La Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia ha informado de la consulta previa sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento de financiación y las condiciones de dispensación de los productos sanitarios para pacientes no hospitalizados. Lo ha hecho a través de un documento en el que se determinan los márgenes correspondientes a su distribución y dispensación.
Con esta nueva norma se pretende desarrollar reglamentariamente lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios aprobado con anterioridad. Se refiere a las cuantías económicas correspondientes a los conceptos de la distribución y dispensación de los productos sanitarios.
“La necesaria actualización y desarrollo de la normativa estatal requiere la tramitación de un proyecto normativo del mismo o superior rango de las normas que se quieren modificar, por lo que se propone para ello un Real Decreto"
También se quiere actualizar los procedimientos administrativos vigentes e incorporar otros no previstos en la normativa en vigor, así como incluir nuevos productos sanitarios en la prestación farmacéutica del SNS para pacientes no hospitalizados y posibilitar la revisión de precios de los ya existentes. Asimismo, se pretende posibilitar la exclusión excepcional de productos sanitarios incluidos en la prestación farmacéutica del SNS para pacientes no hospitalizados que actualmente no se encuentren comercializados.
Los objetivos de esta normativa se centran en posibilitar la fijación del precio de venta al público de estos productos sanitarios financiados mediante la agregación del precio industrial autorizado y de los márgenes correspondientes a las actividades de distribución mayorista y dispensación al público.
Por último, el documento emitido por Sanidad señala el reto de actualizar el contenido de la prestación farmacéutica mediante la inclusión de nuevos productos sannitarios y la exclusión de los no comercializados. Según se indica en el informe, “la necesaria actualización y desarrollo de la normativa estatal requiere la tramitación de un proyecto normativo del mismo o superior rango de las normas que se quieren modificar, por lo que se propone para ello un Real Decreto".