Ante la aprobación en Consejo de Ministros del llamado Anteproyecto de “Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud”, la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada (ACHPM) de Madrid, manifiesta su "absoluto desconcierto" ante una norma que, en su redacción actual, "perjudica a los pacientes y a la sanidad, pública y privada". En concreto, han hecho una serie de consideraciones.
El Proyecto incorpora una modificación del artículo 47 de la Ley General de Sanidad para establecer que sólo entidades del sector público puedan llevar a cabo la gestión de los recursos asistenciales del Sistema Nacional de Salud (SNS). Este cambio legislativo advierten desde la asociación, "puede llevar al colapso del SNS".
Sólo en Madrid, expresan, más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos. Si se toma como ejemplo la Comunidad de Madrid, con casi siete millones de habitantes, la sanidad pública y privada suman 144.000 profesionales, 83 hospitales con 20.800 camas y 680 quirófanos. Si se extraen de ese conjunto los recursos de la sanidad privada, se restarían 70.000 profesionales, 49 centros hospitalarios con 6.800 camas y 250 quirófanos. Unos recursos que asumen, en la actualidad, el 31% de los ingresos y las altas y el 37% de las intervenciones quirúrgicas.
"En el caso de la sanidad, desde que las CCAA asumieron la competencia de garantizar la cobertura universal, la colaboración público-privada ha sido indispensable y se ha mejorado a lo largo de los años"
"La colaboración pública-privada es fundamental en cualquier sociedad desarrollada. En el caso de la sanidad, desde que las CCAA asumieron la competencia de garantizar la cobertura universal, ha sido indispensable y se ha mejorado a lo largo de los años", recuerdan.
En este sentido, apuntan que "ninguna comunidad autónoma responsable de la asistencia sanitaria a sus ciudadanos admitirá que se recorten sus competencias para organizar la gestión. En el caso de la Comunidad de Madrid, al igual que otras regiones, está mucho más densamente poblada que cuando empezó a fraguarse el SNS, por lo que entendemos que el Ejecutivo autonómico no puede consentir la aplicación de la norma".
El Proyecto de Ley contempla posibles excepciones, que las autonomías tendrán que justificar y motivar. El órgano que validará estas excepciones será el Consejo Interterritorial del SNS. Se trata de un órgano consultivo, sin capacidad ejecutiva, con las limitaciones que han quedado patentes tras pandemia de COVID-19. Por tanto, cuando una comunidad plantee una excepción, sólo se generará "bronca política".
"Es necesario despolitizar la sanidad. La única meta de cuantos trabajamos en ella, tanto en el sector público como en el privado, es la mejor atención a los pacientes. Este proyecto de Ley, presentado en la misma semana en la que se van a celebrar elecciones autonómicas en Andalucía, no ayuda a este objetivo", sentencian.