La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) ha firmado este jueves el nuevo concierto de asistencia sanitaria con cuatro aseguradoras (Asisa, SegurCaixa Adelas, DKV e Igualatorio de Cantabria). En esta ocasión, el convenio cuenta con un presupuesto de 2.191 millones de euros, siendo un 5,62% superior al anterior concierto (114 millones más).
Con este acuerdo se dará cobertura a casi 1,5 millón de beneficiarios; estos podrán cambiar de aseguradoras a mitad de año, al incorporar dos periodos de cambio para la libre elección de entidad
Este acuerdo tendrá una vigencia de dos años (hasta 2019) con el objetivo de “dar mayor estabilidad a las entidades que lo suscriben”. En este sentido, el Ministerio de Hacienda ha informado que dará cobertura a un total de 1.477.320 beneficiarios. A ellos, indican que “podrán sumarse unos 100.000 nuevos mutualistas como consecuencia de los procesos de estabilización de personal interino en todas las administraciones públicas”.
El concierto comprende dos tipos de contratos: uno relativo a la asistencia sanitaria en territorio nacional, que asciende a más de 2.161 millones de euros; y un segundo, por un importe de unos 30 millones de euros, que cubre la asistencia a los 7.400 mutualistas destinados o residentes en el exterior y sus familias y que asume DKV.
NOVEDADES DEL CONVENIO
Este nuevo acuerdo para la asistencia sanitaria incorpora una serie de novedades que han sido detalladas por Hacienda en un comunicado. Por ejemplo, establece dos periodos de cambio (enero y junio) para la libre elección de entidad privada así como de cambio a la sanidad pública; incluye la cirugía robotizada y la radioterapia intraoperatoria como nuevos servicios de referencia; o establece la cobertura de los cuidados paliativos en el domicilio del paciente.
Entre las novedades del nuevo convenio destacan la mejora de la asistencia en el mundo rural mediante convenios con las distintas comunidades autónomas
Por otra parte, amplía a 13 nuevos municipios la cartera de especialidades de las capitales de provincia y otras grandes localidades; mejora la protección en las islas menores; mejora la asistencia en el mundo rural mediante convenios con las comunidades autónomas; o coordina la colaboración con los servicios autonómicos de emergencia 112.
Otras novedades se refieren a la “apuesta decididamente” por la implantación del proyecto de receta electrónica; la creación de un incentivo para que las aseguradoras privadas oferten servicios adicionales que supongan una mejora del concierto; otro incentivo que premia la fidelidad o permanencia del colectivo mayor de 65 años adscrito a la entidad; y, por primera vez, se prohíbe expresamente la transferencia de riesgos entre entidades.