La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 366/2024 presentado por el Consejo General de Dentistas. Este decreto recoge la transferencia de las competencias en materia de homologación de títulos universitarios al País Vasco, entre los que se encuentra el de dentista.
El Consejo de Dentistas ha solicitado la adopción de medidas cautelares consistentes en la suspensión inmediata del Real Decreto impugnado. Su presidente, el Dr. Óscar Castro Reino, ha afirmado que “el hecho de que una comunidad autónoma tenga la competencia para homologar títulos podría poner en peligro el principio de equidad, pues habría territorios con acceso estricto y otros con acceso más flexible a la homologación de títulos, según las condiciones que cada región establezca”.
“Que una comunidad autónoma tenga la competencia para homologar títulos podría poner en peligro el principio de equidad”
El Consejo de Ministros aprobó estas transferencias el pasado 9 de abril, a pesar de que la homologación de títulos es una competencia atribuida constitucionalmente al Estado y, por tanto, supondría un grave problema de equidad que cualquier comunidad autónoma contase con su propio sistema de homologación.
Tal y como se establece en la Constitución y en el Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, es competencia del Estado, con la preceptiva participación de los Consejos Generales, atender y resolver las solicitudes de homologación de títulos extranjeros. Por tanto, además de la posible falta de competencia autonómica, el traspaso al País Vasco de esta competencia supondría un incumplimiento de este reconocimiento expreso a los Consejos Generales.
Según Castro, “delegar esta competencia a una comunidad autónoma provocaría un ‘efecto contagio’ en otras regiones que, en caso de enfrentarse a la misma escasez de profesionales, pedirían la misma solución, ignorando la normativa estatal actual” ha concluido.