La actual Ley de Industria que está vigente en España data del 1992, un estatuto que surgió con el objetivo de ordenar y promover la actividad industrial en el marco de la economía de mercado, con el fin de contribuir al crecimiento económico, la creación de empleo y la mejora de la competitividad. Una serie de objetivos que perfectamente se pueden trasladar a la actualidad, pero que, debido a un evidente cambio en el contexto en general, la manera de alcanzarlos es totalmente diferente.
Ante esta problemática, una de las principales apuestas en la llegada del actual Gobierno de España fue la aprobación de una Ley de Industria y Autonomía Estratégica. El primer paso llegó con la presentación del anteproyecto de la ley elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con la colaboración de otros departamentos ministeriales, agentes sociales y expertos. Una propuesta que pretende actualizar y adaptar la normativa vigente a las nuevas necesidades de la economía española, en un contexto marcado por la globalización, la digitalización y la transición ecológica.
Una de las principales apuestas en la llegada del actual Gobierno de España fue la aprobación de una Ley de Industria y Autonomía Estratégica
Ahora, esta misma semana, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, anunció que ponían a exposición pública el borrador de la ley “con el objetivo de recibir aportaciones de toda la sociedad; empresas, agentes sociales, administraciones públicas y el resto de implicados. Por ello hago un llamamiento para que participen y manden sus opiniones sobre esta ley”, señaló.
En esta misma línea, a través de un vídeo en su cuenta de X, recalcó que la nueva ley no será una “simple puesta al día de la anterior”, sino “una ley que suponga un antes y después” para la industria española en la dotación de instrumentos efectivos para “impulsar la reindustrialización, la innovación y la transformación de nuestro tejido productivo. Todo para crear una industria fuerte y resiliente”.
Con estas premisas una de las industrias que se verá más beneficiada de la entrada de la nueva legislación será la farmacéutica. El ministro de Industria, Comercio y Turismo destaca en el anuncio que uno de los puntos en los que pondrán especial hincapié es en la creación de los proyectos industriales estratégicos para facilitar los trámites de aquellas inversiones que sean de interés general para el país, como es el caso de la Sanidad y, específicamente, la investigación y desarrollo (I+D) de medicamentos, terapias y tecnologías médicas. “Queremos asegurar que las inversiones no sean flor de un día. Por eso regularemos que cualquier empresa que quiera finalizar una actividad industrial en España tendrá anunciarlo con nueve meses de antelación al gobierno”, indica.
“Impulsar la reindustrialización, la innovación y la transformación de nuestro tejido productivo. Todo para crear una industria fuerte y resiliente”
Otro de los cambios que ha anunciado el ministro que formará parte de la nueva ley, de la que todavía no se conoce completamente, es la creación de una reserva estratégica basada en las capacidades nacionales de producción industrial bajo el nombre Recapi. “No se trata de tener productos almacenados, sino de disponer de un listado de puntos estratégicos y de capacidades de producción nacional susceptibles de movilizarse con rapidez ante una situación de crisis”, señala Hereu.
En este sentido, es evidente que la ley tendrá un impacto significativo en el sector sanitario y farmacéutico, especialmente en lo que respecta a los medicamentos y vacunas, uno de los principales aprendizajes que dejó la pandemia de Covid-19. En España ya existe una reserva de medicamentos, pero la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica propone ir un paso más allá e invertir en las capacidades de producción del país, generando así una menor dependencia de otros países y contribuyendo a reducir el riesgo de desabastecimiento en situaciones adversas.