Los fabricantes españoles de productos de protección sanitaria, bajo la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, Batas y EPIs, Oesp, han elaborado un documento sobre la situación que atraviesan las adjudicaciones públicas para la compra de material sanitario a empresas nacionales y solicitan la inclusión de nuevos criterios para su realización. Además, la organización alerta de la necesidad de tener en cuenta otros criterios como la sostenibilidad o la calidad para llevar a cabo estos procedimientos.
OEsp, que ya cuenta con 18 empresas asociadas y una producción de más de 160 millones de mascarillas al mes, ha elaborado un documento que parte desde la Comisión de Compras Públicas de la asociación, junto con las empresas pertenecientes al sector textil sanitario representadas por Texfor, para facilitar el acceso de las empresas españolas, especialmente pymes, a los concursos públicos de la administración estatal, autonómicas y locales en materia de material sanitario.
La Asociación ha analizado el grado de inclusión de las empresas españolas respecto a las adjudicaciones de concursos en el país. “Nos hemos dado cuenta de que las empresas nacionales logran la adjudicación de muchos menos concursos en el país de lo que lo hacen otras empresas europeas en los suyos”, apunta Jorge Lázaro, vicepresidente de la Asociación Española de Mascarillas, Batas y EPIs.
Actualmente, los requisitos de adjudicación están basados en el artículo 145 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, cuyo objetivo estaba fundamentado en mejorar la seguridad jurídica, simplificando los trámites y, en especial, imponer una menor burocracia para los licitadores y un mejor acceso para las pymes.
La Oesp alerta de la necesidad de tener en cuenta criterios como la sostenibilidad para llevar a cabo estos procedimientos
En esta línea, OEsp apunta a la necesidad de incluir criterios como aspectos ambientales, entre los que se encuentra la compra de cercanía o el empleo de energías renovables; sociales, como la protección de la salud y seguridad en el trabajo, además de otros entre los que se encuentran la calidad, la innovación técnica, cualificación del personal para una mejor ejecución e, incluso, el servicio postventa.
“Desde OEsp consideramos que la Ley 9/2017 debería ser reformada para que se apliquen todos los objetivos que la motivaron, en especial los relativos a la materia social, medioambiental y de innovación y desarrollo. Estos parámetros son los que deberían tener una incidencia importante a la hora de conceder el suministro facilitando, así, los criterios objetivos bajo los que deben actuar las administraciones”, incide Lázaro.
La industria de empresas dedicadas a la fabricación de material sanitario recoge que la vigilancia al producto importado debe ser mayor para garantizar la supervivencia del sector. Además, así se aseguraría que el consumidor final recibe productos idóneos y de calidad que cumplen las condiciones que requiere la normativa sobre salud pública.