La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves que la vigencia del pacto que unía al Gobierno con Farmaindustria “se ha prorrogado”. Al mismo tiempo, ha avanzado que el Ministerio de Sanidad está trabajando “en una nueva propuesta” con el objetivo de que ésta esté “bien clarificada”.
Según ha explicado Montero, en declaraciones recogidas por Europa Press, “el gasto farmacéutico es uno de los principales vectores del incremento del gasto conjunto del sistema sanitario”. Además, este “tiene que ver con muchos elementos, como por ejemplo la financiación de los medicamentos por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y con el uso que se hace de los fármacos por parte de las comunidades autónomas”.
Montero: "Es conveniente un debate a propósito de intentar desde el Estado que se ayude a las CC.AA. a hacer un control racional del gasto farmacéutico"
Sobre el posible nuevo pacto, la titular de Hacienda ha precisado que “es conveniente un debate a propósito de intentar desde el Estado que se ayude a las CC.AA. a hacer un control racional del gasto farmacéutico, incorporando todas las novedades que aporten una mejoría significativa a la salud e intentando que la competencia abarate los precios que se están planteando”.
Por otra parte, María Jesús Montero ha vuelto a hacer una defensa pública de la subasta de medicamentos que hasta ahora está activa en Andalucía, justo cuando el próximo Gobierno andaluz ha prometido que lo prevé revertir. Así, ha instado a escuchar “algunas de las medidas que han realizado algunas comunidades y que han sido más novedosas en España, como la licitación pública de los medicamentos que se está realizando en Andalucía”.
CONFLICTO CON LAS CC.AA. DEL PSOE
Fue en diciembre de 2016 cuando el anterior Gobierno y Farmaindustria firmaron el convenio de colaboración. Tras renovarse en 2017, la por entonces ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, defendía que dicho pacto “favorece el acceso de los pacientes a nuevos fármacos y a tratamientos innovadores en igualdad de condiciones” al tiempo que garantiza “la sostenibilidad del Estado del Bienestar” y la “mejora del control del gasto farmacéutico”.
Hasta que el PSOE llegó a La Moncloa, varias fueron las comunidades autónomas que criticaron dicho convenio ya que de alguna manera era obligatorio suscribirse a él para poder acceder al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La propia María Luisa Carcedo, actual ministra de Sanidad y por entonces secretaria de Sanidad del PSOE, señalaba que era un “chantaje” y algo “impropio de la relación y lealtad entre instituciones”.