El 2024 ha sido un año clave para la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), marcado principalmente por la decisión de las aseguradoras que lo formaban, DKS, Asisa y Adeslas, de plantarse ante la propuesta de un nuevo acuerdo para el periodo 2025-2027. Desde ese inicio de octubre, se han sucedido las propuestas, negociaciones, licitaciones y rechazos que han llevado a que a día de hoy se desconozca todavía qué va a suceder con Muface.
Para tratar de comprender cómo se ha llegado a este punto es necesario partir de la primera oferta del Gobierno. En un primer intento de plantarse, las aseguradoras pedían un aumento de las primas del 40%, sin embargo, desde el Ejecutivo ofrecieron un incremento del 14%. Una cifra muy baja que, por parte de las compañías, aseguraban que suscribir el nuevo concierto con esta cantidad lo único que haría sería agravar los costes que ya estaban asumiendo, tanto por la inflación como por el aumento de la siniestralidad.
Posteriormente, y ante la incertidumbre de los funcionarios, el Consejo de Ministros aprobó la licitación del concierto de Muface para los años 2025-2026 con una subida en las primas del 17,12%. De esta manera, la cantidad ascendía 1.337 millones en 2025 y 1.344 millones en 2026, lo que se traduce en un incremento bianual de casi 304 millones de euros en comparación con el concierto que vence este año. Un paso que desde el Gobierno calificaban como “la mayor subida de la historia”, pero, de nuevo, no convenció a las aseguradoras.
Las aseguradoras señalaban que suscribir el concierto con las primeras cantidades que ofrecían desde el Gobierno lo único que haría sería agravar los costes que ya estaban asumiendo
En ese momento, el Ministerio de Sanidad publicó un informe en el que teorizaba sobre la posibilidad de que todos los funcionarios que forman parte de Muface y sus beneficiarios se trasladasen a la Sanidad pública. A pesar de que esta cartera no tener ninguna capacidad de decisión, generó una respuesta muy negativa por parte de las comunidades autónomas que serían las encargadas de asumir esta cantidad de gente en un sistema ya de por sí tensionado.
Desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública obviaron dicho informe y aseguraron en múltiples ocasiones que estaban preparando la segunda licitación. En este proceso, el 21 de noviembre deshicieron publicar una consulta preliminar en la Plataforma de Contratación del Sector Público para conocer la opinión de las aseguradoras y a qué precio aceptarían acudir a un nuevo concierto sanitario.
Este mecanismo de las consultas preliminares de mercado está previsto en la Ley de Contratos del Sector Público y permite a la Administración obtener información sobre las características del mercado en el que se mueve el contrato, así como recibir de las aseguradoras evidencias de la estructura de costes por grupos etarios, zonas geográficas u otros que sean determinantes y que justifiquen las primas que aspiran a cobrar por la prestación de ese servicio.
En un plazo de 10 días abierta a todas aquellas aseguradoras que querían participar, no solo a las mencionadas DKV, Adeslas y Asisa, recibieron la respuesta de varias de ellas. Entre las principales conclusiones, además de la necesidad de aumentar aun más las primas, resaltó la propuesta de incremento de primas por tramos de edad, al entenderse que parece adecuarse más a la realidad actual del mutualismo.
Con estas dos principales premisas, el pasado 17 de diciembre, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, anunció la autorización a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado para publicar la tan esperada nueva licitación para el periodo de 2025-2027. Esta nueva oferta, y última, cuenta con un incremento de las primas del 33,5%, lo que supone un concierto de 4.478 millones de euros, para estos próximos tres años, lo que se traduce en 957 millones más que el actual.
El pasado 17 de diciembre, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, anunció la autorización a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado para publicar la tan esperada nueva licitación para el periodo de 2025-2027
Publicada finalmente el 23 de diciembre, la Plataforma de Contratación del Sector Público recoge que las aseguradoras, tanto las que participan ahora en el modelo como nuevas, pueden presentar sus ofertas hasta el 15 de enero a las 10:00 a la entidad adjudicadora. Ese mismo día se procederá a la apertura de ofertas económicas y documentación en un "acto privado".
Hasta el momento, la única aseguradora que ha confirmado su decisión final con esta segunda licitación ha sido Adeslas, que , tal y como ya había mencionado en otras ocasiones, no se presentará al nuevo concierto. Entre las principales razones, la aseguradora argumenta que las condiciones del nuevo concierto le generarían unas pérdidas de 250 millones de euros para el periodo 2025-2027, casi las mismas que ha registrado entre 2022 y 2024.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han exigido una reunión al Gobierno "al más alto nivel" para analizar la situación de la sanidad de los funcionarios ante el rechazo de Adeslas a participar en el concierto de Muface. Además, han instado al Gobierno a que haga público "con total transparencia" los informes que les trasladaron las aseguradoras sobre el impacto del concierto, así como la evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre Muface.
Ante la inminente finalización del contrato de Muface el 31 de enero y la demora en la adjudicación del nuevo concierto, el Gobierno ha decidido prorrogar temporalmente los servicios actuales. Esta medida, que inicialmente contemplaba el mes de febrero, se extenderá hasta marzo para garantizar la continuidad asistencial mientras se conocen los detalles del nuevo contrato.
Además, el anuncio de la nueva licitación recoge que aquellos que reciben la asistencia sanitaria de Muface dispondrán de dos periodos de permutas “A lo largo de enero los mutualistas que así lo decidan, tendrán la oportunidad de pasarse de la opción concertada a la sanidad de las comunidades autónomas, y posteriormente, se habilitará un periodo extraordinario en el mes de marzo para que se realicen los cambios de adscripción entre aseguradoras, así como el regreso al modelo sanitario de Muface. Finalmente, en junio se establece un segundo periodo de cambio entre las diferentes opciones", indican desde la Dirección General de Muface.