Presión ambiental sobre las farmacéuticas españolas: el coste podría sobrepasar los 500 millones

La Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas evidencia que, a pesar de haber incrementado su compromiso con el medioambiente, todavía quedan puntos por optimizar

Aguas residuales (Foto. Canva)
Aguas residuales (Foto. Canva)
Ander Azpiroz
9 octubre 2024 | 16:00 h

El compromiso del sector farmacéutico con el impacto que tienen las distintas fases de la cadena de suministro sobre el medioambiente ha aumentado en estos últimos años. Aunque es evidente que la producción de medicamentos es uno de los pilares para mejorar la calidad de vida de millones de personas en el mundo, también genera una gran cantidad de residuos y de gases de efecto de invernadero. La reducción de estos dos aspectos se ha convertido en uno de los objetivos primordiales tanto por parte de los gobiernos como de las compañías implicadas.

Entre las iniciativas más habituales se encuentran la optimización de procesos de producción, la reducción del consumo de energía y agua, la gestión responsable de residuos, el desarrollo de envases más sostenibles y la promoción de la economía circular. Además del aumento de inversión en cuestiones como el desarrollo de nuevos medicamentos y procesos de fabricación más respetuosos, en gran medida, influenciados por las presiones de reguladores y organizaciones que demandan productos y servicios más sostenibles.

Aunque es evidente que la producción de medicamentos es uno de los pilares para mejorar la calidad de vida de millones de personas en el mundo, también genera una gran cantidad de residuos y de gases de efecto de invernadero

Sin embargo, a pesar de haber dado un paso hacia delante en este sentido, parece que la meta final todavía queda lejos. Prueba de ello, la Unión Europea (UE), con la máxima de “quien contamina, paga”, ha comunicado que el sector farmacéutico deberá costear al menos el 92% de la factura de la gestión de las aguas residuales urbanas. Esto se debe a la Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas (TARU), una legislación europea, actualmente en revisión, que establece los estándares mínimos para el tratamiento de estas aguas antes de su vertido al medioambiente.

El tratamiento secundario es esencial porque elimina la mayor parte de la materia orgánica biodegradable presente en las aguas residuales. Por ello, la directiva europea establece como fecha límite el año 2035 para que todas las aglomeraciones urbanas a partir de 1.000 habitantes equivalentes cuenten con este tratamiento. Ya en 2029, el tratamiento terciario, es decir, la supresión de nitrógeno y fósforo, deberá aplicarse en todas las plantas de tratamiento de aguas que cubran a partir de 150.000 habitantes, y, para 2045, la retirada de microcontaminantes, siendo las exigencias cada vez más duras.

En cuanto al caso de España y la “multa” por parte de las autoridades, es complicado conocer exactamente cuál será la cifra que deberán abonar desde el sector farmacéutico. Basándose en la aproximación de la Agencia Alemana del Medicamento, las farmacéuticas de su país deberán pagar entre 885 y 1.025 millones de euros, y representan el 19% de la población; las españolas, con un 11%, oscilarán entre los 500 millones de euros.

Los principales desafíos del sector en torno a la Directiva TARU pasan por la identificación y cuantificación de los microcontaminantes; y el desarrollo de nuevos productos que cumplan con las condiciones de la UE

La Directiva TARU es un paso fundamental hacia una UE más sostenible y respetuosa con el medioambiente, y, por lo tanto, sus sectores más importantes e influyentes deben cumplir y contaminar menos. En el ámbito farmacéutico, los productos pueden llegar a las aguas residuales a través de diversos canales, como los excrementos de personas y animales que han consumido medicamentos, o los propios residuos de la fabricación de fármacos.

Ante esta situación, los principales desafíos del sector en torno a la Directiva TARU pasan principalmente por la identificación y cuantificación de los microcontaminantes a través de análisis más estrictos, sensibles y específicos; y el desarrollo de nuevos productos que cumplan con las condiciones de la UE, ya sea mediante el diseño de moléculas que minimicen su persistencia en el medioambiente, el fomento de la fabricación con menos residuos, o la evaluación del ciclo de vida para identificar los puntos críticos en el impacto ambiental.

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