El futuro de la asistencia sanitaria para millones de funcionarios españoles pende de un hilo. La negociación entre Muface, Adeslas, Asisa y DKV, se encuentra en una situación límite tras la decisión de las tres aseguradoras de no acudir a la nueva licitación de este servicio debido a las condiciones económicas planteadas en la reunión de sus directores con el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública.
En este escenario, la Fundación IDIS, principal representante del sector sanitario privado, ha continuado con la postura que ya habían mostrado antes de este bloqueo. Que se escuche a las aseguradoras y se aumente la prima para mantener un modelo sostenible. La directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva, explica en una entrevista para ConSalud que “desde la Fundación hemos dejado claro que el modelo de mutualismo administrativo (MUFACE, MUGEJU e ISFAS) es imprescindible para garantizar la sostenibilidad y el acceso al sistema sanitario".
“Sin los fondos suficientes para su financiación sería imposible garantizar la continuidad de este modelo"
Con el objetivo de demostrar que no se equivocan con el impacto que tiene este modelo en el sistema, la Fundación IDIS ha publicado recientemente un informe llamado Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario. Según apuntan desde la Fundación, se trata de un análisis sobre los posibles escenarios y las potenciales repercusiones sobre España si el modelo de mutualidades no llegase a renovarse, es decir, hacia dónde nos dirigimos ahora mismo.
Para tratar de comprender el ultimátum de Adeslas, Asisa y DKV, es necesario conocer que, según han explicado a ConSalud, y en base a los datos recogidos en este informe, mientras que la cápita pública por persona ha crecido un 53% en los últimos diez años, lo destinado a las mutualidades lo ha hecho solo en un 32%, produciendo unas pérdidas cercanas a los 200 millones de euros anuales en estas compañías. Cifras que antes podían asumir gracias a los ingresos de los asegurados privados, pero que, ahora, se les hace imposible.
“Sin los fondos suficientes para su financiación sería imposible garantizar la continuidad de este modelo, cuya viabilidad está comprometida por el aumento de costes debidos a la inflación, la ampliación de prestaciones, el envejecimiento de los beneficiarios, los efectos de la COVID-19 y la inversión”, indica Villanueva.
Más concretamente, el análisis de la Fundación IDIS muestra situaciones como el trasvase de 1,68 millones de mutualistas a la sanidad pública afectando, en primer lugar, al modelo asistencial, ya que se incrementaría un 2% el total nacional de visitas en Atención Primaria (más de 5 millones de visitas). Además, apuntan a un aumento lógico de la presión asistencial que se generaría de forma global, que llevaría a una situación de colapso a ciertas comunidades autónomas con altas tasas de mutualistas y baja penetración del seguro privado, como es el caso de Murcia, Cantabria, Castilla-León o La Rioja.
"Los datos nos hacen defender los beneficios de este modelo, así como su necesaria dotación presupuestaria, que es responsabilidad de la Administración”
Este escenario de cobertura 100% pública generaría una presión sin precedentes sobre la red hospitalaria, según los datos del informe, se necesitarían aproximadamente 3.975 camas adicionales a nivel nacional para absorber la demanda, lo que representa un aumento del 3,8% de la capacidad actual. Una saturación que no solo impactaría en la calidad de la atención, sino que también tendría consecuencias socioeconómicas significativas. Estiman una pérdida de más de 13.000 empleos en el sector sanitario privado, lo que afectaría, de nuevo, a la economía y a la dinámica del mercado laboral.
Ante los resultados del informe y el bloqueo actual entre Muface y las aseguradoras, la directora general de la Fundación IDIS se muestra muy tajante con la posición de la Fundación y la posible solución que plantean. “Los datos que nos ofrece este análisis, junto al hecho de que una gran mayoría de los funcionarios que pueden voluntariamente elegir opten por la asistencia en centros sanitarios privados a través de su mutualidad, nos hacen defender los beneficios de este modelo, así como su necesaria dotación presupuestaria, que es responsabilidad de la Administración”, concluye.