Una representación de la Junta Directiva de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, encabezada por su presidente, Jorge Huertas, y el secretario general, Pablo Crespo, ha mantenido un encuentro institucional con el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi. En esta reunión, ambas organizaciones han abordado una serie de asuntos prioritarios y de interés común para el sector empresarial y la industria de Tecnología Sanitaria, con la vista puesta en la mejora de la sanidad, la economía y la competitividad del país.
Antonio Garamendi y los representantes de la Federación han intercambiado sus puntos de vista sobre la actual coyuntura geopolítica, económica y regulatoria, además de su impacto en la industria nacional. Ambas han mostrado su preocupación por el aumento de la inflación y han coincidido en la necesidad de indexar los contratos públicos para evitar que haya problemas de acceso a innovaciones tecnológicas de calidad por parte de profesionales sanitarios y pacientes. Por ello, urgen al Ejecutivo nacional a que recupere el modelo de indexación anterior a 2015, que permitía actualizar los contratos al IPC, y puesto que la modificación legislativa aprobada en mayo de 2023 resulta imposible de aplicar en la práctica, al no existir indicadores públicos oficiales a los que poder referenciar las materias primas con las que se fabrican los productos sanitarios.
Antonio Garamendi y los representantes de la Federación han intercambiado sus puntos de vista sobre la actual coyuntura geopolítica, económica y regulatoria, además de su impacto en la industria nacional
“Es una situación preocupante. Hay que garantizar la viabilidad del sector a través del equilibrio económico-financiero de los contratos públicos. El riesgo es que haya una pérdida de competitividad de España para disponer de la tecnología sanitaria de mayor calidad, penalizando la atención sanitaria de profesionales sanitarios y pacientes”, señala el presidente de Fenin, Jorge Huertas.
En esta misma línea, el presidente de CEOE ha recordado que desde 2018 la Administración ha incrementado el salario mínimo interprofesional (SMI) en más de un 50% sin revisar el precio de los contratos públicos suscritos con las empresas. “Por eso venimos reclamando esa indexación, que no es otra cosa que incrementar esos contratos al compás de los costes, lo que evitaría también que muchos contratos públicos queden desiertos, como está pasando, o frenar la innovación tecnológica en un sector como el sanitario, en el que esos avances son vitales”.
Otros de los temas que se han abordado han sido la compra pública basada en valor, frente a criterios exclusivamente economicistas, y la aplicación de un IVA reducido a los productos sanitarios. Precisamente este mes de abril se cumplen dos años desde la reforma de la directiva europea del IVA que permite a los Estados miembros aplicar esta medida al considerarlos bienes de primera necesidad, pero sin que España haya hecho movimiento alguno en este periodo.
"Se está desaprovechando una oportunidad inmejorable no solo para generar un ahorro estimado de 1.000 millones de euros al conjunto de servicios de salud, sino para reducir los costes"
“En España, el 85% de los productos sanitarios están gravados con el tipo impositivo más alto, del 21%, por lo que el margen de actuación es amplio. Se está desaprovechando una oportunidad inmejorable no solo para generar un ahorro estimado de 1.000 millones de euros al conjunto de servicios de salud, sino para reducir los costes que tiene su adquisición directa por los pacientes; en especial, aquellos con menos recursos y que necesitan productos sanitarios para el cuidado y tratamiento de sus enfermedades”, indica Pablo Crespo, secretario general de Fenin.
Por último, ambas organizaciones han abordado la importancia de que la Administración haga una apuesta “urgente y decidida” por la industrialización y la autonomía estratégica del país. En este sentido, por su carácter esencial para la salud y calidad de vida de la población, se considera fundamental que se ponga en marcha un Plan de Industrialización propio para el sector de Tecnología Sanitaria, que fomente la fabricación local, permita retener y atraer talento, y promueva un entorno fiscal favorable.