La patronal de la industria farmacéutica española, Farmaindustria, ha solicitado al Ministerio de Transición Ecológica que intervenga para retrasar la publicación de la Directiva Europea de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas (TARU), que se encuentra en los puntos del orden del día del Consejo de la Unión Europea que se celebra hoy, 5 de noviembre.
La directiva, enmarcada en el Pacto Verde Europeo, está diseñada para avanzar hacia la neutralidad climática en 2050. Más concretamente, se trata de un reglamento que actualiza los estándares sobre la gestión y tratamiento de las aguas residuales urbanas por años. Para 2035, las aguas residuales tendrán que someterse a un tratamiento antes de verterlas al medioambiente; para 2039 se realizará un tratamiento terciario, es decir, en el que se elimine el nitrógeno y el fósforo; y para 2045 se pedirá acabar con los microcontaminantes.
La Directiva TARU es un paso fundamental hacia una UE más sostenible y respetuosa con el medioambiente, y, por lo tanto, sus sectores más importantes e influyentes deben cumplir y contaminar menos. En el ámbito farmacéutico, los productos pueden llegar a las aguas residuales a través de diversos canales, como los excrementos de personas y animales que han consumido medicamentos o los propios residuos de la fabricación de fármacos.
La Directiva Europea de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas se encuentra en los puntos del orden del día del Consejo de Ministros de la Unión Europea que se celebra hoy, 5 de noviembre
Desde la industria farmacéutica han resaltado que los estudios utilizados para respaldar la normativa no ofrecen evidencias concluyentes sobre el papel de los residuos farmacéuticos en la contaminación de aguas. En este sentido, representantes de Farmaindustria han explicado que se atribuye a este sector y al cosmético el 90% de la responsabilidad de los microcontaminantes en las aguas residuales urbanas, pero no se ha mostrado la metodología empleada para llegar a esta conclusión.
En el caso de que finalmente se apruebe esta normativa europea, podría suponer una “multa” de 561 millones de euros para España, de acuerdo a los cálculos efectuados por la Federación Europea de la Industria Farmacéutica (Efpia). A diferencia de los productos cosméticos, el impacto de la Directiva Euopea repercutiría directamente a los resultados de las compañías, ya que sus precios están intervenidos, poniendo en riesgo la disponibilidad y el acceso a los medicamentos.
En esta misma línea, la Efpia, sus empresas miembros y sus asociaciones nacionales están preocupadas por el impacto que la Directiva tendrá sobre los pacientes europeos y la competitividad de la industria farmacéutica, uno de los sectores estratégicos clave de Europa.
“Dado el compromiso de la nueva Comisión con la coherencia de las políticas, los controles de competitividad de la legislación y la garantía del suministro seguro de medicamentos críticos, requerimos una revisión urgente de la Directiva sobre aguas residuales"
Desde la organización europea han recalcado en numerosas ocasiones que la directiva de aguas residuales no cumple con los principios clave de los Tratados de la UE, que pasan por proporcionalidad, igualdad de trato y principio de quien contamine paga. Unas reclamaciones que tratan de explicar que la norma, según apuntan desde la Efpia, solo afecta a su sector, y que, además, no cumple con el objetivo principal de incentivar a los contaminadores a invertir en productos más sostenibles.
“Dado el compromiso de la nueva Comisión con la coherencia de las políticas, los controles de competitividad de la legislación y la garantía del suministro seguro de medicamentos críticos, requerimos una revisión urgente de la Directiva sobre aguas residuales antes de su aprobación por el Consejo para abordar adecuadamente la contaminación del agua y prevenir el daño que la Directiva causaría a los pacientes y a las ambiciones de Europa en materia de ciencias de la vida”, subrayan desde la Efpia.
Además, desde la organización europea trasladan la necesidad de “encontrar una solución basada en pruebas”, que abarque a todos los sectores que contribuyen a la aparición de microcontaminantes, basándose en el ya mencionado principio de que quien contamina paga , y “ayudarnos a avanzar hacia una solución colectiva del importante problema de la contaminación del agua”.