El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, confirmó el pasado martes tras el Consejo de Ministros que “habrá una nueva licitación de Muface, antes de que acabe el año”. Esto no implica que finalmente se llegue a un acuerdo y continúe en pie el modelo Muface, ya que es posible que las aseguradoras decidan no presentarse a la nueva oferta del Gobierno.
Ante este escenario, que ya barajaba el Ministerio de Sanidad en el informe que publicaron hace unas semanas ‘Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud’, desde el Ministerio para la Transformación digital y de la Función Pública aseguran que la Ley de Contratos del Sector Público contempla herramientas para prorrogar el concierto actual durante un tiempo, hasta que se resuelva el convenio, de forma que todos los mutualistas queden cubiertos. "Por lo tanto, tranquilidad para todos los mutualistas, están cubiertos y van a seguir cubiertos, vamos a preparar una nueva licitación, y por lo tanto todo seguirá con normalidad", aseguraba López.
A diferencia de las palabras de tranquilidad del ministro, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) traslada una gran preocupación porque, entre otros tantos temas, la licitación que sacó el Gobierno a mediados de octubre y que quedó desierta "no cumple los tres meses de antelación" establecidos en el artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público.
"Tranquilidad para todos los mutualistas, están cubiertos y van a seguir cubiertos, vamos a preparar una nueva licitación, y por lo tanto todo seguirá con normalidad"
Más concretamente, este artículo indica que se permite prorrogar un contrato hasta nueve meses si, debido a imprevistos en el proceso de adjudicación de un nuevo contrato, se interrumpe la prestación de un servicio esencial. Una medida excepcional que se aplica cuando razones de interés público lo justifican y garantizan la continuidad del servicio hasta que entre en vigor el nuevo contrato.
Sin embargo, este mismo apartado menciona que para llevar a cabo esta prórroga de nueve meses será necesario cumplir con un requisito determinante. “Siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización del contrato originario”.
Unos plazos que no cumplen con la primera licitación que quedó desierta, ya que el Gobierno la aprobó el pasado 8 de octubre y la publicación oficial se produjo seis días después en la Plataforma de Contratación, es decir, dos meses y medio antes de que finalice el convenio actual y no tres como marca la ley.
Por ello, el convenio actual finaliza el 31 de diciembre de este año, aunque es cierto que es hasta el 31 de enero de 2025 las aseguradoras tienen que prestar servicios a los mutualistas. “Como no hay tres meses, las compañías no tienen ninguna obligación de dar cobertura durante nueve meses, van a hacer lo que han dicho en la carta de despedida, atender hasta el 31 de enero”, indican desde CSIF a este medio.
MANIFESTACIONES
Un panorama de incertidumbre que ha provocado que centenares de funcionarios mutualistas se concentrasen ayer frente a la sede de la asociación empresarial que agrupa las entidades aseguradoras (Unespa) en Madrid y en varias ciudades españolas para pedir una "solución urgente". Organizada por las centrales sindicales UGT, CCOO, ANPE, USO, ADIDE, USIE, UFP, ACAIP y SIAT, también se convocaron por la tarde ante las puertas de la sede central de Muface en Madrid, así como en todas las capitales de provincia.
En esta misma línea de protestas, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) registró en el Congreso un escrito dirigido a los grupos parlamentarios para que propongan iniciativas en defensa de la asistencia sanitaria que reciben los 1,5 millones de mutualistas de Muface.
"CSIF no va a parar y seguiremos presionando hasta recibir una respuesta y que se dé una solución a este conflicto que se pudo haber evitado"
Según explicó a las puertas de la Cámara Baja el secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, en el escrito presentado se adjuntan "centenares de quejas" que ha recibido el sindicato en los últimos días de mutualistas de toda España por la suspensión de citas médicas, pruebas e incluso intervenciones quirúrgicas.
"Se les está privando de su derecho a la prestación sanitaria. Son servidores públicos que, no olvidemos, son los que hacen cumplir las normas que salen de esta Cámara. Por eso, CSIF no va a parar y seguiremos presionando hasta recibir una respuesta y que se dé una solución a este conflicto que se pudo haber evitado", subrayó Lama.