La inversión pública en medicamentos no ha aumentado en los últimos 20 años si se compara con el gasto público total. En 2023, España dedicó el 3,4% de su gasto público total a tratamientos farmacológicos, un porcentaje que se ha reducido significativamente en los últimos 30 años y que se mantiene relativamente estable en los últimos años.
Estos son algunos de los datos que recoge el nuevo informe de Farmaindustria “La industria farmacéutica y su contexto en España 2024”, que recopila las principales cifras del sector sanitario procedentes de fuentes de datos oficiales públicas, publicaciones científicas y organismos relevantes, además de datos propios de la patronal a partir de encuestas entre sus asociados.
Estas cifras demuestran que, a pesar de los avances en la investigación farmacéutica y las nuevas necesidades sanitarias, la proporción del gasto público total destinada a medicamentos ha disminuido de manera significativa en las últimas décadas, hasta el punto de estancarse en los últimos años. En el caso de España esta tendencia es especialmente perjudicial, ya que cuenta con una población cada vez más envejecida, en la que, como no puede ser de otra manera, surgen nuevas enfermedades, mientras que el presupuesto para adquirir medicamentos no ha crecido al mismo ritmo.
A pesar de los avances en la investigación farmacéutica y las nuevas necesidades sanitarias, la proporción del gasto público total destinada a medicamentos ha disminuido de manera significativa en las últimas décadas
El informe se clasifica en tres grandes áreas para entender la industria y su aportación y valor, desde el contexto más amplio de los indicadores demográficos y macroeconómicos a los indicadores sanitarios y los indicadores farmacéuticos de mercado e industria. En este, resaltan la importancia de considerar esta inversión en medicamentos como un activo que genera beneficios a largo plazo y dejar de lado la creencia de que son un simple gasto.
Una de las problemáticas que analizan en el informe sobre España son las variaciones en el gasto medio por receta en las distintas comunidades autónomas, que reflejan desigualdades en el acceso a los medicamentos. Esta desproporción podría estar relacionada con factores como la densidad poblacional, la prevalencia de ciertas enfermedades, las políticas farmacéuticas regionales y la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.
Ante este panorama, se hace evidente la necesidad de implementar políticas que garanticen una distribución equitativa de los medicamentos en todo el territorio nacional, sin importar su lugar de residencia o su situación económica. Como soluciones, el informe insiste en invertir en infraestructuras sanitarias en zonas rurales y menos desarrolladas, además de agilizar los procesos de aprobación de nuevos medicamentos, claramente atrasados en España, negociar precios justos y crear fondos para financiar tratamientos de alto coste.
El informe alerta sobre la necesidad de reorientar las políticas públicas, en materia de salud, con el objetivo de garantizar la inversión en medicamentos y ajustarse a las necesidades de la población
En el caso de no darle la vuelta a la situación actual, las consecuencias de seguir en esta dinámica negativa pueden ser muy peligrosas. En primer lugar, pacientes con enfermedades crónicas o raras podrían tener dificultades para acceder a los medicamentos más innovadores y efectivos.
Además de la disponibilidad, si España continúa reduciendo su inversión, los pacientes deberán asumir una mayor parte del coste de los medicamentos, ya sea a través de copagos o de seguros privados. Todo ello, unido a un posible aumento de hospitalizaciones y costes asociados a complicaciones de enfermedades no tratadas de manera óptima, lo que se traduce en una mayor presión sobre el SNS.
A pesar de las constantes preocupaciones que reiteran a lo largo del documento sobre la inversión en España, el informe recoge un dato positivo. El hecho de que la proporción de la inversión farmacéutica se haya mantenido relativamente estable a pesar de la creciente presión sobre los presupuestos públicos sugiere una gestión eficiente de los recursos por parte del SNS. En definitiva, el informe de Farmaindustria alerta sobre la necesidad de reorientar las políticas públicas, en materia de salud, con el objetivo de garantizar la inversión en medicamentos y ajustarse a las necesidades de la población.