La gestión política de la crisis sanitaria provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en España ha sido, cuanto menos, vergonzante. La popular frase “tarde, mal y nunca” es el resumen perfecto de nuestra clase política que ha demostrado ser experta a la hora de convertir la mayor pandemia a la que la Humanidad ha tenido que hacer frente en los últimos 100 años en una lucha política por intentar desprestigiar al contrario con el único objetivo de sumar escaños en un Congreso de los Diputados, que ha vivido estos meses horas muy bajas. Los españoles estamos teniendo que hacer frente a dos virus: el SARS-CoV-2 y la incompetencia política.
Mucho podría escribirse sobre la gestión de la pandemia en España y pocas de esas líneas serían buenas. Uno de los nombres propios que ha protagonizado esta pésima gestión es el de Patricia Lacruz, directora de la Dirección General de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, integrada en el Ministerio de Sanidad. Lacruz no solo puede "presumir" de estar detrás de algunos de los errores mayúsculos protagonizados por Sanidad en la primera ola de la pandemia, sino que tiene el dudoso orgullo de que su nombre aparezca en el criticado visado EPOC (cabe recordar que este colectivo es vulnerable ante la Covid-19) y en el intento de la desfinanciación de los SYSADOA, fármacos de acción sintomática lenta para el tratamiento de la artrosis.
En el caso de este último, la desfinanciación ha sido un tema muy controvertido decidido de forma unilateral por la Dirección General de la Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia que estaba prevista materializarse el próximo 1 de noviembre. En ConSalud.es hemos podido saber en exclusiva que finalmente estos medicamentos no perderán la financiación del Ministerio en la fecha que había anunciado, pero el perjuicio causado a los pacientes con artrosis durante meses ante la propuesta no puede quedar impune. Más si cabe en plena pandemia en la que los pacientes, en vez de ver reforzada la protección por parte de las autoridades sanitarias y el Gobierno, han visto vapuleados sus derechos en un intento de ser condenados al ostracismo del SNS.
DESFINANCIACIÓN SYSADOA: ABANDONO DE LOS PACIENTES
La causa de esta decisión hay que buscarla en una carta que la Fundación Internacional de Pacientes con Artrosis (OAFI) envió a las máximas responsables del departamento integrado en el Ministerio de Sanidad y que dirige Patricia Lacruz. La misiva, firmada por el doctor Josep Vergés y sobre la que informó este periódico, ahondaba en una problemática que surgió en el Nomenclátor oficial de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) señaló a OAFI que el sistema de información de medicamentos BOT PLUS exponía que los SYSADOA "serán desfinanciados el día 1 del mes de noviembre"
Y es que el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) señaló a OAFI que el sistema de información de medicamentos BOT PLUS exponía que los SYSADOA "serán desfinanciados el día 1 del mes de noviembre".
Es cierto, apuntaba la fundación en el escrito, "que con fecha 20 de julio de 2020 la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia emitió resolución de exclusión de la prestación farmacéutica del SNS de los medicamentos conteniendo condroitín sulfato o glucosamina solos o en combinación".
No obstante, continuaban, "es igualmente cierto que las mencionadas resoluciones de exclusión fueron recurridas en alzada por nuestra fundación, solicitando a su vez, como medida cautelar, que la exclusión de la prestación fuese suspendida hasta tanto no fueran resueltos los recursos de alzada y, en su caso, se considerasen vencidos todos los plazos que el ordenamiento vigente fija para estos procedimientos y los subsiguientes recursos contencioso-administrativos ante la jurisdicción competente que, como ya les hemos anunciado, tenemos la intención de interponer en caso de que la resolución resultase desfavorable a nuestro recurso".
"Estando suspendida cautelarmente la eficacia de las resoluciones que nos ocupan por imperativo legal, es del todo evidente que el Nomenclátor que se publicó en el mes de octubre, así como los que sean publicados posteriormente mientras se mantenga dicha situación, no pueden indicar una fecha concreta para la efectividad de la exclusión de los medicamentos que nos ocupan", advertían desde OAFI, haciendo referencia al art. 12 del Real Decreto 177/2014 por el que se regula el sistema de precios de referencia y de agrupaciones homogéneas de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.
Desde la fundación aseguraban que, en definitiva, "la emisión del Nomenclátor correspondiente al mes de octubre ya debería haber omitido cualquier indicación relacionada con la posible desfinanciación de los medicamentos mencionados, por encontrarse suspendidas cautelarmente las resoluciones de exclusión. A lo que debe añadirse que, aun en el caso de que dicha suspensión cautelar no se hubiese producido, seguiría siendo manifiestamente incorrecta la fecha efectiva de desfinanciación que se indica en el mismo, por cuanto de no mediar la suspensión cautelar dicha desfinanciación no podría ser efectiva hasta el 1 de diciembre de 2020".
En la misiva emitida por el Ministerio de Sanidad y que está rubricada por Patricia Lacruz se declara que "el Nomenclátor de noviembre próximo no recogerá la exclusión de los medicamentos cuya resolución ha sido recurrida y permanecerán incluidos en la prestación farmacéutica a todos los efectos pertinentes".
"El Nomenclátor de noviembre próximo no recogerá la exclusión de los medicamentos cuya resolución ha sido recurrida y permanecerán incluidos en la prestación farmacéutica a todos los efectos pertinentes"
Semanas antes, el departamento que dirige Patricia Lacruz aseguraba que "los expedientes están cerrados y resuelto el procedimiento de desfinanciación de los SYSADOA".
La desfinanciación de estos fármacos se ha convertido, de forma incomprensible en una batalla personal para Lacruz. Hasta el punto de seguir adelante con un proceso que presenta errores desde su inicio por no ajustarse a la legislación vigente por dos motivos. El primero de ellos es que el Departamento dirigido por Patricia Lacruz no ha cumplido con lo establecido por la ley en relación a la obligación de informar de cada paso en el proceso a OAFI (Osteoartritis Foundation International), parte interesada legitimada y reconocida. Hecho que anularía el procedimiento.
La segunda de las razones se centra en el hecho de que, de acuerdo a la legislación vigente, las resoluciones adoptadas para la desfinanciación de 23 medicamentos son nulas de pleno derecho como consecuencia de que los procedimientos han caducado.
EL POLÉMICO VISADO EPOC
No solo los pacientes con artrosis se han convertido en el inexplicable blanco de Lacruz. Las personas con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), grupo poblacional reconocido como uno de los más vulnerables en la presente pandemia, han visto cómo sus peticiones sobre la eliminación del visado para la triple terapia de la EPOC, son desoídas de forma constante tanto por Lacruz como por el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
La triple terapia en un único dispositivo, administrada una vez al día en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), es un tratamiento eficiente si se compara con las terapias duales. Así lo expone una investigación publicada en el marco del congreso internacional de la Sociedad Europea de Respiratorio (ERS, por sus siglas en inglés European Respiratory Society).
La triple terapia, evidenció su eficacia en el ensayo clínico aletorizado IMPACT. Para este trabajo se ha puesto sobre la mesa un modelo económico a través del que se dictaminó una predicción de la progresión de la enfermedad. Además, de beneficiar al paciente, la triple terapia es mucho más económica que el tatamiento convencional, por lo que es incomprensible la ferrea oposición de Patricia Lacruz a retirar el visado de la triple terapia si no es por algún motivo personal que tenga que ver con su animadversión hacia la Industria Farmacéutica.
PÉSIMA GESTIÓN DE LA PANDEMIA
El nombre de Lacruz protagoniza junto a los de Illa y Pedro Sánchez varios de los grandes errores que se han cometido en la gestión de la pandemia. Hablamos de los más de 640.000 test fallidos comprados a China o los miles de mascarillas defectuosas que han sido repartidas entre las comunidades autónomas poniendo en peligro a unos profesionales sanitarios cuyas fuerzas y capacidades están cada vez más mermadas y, a pesar de todo, son el auténtico frente de batalla de este país.
Lacruz ha permanecido en un más que discreto segundo (e incluso tercer) plano a pesar de que su departamento ha desempeñado un papel crucial en los grandes errores de esta crisis
Pero como dice el refranero popular, “no hay dos sin tres”. La gestión de la crisis sanitaria, valorada por el 69% de los españoles con un suspenso según la encuesta de ConSalud.es, no es solo atribuible a Pedro Sánchez y Salvador Illa. El triunvirato se completa con Patricia Lacruz, directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad.
Lacruz se erige como una de las manos ejecutoras de muchas de las decisiones tomadas en esta crisis como consecuencia inherente al cargo que ostenta. Mientras Sánchez e Illa, con mayor o menor acierto han comparecido ante el conjunto de los españoles para dar explicaciones y someterse a las preguntas de los medios de comunicación, Lacruz ha permanecido en un más que discreto segundo (e incluso tercer) plano a pesar de que su departamento ha desempeñado un papel crucial en los grandes errores de esta crisis.
A pesar de que ni el Gobierno ni el Ministerio de Sanidad han querido responsabilizar a nadie concreto en la adquisición de los test fallidos, los hechos concluyeron que algún responsable sanitario había fallado en el proceso de compra. En España, la persona encargada de ello es Patricia Lacruz y, por encima de ella, se ubica Faustino Blanco, exsecretario general de Sanidad, que ya no forma parte de la cúpula ministerial.
A su departamento también se le ha culpado del estancamiento que ha sufrido en los últimos tiempos la industria de los medicamentos genéricos. En este sentido, y ante las acusaciones de falta de transparencia en la desfinanciación de los medicamentos para los enfermos de artrosis, manifestaba en noviembre de 2019 que “el paciente no tiene que preocuparse de lo que cuesta un medicamento más allá de la garantía al acceso equitativo que tenga, y eso lo debe garantizar el sistema”.
La última polémica sucedía hace escasos días tras conocerse, siete meses después, la subcontratación realizada por Lacruz para la gestión de los datos epidemiológicos de las comunidades autónomas.
Patricia Lacruz acumula ya demasiado errores en su gestión. Fallos que no son comprensibles y que han puesto en riesgo miles de vidas. Y no solo eso. Ha podido actuar, plenamente consciente, contra los derechos de pacientes con artrosis y su hastío hacia las peticiones de los pacientes EPOC pone en riesgo a uno de los colectivos más vulnerables en esta pandemia. ¿Hasta cuándo va a continuar guiando el timón de ese barco a la deriva en el que ha convertido a la Dirección General de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, integrada en el Ministerio de Sanidad?