La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), que agrupa a más de 1.300 entidades sanitarias y representa a más del 80% de los centros hospitalarios privados, propone el establecimiento previo de un marco de colaboración público-privada claro y transparente en el que se precisen las condiciones y la forma de trabajo más eficaces de actuación sanitaria ante la segunda ola de COVID-19.
ASPE reafirma su total colaboración tanto con el Ministerio de Sanidad como con los distintos gobiernos autonómicos en la lucha frente a la pandemia del coronavirus.
La sanidad privada reitera la puesta a disposición de todos sus medios para contribuir a la atención sanitaria de los afectados por la COVID-19, como lo ha hecho desde el inicio de la propagación de la enfermedad en nuestro país y con anterioridad a que fuera de obligado cumplimiento por el estado de alarma decretado por el Gobierno el pasado 14 de marzo. “Las autoridades deben saber que somos un recurso estratégico para la gestión de la crisis sin necesidad de un nuevo decreto de estado de alarma”, señala el presidente de ASPE, Carlos Rus.
La patronal cree prioritario definir previamente un protocolo claro y transparente de colaboración público-privada ante la segunda ola del coronavirus
Desde la patronal se considera una medida fundamental, ya que “la definición previa de un marco de trabajo que regule con claridad y transparencia la colaboración público-privada es la mejor medida preventiva conjunta que podemos adoptar ante la segunda ola de coronavirus que ya está afectando al conjunto de los territorios”, subraya Rus.
En este sentido, ASPE insta al Ministerio de Sanidad a articular un protocolo de colaboración público-privada, con el objetivo de mejorar la capacidad de reacción del Sistema Nacional de Salud frente al coronavirus.
La sanidad privada quiere hacer hincapié en la importancia de no cometer los mismos errores que se produjeron al inicio de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, durante la que muchos centros hospitalarios españoles, públicos, y privados, sufrieron una presión asistencial sin precedentes, mientras otros muchos estuvieron obligados a mantener sus instalaciones abiertas y a todo su personal a disposición por ser considerados actividad esencial pese a no tener pacientes COVID ni de otro tipo por la desprogramación de actividad ordinaria.
La existencia de un plan de actuación coordinado evitaría también así la situación vivida en miles de centros sanitarios de titularidad privada, principalmente aquellos sin internamiento, que hoy se enfrentan en muchos casos al cierre.
AUMENTO DE LAS LISTAS DE ESPERA
El objetivo, a su vez, es contribuir a un equilibrio asistencial y de disposición de medios, humanos y técnicos, que evite la desprogramación de intervenciones, el agravamiento de otras patologías por demora en los diagnósticos y tratamientos, así como la inasumible congestión de las listas de espera.
En definitiva, el fortalecimiento de la colaboración sanitaria público-privada permitiría, como ya expuso ASPE en la Comisión de Reconstrucción del Sistema Nacional de Salud celebrada el pasado mes de junio en el Congreso de los Diputados, el mejor aprovechamiento de los recursos ya existentes, evitando a su vez el duplicar inversiones innecesarias.
“Esta sería además la única manera de garantizar la atención y seguimiento de todas aquellas patologías que han quedado relegadas a un segundo plano desde la irrupción del coronavirus”, explica el presidente de ASPE.
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
La patronal ha mantenido un firme compromiso con la emergencia asistencial vivida en nuestro país desde antes del 14 de marzo. En España, el Gobierno nacional ha emplazado a la sanidad privada a acordar con cada territorio regional la forma de compensación de los recursos habilitados dedicados a atender a los pacientes COVID, y hasta diez Comunidades Autónomas, a excepción de Cataluña, aún se encuentran en periodo de evaluación de las compensaciones por la anterior puesta a disposición de recursos de los hospitales privados. Mientras, en los principales países europeos las ayudas y compensaciones no han tardado en tomar forma y desde distintas fórmulas.
Tan solo Cataluña ha definido con los hospitales privados el marco retributivo por el uso de recursos humanos y materiales empleados, mientras una decena de comunidades autónomas siguen sin precisar las condiciones de relación
En Francia, por ejemplo, se ha facilitado a los hospitales privados el pago equivalente al año anterior. Algo similar ocurre en Italia, donde se paga una tarifa especial a los hospitales que reciben pacientes con COVID-19- En Alemania, el Gobierno federal ha aprobado paquetes legislativos para compensar las consecuencias económicas de los hospitales y los médicos contratados. En Reino Unido, el Gobierno tramitó una ley de emergencia para lograr una amplia flexibilidad de personal y regulación, otorgando a la sanidad privada financiación adicional para cubrir los costos adicionales provocados por la respuesta al coronavirus. Decisiones todas ellas de carácter nacional y para todo su territorio que dan estabilidad, certeza jurídica y garantizan la mejor cobertura a la población anteponiendo el freno a la pandemia y la rápida recuperación de sus efectos antes que cualquier otra consideración.
En España, cabe recordar que el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, regulaba la creación del Fondo COVID-19, dotado con 9.000 millones de euros, a través del cual las distintas autonomías debían hacer frente a los gastos originados por la gestión de la pandemia en sus respectivos territorios. Salvo el acuerdo de compensación ya alcanzado con la Generalitat de Cataluña por cada paciente y recurso empleado, en la actualidad no existen otras resoluciones convenidas con el resto de gobiernos autonómicos en los que se han solicitado contrapartidas como Madrid, Murcia, Canarias, Galicia, Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Baleares, La Rioja, Navarra y Valencia.