleados públicos. "Nuestras condiciones básicas las marca el Estatuto Básico del Empleado Público. Debemos aclarar que ahora estamos defendiendo condiciones laborales específicas adaptadas a la especificidad del puesto para garantizar una adecuada y una eficiente atención a la ciudadanía", ha añadido.
"Sería como incorporar una ciudad, una capital más, perderemos todos"
Por su parte, Enrique Vega ha explicado que el fin de Muface supondría que el sistema sanitario público de Castilla y León tendría que prestar atención sanitaria a unas 120.000 personas. "Eso sería incorporar una ciudad nueva al sistema", ha comparado para demostrar hasta qué punto se tensionaría el sistema y las consecuencias que tendría sobre las listas de espera. Por ello, ha pedido la contratación de unos 3.000 profesionales y una inversión de 300 millones "sin contar las infraestructuras que habría que hacer".
"Lo que queremos es que la institución como tal haga una declaración en ese sentido defendiendo que la mutualidad es necesaria y que la incorporación en bloque de todos estos usuarios al sistema público lo que va a suponer es un bloqueo y una ruptura de este sistema. Sin embargo el consejero no ha hecho esa declaración de momento", ha concluido Vega.