La Directiva (UE) 2024/3019 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, que se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 12 de diciembre de 2024, ha generado durante estos meses un gran revuelo en la industria farmacéutica. Desde este sector, acusan a las autoridades de atribuirles el 90% de la responsabilidad de los microcontaminantes en las aguas residuales, sin mostrar la metodología empleada para llegar a esta conclusión.
La directiva, enmarcada en el Pacto Verde Europeo, está diseñada con el objetivo de avanzar hacia la neutralidad climática en 2050 a través de un reglamento que actualiza los estándares sobre la gestión y tratamiento de las aguas residuales. Concretamente, para 2025, tendrán que someterse a un tratamiento antes de verterlas al medioambiente; para 2039, se realizará un tratamiento terciario, es decir, en el que se elimine el nitrógeno y el fósforo; y para 2045 se pedirá acabar con los microcontaminantes.
"La decisión de la UE no solo es intrínsecamente injusta, sino que socava la ambición del Pacto Verde y no incentivará a otros sectores a reducir los microcontaminantes en el agua”
Todo este proceso llevará consigo la máxima que han recalcado desde la Unión Europea en varias ocasiones de que “quien contaminapaga”, es decir, los responsables de esa contaminación de las aguas residuales serán obligados a pagar la limpieza de estas mismas. Es precisamente este punto en el que surge el conflicto entre administraciones europeas y la industria farmacéutica, ya que, a pesar de que sí estén de acuerdo con que pague el que contamina, discrepan que ellos hayan sido los principales responsables.
A pesar de que se aprobase a inicios de 2025, la implementación de esta Directiva es un proceso bastante largo y complejo. Los Estados miembros de la UE tienen un plazo para adaptar sus leyes nacionales a los requisitos de la nueva directiva, que termina, el 31 de julio de 2027, quedando derogada con efecto a partir del 1 de agosto de 2027 la Directiva 91/271/CEE.
Un periodo de transición en el que, desde la industria farmacéutica, ya han demostrado que van a intentar hacer todo lo posible para tratar de revocar esta directiva, o, al menos, modificarla para que no se vean tan señalados. En este sentido, la Federación Europea de Asociaciones e Industrias Farmacéuticas (Efpia) ha emitido un comunicado en el que muestran su intención de impugnar esta Directiva ante el Tribunal General de la UE para obtener mayor claridad sobre cómo la decisión de incluir solo al sector farmacéutico y al cosmético en el tratamiento de las aguas residuales urbanas de Europa “contradice los principios clave de los Tratados de la UE, ya que debe haber proporcionalidad y no discriminación”.
Desde la Efpia explican que esta decisión de la UE “no solo es intrínsecamente injusta, sino que socava la ambición del Pacto Verde y no incentivará a otros sectores a reducir los microcontaminantes en el agua”. Además, recalcan que no han podido ver los datos y la metodología utilizados por la Comisión Europea para llegar a esta “decisión injusta”.
“Europa necesita una legislación medioambiental que funcione, en la que se incentive a todos los sectores a reducir de forma sostenible los microcontaminantes y en la que los costes del tratamiento para los productores estén alineados con el volumen de microcontaminantes presentes en nuestras aguas"
A pesar de no estar de acuerdo y tratar de impugnar la Directiva, la Efpia aclara que siguen con el firme compromiso de minimizar el impacto de los productos farmacéuticos en el medioambiente. Adeás, tanto la federación como todos sus miembros, se han comprometido a pagar la parte que les corresponde de los costes del tratamiento de las aguas en función del volumen de microcontaminantes presentes en ellas, aunque piden que se lleven a cabo estudios y se muestren los resultados y metodologías.
“Europa necesita una legislación medioambiental que funcione, en la que se incentive a todos los sectores a reducir de forma sostenible los microcontaminantes y en la que los costes del tratamiento para los productores estén alineados con el volumen de microcontaminantes presentes en nuestras aguas. Creemos que la decisión de emprender acciones legales está estrechamente alineada con estos principios y refleja el esfuerzo de esta Comisión por garantizar que toda la legislación sea coherente y respalde la competitividad europea. Nuestra industria apoya la ambición de la legislación y está 100% comprometida a pagar su parte justa”, concluye la directora general de la Efpia, Nathalie Moll.