La Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid (ACHPM) ha emitido un comunicado en el que rechaza las declaraciones de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en la rueda posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes, en relación al IVA de la sanidad privada.
Díaz, que en su discurso se mostró partidaria de aumentar el IVA de los servicios sanitarios privados, ofreció una serie de datos y argumentaciones que desde la ACHPM rechazan por ignorar informes y llevar a error.
En primer lugar, apuntan que la vicepresidenta aseguró que la sanidad privada “tributa al 0%”, cifra que, tal y como explican desde la ACHPM, es ambigua, ya que "todos los materiales, servicios, etc. contratados por la privada tienen el tipo impositivo general".
En este sentido, añaden: "Si se refiere al IVA que los ciudadanos pagan al contratar servicios de sanidad privada, algo que ha comparado con tener 'un yate', debería tener en cuenta que en España hay más de 12,4 millones de personas que cuentan con algún tipo de seguro sanitario privado. Por tanto, no puede entenderse que sea un concepto comparable a un artículo de lujo".
“Si se cambiara este tipo impositivo, la población y las empresas españolas estarían en desigualdad de condiciones frente a otros países europeos que también contemplan la exención de la sanidad y la educación”
La ACHPM afirma que esta no es la primera vez que se propone un aumento del IVA en el ámbito sanitario privado, ya que en 2020 fue descartada por el propio Ejecutivo. En ese momento, el Gobierno se apoyó en un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que evaluó el impacto que tendría subir el IVA de Sanidad y Educación privadas en 3.500 millones de euros.
En esta misma línea, Airef indicó que las exenciones en estos campos, enmarcadas dentro de la exención general del IVA sobre todos los servicios educativos y sanitarios con independencia de quien los preste, está reconocida desde 1985, año en el que este impuesto se implantó en España.
“Si se cambiara este tipo impositivo, la población y las empresas españolas estarían en desigualdad de condiciones frente a otros países europeos que también contemplan la exención de la sanidad y la educación”, explica la ACHPM en su comunicado.
Además de lo mencionado, la asociación hace especial hincapié en que el ingreso que conseguiría el Estado de una subida del IVA sanitario “pronto quedaría compensado por un mayor gasto sanitario”. Esto se debe a que acarrearía un aumento de costes que repercutirían en mayor o menor medida en los pacientes y, con una subida de costes en la privada, miles de personas dejarían de acudir a estos servicios para ser atendidos solo en la pública, lo que implica una sobrecarga, aún mayor, del sistema.
En esta línea, subraya que "sólo en la Comunidad de Madrid, el ámbito de actuación de la ACHPM, la sanidad privada asume el 31 % de los ingresos y de las altas realizadas, el 27 % de las estancias y el 37 % de las intervenciones quirúrgicas. Con un aumento impositivo, y atacando la colaboración público-privada, más de 2,6 millones de ciudadanos podrían quedar desatendidos".
"La sanidad privada también es un sector económico, formado por grandes empresas y también por muchas pymes y autónomos, con pequeñas consultas. Por tanto, atacar a la privada es también poner en riesgo a muchas familias"
Más allá de todo esto, la ACHPM se muestra muy sorprendida con las afirmaciones de Díaz, tratándose además de la vicepresidenta responsable de la cartera de Trabajo. “Parece no haber pensado en los profesionales. La sanidad privada también es un sector económico, formado por grandes empresas y también por muchas pymes y autónomos, con pequeñas consultas. Por tanto, atacar a la privada es también poner en riesgo a muchas familias”, aseveran.
En este sentido, piden a la vicepresidenta segunda del Gobierno que reflexione sobre su propuesta y a la vicepresidenta primera, y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como al presidente, Pedro Sánchez, que tengan en cuenta las recomendaciones de órganos como la Airef y piensen en el interés general antes de acometer reformas que repercuten de manera negativa en los ciudadanos.