Ha pasado más de un año desde que un coronavirus desconocido, el SARS-CoV-2, iniciase la peor pandemia a la que ha tenido que hacer frente la Humanidad en, al menos, los últimos 100 años. Los primeros casos de neumonía de origen desconocido aparecidos en Wuhan (China) en diciembre de 2019 poco hacían presagiar que el mundo se vería abocado a la crisis sanitaria global que hemos vivido. Una situación para la que nadie estaba preparado y ante la que la improvisación fue la tónica de las decisiones adoptadas a nivel nacional e internacional.
Una improvisación comprensible hasta cierto punto en los primeros momentos de confusión en los que los países occidentales pecaron de optimismo al pensar que el virus que se extendía con ferocidad a través de las naciones asiáticas, no alcanzaría las fronteras del viejo continente. Mientras China se confinaba y aplica férreas medidas de prevención, el resto del mundo observaba con cierta distancia como quién se deleita con una película de ciencia ficción pensando que esa situación era imposible que se repitiese en sus países. Una temeridad que todos hemos pagado muy cara ya que la mortífera maquinaria de la Covid-19no solo avanzaba, sino que se mejoraba, mientras olvidábamos que la realidad siempre puede superar a la ficción.
España ha sido uno de los países más castigados en Europa por la pandemia. La referida improvisación tenía cierto grado de justificación en los primeros enfrentamientos ante lo desconocido. Pero el “nadie estaba preparado” rápidamente se convirtió en una excusa manida para justificar una serie de errores de gestión de nefastas consecuencias. La negación de las primeras semanas provocó miles de muertos y el colapso del que presumíamos como el mejor sistema sanitario del mundo.
¿Lo peor? Más allá de unas aberrantes cifras de contagios y decesos a las que parece que nos hemos insensibilizado quizás por las ansias de libertad individual y normalización de la situación, es que seguimos sin aprender de los errores, sin confiar en la evidencia científica y primando los sitios en Moncloa por encima de la salud pública. Hecho que ha quedado constatado en las últimas semanas con la administración de la segunda dosis de la vacuna a los menores de 60 años. Una torticera sucesión de malas decisiones motivada por un mayor miedo a las urnas que al propio virus. Pero ya nada sorprende ya que el camino que nos ha llevado hasta aquí no ha estado exento de vergonzantes decisiones.
PRIMERAS DECISIONES ERRÓNEAS
El tiempo logra difuminar nuestros recuerdos y hacer que estos sean percibidos con menor intensidad que cuando los grabamos en nuestro cerebro. Y más ante situaciones como las vividas que han supuesto para todos tiempos oscuros. Pero la hemeroteca no olvida.
El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta de emergencia internacional con motivo de la expansión del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.
De acuerdo al artículo 14 de la Ley General de Sanidad Pública, la gestión de este tipo de alertas procedentes de la Unión Europea (UE) o de la OMS, son competencia directa y automática del Ministerio de Sanidad.
Días más tarde, concretamente el 3 y el 11 de febrero de 2020, la OMS volvía a instar a los países, ante el avance del virus, a la compra de equipamiento necesario para hacer frente al SARS-CoV-2 y estar preparados ante la posibilidad cada vez más real de que el escenario de China se replicase en el resto del mundo. El Ministerio de Sanidad desoyó nuevamente las recomendaciones.
Una actitud que el Ministerio de Sanidad mantuvo dos días después tras el llamamiento realizado por la Unión Europea al acopio de recursos y materiales sanitarios para evitar posibles desabastecimientos. La respuesta de Salvador Illa, por aquel entonces ministro de Sanidad, fue contundente el 13 de febrero: “España tiene suficiente suministro y equipos personales de emergencia en este momento”.
Declaraba además que “tenemos un Sistema Nacional de Salud muy potente, robusto, con grandes profesionales y estamos preparados para hacer frente a la situación”.
Seguimos sin aprender de los errores, sin confiar en la evidencia científica y primando los sitios en Moncloa por encima de la salud pública
El titular de Sanidad defendía que “no hay razón de salud pública que impida la celebración de eventos de este tipo”, en referencia al Mobile World Congress y que “si fuera necesario poner en marcha otras medidas, las tomaríamos en base al criterio de los expertos y al seguimiento diario que estamos haciendo”.
PRIMEROS CASOS EN ESPAÑA
El 1 de febrero, España confirmaba su primer caso de COVID-19 en un turista alemán en La Gomera. Nueve días después se detectaba el segundo caso. De nuevo, un turista, pero en este caso británico que se encontraba en Mallorca.
El 24 de febrero un turista italiano en Tenerife se convertía en el tercer caso positivo. Menos de 24 horas después se detectaba un cuarto positivo en Cataluña. Hasta el momento, todos importados. Una situación que cambió drásticamente con el quinto contagiado: un hombre de 62 años en Sevilla se convertía en el primer contagio local en territorio español el 27 de febrero.
El mismo 27 de febrero el número de casos en España se elevó a 15 y España mantenía el escenario de contención en el nivel 1.
LA DECLARACIÓN DE LA PANDEMIA
En los primeros días de marzo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señalaba en sus ruedas de prensa diarias que el virus ya había penetrado en más de un centenar de países y se había superado la barrera de los 100.000 contagiados en todo el mundo. Unas declaraciones efectuadas el 9 de marzo de 2020.
Apenas 48 horas después, la OMS anunciaba que el virus ya reportaba casos e 114 países y el número global de contagiados superaba los 118.000. La pandemia quedaba declarada el 11 de marzo de 2020.
PRIMERAS MUERTES EN ESPAÑA
El 3 de marzo se conocía el primer fallecido con coronavirus en nuestro país (Comunidad Valenciana). Una muerte calificada en origen como causada por una neumonía pero que fue relacionada con el coronavirus semanas más tarde después de que el Ministerio de Sanidad solicitase la realización de las pruebas a todos los decesos provocados por neumonías graves. El fallecimiento se había producido el 13 de febrero.
La segunda muerte con coronavirus se producía el 4 de marzo en País Vasco. El 6 de marzo España ya sumaba cuatro decesos con coronavirus, el último un anciano de 76 años que se había contagiado en el Centro Municipal de Mayores de Valdemoro donde se detectaron otros 19 positivos.
El número de contagiados en toda España superaba ya, a 6 de marzo, los 280 casos. Ese día España llegó a sumar cinco fallecidos y más de 345 casos positivos. Una jornada en la que Illa participaba en una nueva sesión extraordinaria del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) en la que se daban cita todos los ministros de Sanidad de los Estados miembros.
El titular de Sanidad aseguraba que España “está actuando de acuerdo a los criterios y recomendaciones internacionales, con una máxima coordinación con las instituciones europeas, la OMS y las Comunidades Autónomas”.
A pesar de este escenario, España continuó sin suspender actos públicos como las manifestaciones del 8 de marzo (en cuya cabecera había dos ministras que más tarde darían positivo), conciertos o partidos de fútbol como el que enfrentó en Italia al Valencia con el Atalanta en Milán, uno de los focos de contagio en Italia, y que días más tarde se convertiría en el foco de numerosos nuevos contagios en la Comunidad Valenciana
Fue en esta reunión cuando Illa precisó que eran “especialmente necesarias”, iniciativas que “garanticen la disponibilidad de los recursos para hacer frente al Covid-19, como los procedimientos de compra conjunta” (un mes después de las recomendaciones efectuadas por la OMS y la UE y que fueron desoídas). Además, instaba a sus homólogos europeos a “no subestimar el riesgo” que suponía la evolución del virus.
A pesar de este escenario, España continuó sin suspender actos públicos como las manifestaciones del 8 de marzo (en cuya cabecera había dos ministras que más tarde darían positivo), conciertos o partidos de fútbol como el que enfrentó en Italia al Valencia con el Atalanta en Milán, uno de los focos de contagio en Italia, y que días más tarde se convertiría en el foco de numerosos nuevos contagios en la Comunidad Valenciana.
Hechos irresponsables por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y, especialmente, por el Ministerio de Sanidad. La situación en España comenzó a desbordarse. El Ministerio de Sanidad inició una compra a la desesperada en el mercado chino de test de diagnóstico rápido.
DECISIONES PRECIPITADAS POR FALTA DE PREVISIÓN
Tras anunciar una compra de más de 640.000 test, poco después tras los análisis de calidad efectuados por el propio Ministerio y varios laboratorios de hospitales, se informaba que un lote de 9.000 resultó fallido. Una cifra que más tarde superaba los 50.000 y acabó obligando a Sanidad a devolver miles de test.
La razón residía en que la sensibilidad de estos test para la detección del virus apenas alcanzaba el 30% cuando los requerimientos ante la COVID-19 son del 80%. La compra se realizó a través de una empresa nacional que los adquiría en China.
Una compra que apunta en un principio, directamente a la directora general de la Cartera Básica y Farmacia, Patricia Lacruz y a la que Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES), remitió en una rueda de prensa para que aclarase la situación de la compra de los test fallidos.
"Todos los pedidos se realizan a empresas, en este caso fabricantes, distribuidores, intermediarios, empresas que nos garantizan el objetivo del producto. Este es el fin para adquirir cualquier producto para hacer frente a la infección del Covid-19. Estas empresas pueden ser nacionales o de otros países", respondía Lacruz.
Una respuesta a todas luces insuficiente y nada aclaratoria de uno de los grandes errores del Ministerio de Sanidad y el Ejecutivo de Pedro Sánchez en la gestión de la crisis sanitaria.
DECISIONES CAMBIANTES, CONFUSIÓN SOCIAL
Avanzando en la gestión de la pandemia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, son muchas las decisiones que no se entienden. Dentro de estas queremos centrar la atención en dos que dejan patente la falta de sentido que, en demasiadas ocasiones, ha guiado a nuestro país.
La primera es el uso obligatorio de las mascarillas. No se estableció por ley hasta el 17 de mayo de 2020 cuando fue anunciado en rueda de prensa por Illa: “Hay que reforzar la obligatoriedad del uso de las mascarillas y lo estamos valorando con los expertos y las comunidades autónomas”. La norma entró en vigor el 21 de mayo.
Uno de los grandes golpes a la transparencia del Ejecutivo central estuvo protagonizado por su ya famoso Comité de Expertos encargado de asesorar al Gobierno durante la pandemia, especialmente durante la desescalada
"Es deseable que la gente la lleve, pero hacerlo obligatorio no es algo que se pueda plantear muy a la ligera", aseguraba Simón el 29 de abril de 2020, reiterando que es "medida muy importante que puede reducir mucho la transmisión". "Es obligatorio su uso en centros asistenciales, pero en la población hay un debate de si se hace obligatoria o no", subrayaba.
Nadie entendía como una herramienta tan útil a la hora de detener la propagación del virus no había sido declarada con anterioridad. Muchas voces lo solicitaron desde el inicio del Estado de Alarma, pero no sucedió hasta varios meses después.
Uno de los grandes golpes a la transparencia del Ejecutivo central estuvo protagonizado por su ya famoso Comité de Expertos encargado de asesorar al Gobierno durante la pandemia, especialmente durante la desescalada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ordenó al Ministerio de Sanidad el 30 de noviembre de 2020 que revelase los nombres de sus miembros. Hecho que no se produjo escudándose en el derecho a la intimidad de estos. Su revelación se produjo el 29 de diciembre de 2020.
LA GOTA QUE COLMA EL VASO
Los errores y malas decisiones han continuado, pero uno de los más llamativos acaecidos en los últimos tiempos ha sido sin duda la decisión de administrar la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19 a los menores de 60 años.
De acuerdo a la Estrategia Nacional de Vacunación los menores de 60 debían ser vacunados con la vacuna de AstraZeneca (dos dosis). Se utilizó este suero para inmunizar con una primera dosis a miles de trabajadores esenciales. Su administración se paró por completo en todos los grupos de edad después de la aparición de un conjunto de casos raros en todo el mundo de trombosis asociados a la administración de la vacuna. La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), analizó los casos y concluyó estos casos eran muy raros y existía un posible vínculo pero que los beneficios superaban a los riesgos.
Sanidad decidió vacunar con AstraZeneca a mayores de 60 años dejando en el limbo a esos miles de españoles por debajo de ese umbral de edad con una primera dosis inoculada. La EMA determinó que la vacuna de AstraZeneca es segura y eficaz en todas las edades. Una conclusión idéntica a la de la OMS y la de numerosa y creciente evidencia científica internacional.
En vez de seguir esta línea Sanidad decidió iniciar un estudio (CombiVacs) desarrollado por el Instituto de Salud Carlos III para analizar si completar la pauta con la vacuna de Pfizer era seguro. Un estudio muy criticado ya que la muestra es de 600 voluntarios y solo se ha comparado AstraZeneca con Pfizer y no AstraZeneca con AstraZeneca. Los resultados preliminares ofrecidos, a tan solo 14 días, le han bastado al Ministerio de Sanidad capitaneado por Carolina Darias para virar la estrategia de vacunación y administrar Pfizer como segunda dosis a los menores de 60 años con una primera dosis de AstraZeneca.
Según las cifras oficiales España ha recibido 5.075.400 dosis de AstraZeneca. Como primeras dosis se han administrado 4.972.679 que deberían recibir una segunda dosis de AstraZeneca o Pfizer. La mayoría de personas se decanta por AstraZeneca y aquí radica el problema: solo quedan 877.252 dosis
Tras el revuelo entre comunidades autónomas y desconfianza social por guiarse por un estudio tan pequeño obviando toda la evidencia internacional que sugiere lo contrario, obligó a Sanidad a permitir que estos menores de 60 años decidiesen, previo consentimiento informado para no poder culpar a Sanidad de nada y hacer recaer toda la responsabilidad en cada individuo, si completar la pauta con Pfizer o AstraZeneca. La inmensa mayoría ha optado de forma clara por completar su pauta con la misma vacuna dejando en evidencia la poca confianza en el Gobierno.
Una situación que ha llevado a Sanidad a realizar uno de los movimientos más sucios de toda la pandemia: hacer público un informe informando de la muerte de cuatro fallecidos por casos de trombosis (de 25 casos) tras recibir la vacuna de AstraZeneca. Un documento que podría haber publicado con anterioridad para reforzar los resultados de CombiVacs o ayudar a los ciudadanos a comprender su decisión, por otra parte contraria a toda evidencia científica internacional, pero no. El documento se guardó como un as en la manga con el único objetivo de confundir a una población cansada y generar miedo mediante los mecanismos más torticeros, más si tenemos en cuenta que todas las vacunas contra la Covid-19 presentan riesgo de efectos secundarios. Pero, ¿por qué esta insistencia?
La respuesta parece apuntar a la falta de dosis de la vacuna de AstraZeneca. Según las cifras oficiales España ha recibido 5.075.400 dosis de AstraZeneca. Como primeras dosis se han administrado 4.972.679 que deberían recibir una segunda dosis de AstraZeneca o Pfizer. La mayoría de personas se decanta por AstraZeneca y aquí radica el problema: solo quedan 877.252 dosis.
Una vez más, en vez de asumir sus errores, Moncloa culpa a los medios de comunicación de esta situación acusando de conflicto de intereses y lobbies. "El tema de la segunda dosis se ha utilizado de muchas maneras, se ha utilizado por los grupos políticos, se ha utilizado por parte de los lobbies que tienen intereses en un lado y el otro, se ha utilizado por parte de los medios de comunicación que pueden tener una posición editorial determinada, un interés determinado u otro y pueden incluso tener patrocinadores determinados, no entro en esa historia pero sí que es cierto que se ha utilizado por muchas partes con intereses diferentes y eso no favorece en que la población normal tenga una capacidad de tomar la decisión clara e imparcial, o al menos lo más aséptica posible, de factores que no tendrían que influir a la hora de tomar este tipo de decisiones", aseguraba el pasado 31 de mayo Fernando Simón en rueda de prensa, ocultando que toda la comunidad científica, nacional e intermacional, afirma que la segunda dosis de los vacunados con AstraZeneca debe ser con la misma vacuna y no mezclar con la de Pfizer ya que no hay evidencia científica que lo avale.
¿Conclusión? El Gobierno continúa embebido en su falsa percepción de no haber cometido errores. Y, aquellos sobre los que se ha vislumbrado cierto halo de entonación de un mea culpa, se han justificado con agotados argumentos. La culpa siempre es de otros e hicimos lo que teníamos que hacer con la escasa información con la que contábamos. Ese podría ser el resumen de la mayoría de las comparecencias públicas del Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez. A las alturas a las que nos encontramos, la autocrítica, la humildad y el saber reconocer fallos, son las mejores vacunas ante el virus de la falta de confianza y nula transparencia en demasiadas ocasiones que ha corroído la gestión de la gestión de la crisis sanitaria.