La decisión del Gobierno de poner bajo el mando único sanitario a todas las clínicas privadas sin importar la incidencia del coronavirus en cada zona, así como la delegación de los acuerdos entre la Administración y las empresas privadas han generado un perjuicio inasumible para las clínicas. Tal es la situación derivada de la crisis sanitaria vivida y el consiguiente escenario actual que España se encuentra ya a la cola europea de la colaboración sanitaria público-privada en la lucha contra la pandemia.
Una preocupante situación que posiciona tanto a la sanidad privada como al conjunto de la sociedad en una complicada tesitura ante el surgimiento de nuevos brotes de Covid-19 y la posibilidad de llegada de una segunda ola del virus. Un tema que hemos analizado en ConSalud.es de la mano de Carlos Rus, presidente de Alianza de Sanidad Privada Española (ASPE).
La entrevista comienza poniendo el foco en el papel de la sanidad privada en nuestro país durante la pandemia. “Antes de la declaración del Estado de Alarma nos pusimos a disposición del Ministerio de Sanidad”, explica Rus señalando que la crisis sanitaria “no cambió el papel que ya venía realizando la privada”.
“Se solicitó que desprogramáramos toda la actividad que no tuviera carácter urgente o no fuera atención a pacientes Covid-19 y se declaró esencial alguna tipología de centros que, desde nuestro punto de vista, era demasiado amplia”, ya que expresa que no solo se declaraó como esencial aquellos centros privados que contaban con urgencias y UCI “sino en algunos casos algunos que solo contaban con consultas médicas”.
La decisión del Ministerio de Sanidad derivó en un problema “a la hora de que estos centros pudiesen adaptarse a la situación”. “Hemos tenido zonas como Madrid o Barcelona donde hemos tenido que duplicar o triplicar UCIs y hemos tenido otros hospitales en otras zonas en los que estaban llenos de médicos, pero vacíos de pacientes”.
“Se solicitó que desprogramáramos toda la actividad que no tuviera carácter urgente o no fuera atención a pacientes Covid-19 y se declaró esencial alguna tipología de centros que, desde nuestro punto de vista, era demasiado amplia”
Ante esta fotografía el presidente de ASPE indica, en base a un estudio desarrollado, que hubiese bastado con la habilitación de 124 hospitales se hubiese podido atender al 19% de los pacientes hospitalizados y al 11% de los pacientes en UCI.
Rus manifiesta que en algunas comunidades autónomas han existido mesas de interlocución directa público-privada “como ha sido el caso de Madrid o Andalucía y en resto de comunidades autónomas ha habido un poco de todo con casos de amplia comunicación o prácticamente nula como ha sido el caso de la Comunidad Valenciana”.
EL PAPEL DEL MANDO ÚNICO
La caída del mando único establecido por el Ministerio de Sanidad tras la finalización del Estado de Alarma, el Gobierno ha delegado en cada una de las comunidades autónomas la regulación de la colaboración entre la sanidad pública y la privada. El impacto en la facturación varía en función de cada comunidad autónoma. Así, Murcia, La Rioja, Cantabria y Asturias son las que han sufrido un mayor descenso. Por el contrario, Madrid, Castilla y León y Cataluña han sido las zonas que se han visto menos afectadas. Los centros sin internamiento han descendido su facturación más de un 85% de media y los centros hospitalarios más de un 60% respecto al periodo anterior a la pandemia.
La falta de homogeneidad ha hecho prácticamente imposible la planificación y la optimización de los recursos en la lucha contra el coronavirus y para garantizar la rentabilidad de un sector que supone el 3,4% del PIB nacional con más de 266.000 profesionales de alto valor.
Los centros sin internamiento han descendido su facturación más de un 85% de media y los centros hospitalarios más de un 60% respecto al periodo anterior a la pandemia
Una grave situación sobre la que Rus manifiesta que lo que más sorprendente le resulta “es que en otros países europeos se ha determinado incluso antes de la pandemia la forma en la que se iba a colaborar con la privada, cómo se iba a establecer la compensación tanto por puesto como por disposición de recursos y por atención a pacientes y aquí no se ha querido hacer”, asevera tras haber mantenido varios encuentros con el titular de Sanidad, Salvador Illa.
“Cuando se promulga el decreto de ayudas a las autonomías, que vienen de Europa y son unas ayudas que garantizan para sanidad, pedimos un modelo común de colaboración. Esto no se hace y ahora mismo estamos inmersos en 17 negociaciones distintas”, asegura con “puntos en los que algunas partes dicen que de esto debe hacerse cargo el Gobierno a otras en las que se está estudiando tanto la compensación por puesto a disposición como la atención a pacientes”.
En relación a estas negociaciones el presidente de ASPE señala que “la única que lo ha arreglado de una forma bastante rápida, por su singularidad ya que hay un gran peso de hospitales privados, ha sido Cataluña”, añade recalcando que “volvemos a estar a la cola de Europa”.
EL ABANDONO DEL MINISTERIO DE SANIDAD
“Le hemos explicado la situación a Sanidad y enviado informes de cómo está funcionando la privada en el resto de países europeos. Pero ha sido un tema que no se ha querido abordar, al igual que el modelo alemán, inglés y francés si lo han hecho antes incluso de que la privada se erigiera como necesaria”.
Rus informe que “más de un mes después de la finalización del confinamiento no hay una normativa que regule esta situación en España. Esto es un abandono. Hemos tenido disposición total y absoluta y sin embargo ahora se nos deja abandonados”.
"Más de un mes después de la finalización del confinamiento no hay una normativa que regule esta situación en España. Esto es un abandono"
En este sentido manifiesta que la mayor preocupación ante este escenario es la llegada de una segunda ola del virus. “Con la situación económica que tenemos la sanidad privada lo va a pasar muy mal”, ya que ahora mismo está en serio riesgo la supervivencia de más de 2.400 centros médicos y el empleo de cerca de 60.000 profesionales sanitarios.
Detalla que la declaración de esencial no debe centrarse únicamente en la tipología de la actividad o servicio, sino que debe tener muy en cuenta la situación territorial. “Lo único que pedimos es que se solucione por parte del Gobierno y que no haya 17 negociaciones y criterios distintos ya que nos hemos encontrado con total falta de voluntad para buscar una solución”, concluye la entrevista.