Los exámenes de Formación Sanitaria Especializada no salen de la nada. Cada año, un grupo de expertos designado por Sanidad, y procedente de diversos hospitales y universidades de toda España, se encargan de elaborar las preguntas, que, una vez terminada la prueba, han de ser aprobadas definitivamente por las comisiones calificadoras de cada especialidad. Pero esas preguntas también tienen que llegar a las hojas de los exámenes, y los exámenes a las sedes, de alguna manera… y el Ministerio no tiene capacidad logística para tal volumen de trabajo.
Por eso, todos los años abre un concurso de licitación público para repartir todas estas tareas entre empresas externas que poco o nada -en origen- tienen que ver con la sanidad: en concreto, transportar y custodiar los exámenes, corregirlos y, por supuesto, producirlos. En este último caso de producción de los exámenes de FSE, Meydis S.L. es ya un clásico de las últimas convocatorias, y que solo para la de 2024, explica a ConSalud.es su director general adjunto, Enrique Mallo, han impreso más de dos millones de hojas entre cuestionarios de preguntas y de imágenes y hojas de respuesta.
De todas ellas, las más numerosas son las de cuestionarios de preguntas. Y es que, para evitar que los aspirantes se copien, Sanidad dispone de cinco versiones distintas de la prueba para cada una de las siete especialidades de FSE, a excepción de Química y de Radiofísica Hospitalaria, que solo cuentan con una. Y, teniendo en cuenta que este año han sido admitidos a la convocatoria más de 30.000 personas, no es difícil estimar que la cifra no ha sido precisamente baja. En total, informa Mallo, han impreso más de un millón y medio de hojas de cuestionarios de examen, agrupadas en 73.200 cuadernillos que contienen preguntas e imágenes.
"Efectuamos el trabajo en una zona de acceso restringido y bajo vigilancia por medio de cámaras, circuito cerrado de televisión y vigilante 24 horas al día"
“Las páginas en negro -preguntas- han sido un millón y medio, y las páginas en color -imágenes-, 420.000”, indica. Antes, para recibir las preguntas por parte de Sanidad, trabajan con una base de datos encriptada y comprimida, “que no es accesible por un tercero aunque la encuentre”. Y es que la seguridad es una de las claves de todo el proceso, tanto para Meydis como para el resto de empresas adjudicatarias. “El Ministerio de Sanidad establece un seguimiento de todas nuestras actividades, y efectuamos el trabajo en una zona de acceso restringido y bajo vigilancia por medio de cámaras, circuito cerrado de televisión, un vigilante 24 horas al día… “.
“Y no solo medidas de seguridad físicas. También son medidas informáticas: usuarios, claves… lo cumplimos todo”, añade Mallo. “El nivel de exigencia del Ministerio y de todos los organismos públicos es muy alto, no te la puedes jugar a que venga la Agencia Española de Protección de Datos y te ponga una multa de un millón de euros. También tenemos que firmar un acuerdo de confidencialidad por la información de la que disponemos”, insiste.
UN EXAMEN AL QUE ES PRÁCTICAMENTE IMPOSIBLE ACCEDER
¿Y qué pasaría si se filtrase alguna pregunta?: “Por supuesto, hay penalizaciones”. “Y no voy a decir ataques, pero desde que recibimos los datos de las preguntas del Ministerio hasta que generamos los cuestionarios ha habido gente que ha venido a nuestra instalación a preguntarnos: ¿Sois vosotros los que hacéis el examen del MIR? ¿Dónde tiráis el papel que sobra? Pero todo el papel se destruye, claro, se mete en compactadores blindados para su reciclaje. Tardarías años en recomponer un examen destruido”, afirma el portavoz de la empresa.
Por eso, destaca, no son muchas las empresas españolas de su sector que disponen de todo este aparato logístico: “En los últimos 16 años, creo que hemos ganado el concurso en 13 o 14. Nosotros también tenemos la ventaja de que el formato que utilizamos no deja residuo, y ahora hay mucha concienciación con eso".
"Ha venido gente a preguntarnos qué es lo que hacemos con el papel que nos sobra"
Por último, para las hojas de respuesta, que tienen que personalizar con el nombre de cada uno de los citados más de 30.000 aspirantes, imprimen 44.200. Es decir, quedan varias miles de sobra por si pasase cualquier cosa durante el examen. “Son momentos de muchos nervios, y puede ser que, por ejemplo, a alguien se le caiga la botella de agua o un café sobre la hoja”, recuerda Mallo, quien explica que utilizan un papel químico que permite “contestar, equivocarte, borrar, volver a contestar y volver a equivocarte”: “Pero no deja de ser papel, y no se lleva bien con el agua”.
Al final, apunta, su principal reto es el de los plazos, ya que el Ministerio, claro está, intenta apurar al máximo hasta el día de la realización del examen para que el riesgo de filtración sea el mínimo posible. Así, desde que se termina de ejecutar el contrato -que este año ha sido de 64.957,64€ IVA incluido- hasta que les exigen tener impresas las hojas y entregárselas a la empresa encargada de custodiarlas y transportarlas, disponen de entre cinco y siete días. Todo ello en la semana previa al examen: “Son plazos muy apretados”.
Peor aún fue hace dos años, cuando tuvieron que hacerlo en tiempo récord porque la empresa adjudicataria manifestó en el último momento que no tenía capacidad para abarcar todo. “Esto lleva pruebas, y hay un proceso previo de aprobación. Cómo están colocadas las preguntas en las hojas, las negritas, si hay que dejar un margen arriba de tanto, a otro lado de tanto, el tipo de letra y el color, que no es simplemente azul o negro, sino que es muy específico… al final son medidas de seguridad que ponen para que alguien no consiga las preguntas del examen y se fabrique su hoja de respuestas”, concluye Mallo, quien recuerda también que “lo de las imágenes tampoco es sacar una foto y te la mando”: “Tienen que estar en alta definición y con las medidas que nos marcan”.