Una trabajadora de una clínica dental situada en un municipio al sur de Madrid ha denunciado a la propietaria del negocio en el que trabajaba por un delito de intrusismo profesional, según publica Confilegal.
Al parecer la dueña de la clínica realizaba funciones propias de un odontólogo cuando sólo disponía de la titulación de higienista bucal. La denunciante, que trabajó en el centro desde mayo de 2020, dejó el trabajo al percatarse de que pese a no disponer de la titulación exigida, la responsable de la clínica realizaba extracciones dentales e implantación de ortodoncias.
Según la denunciante, la higienista dental “ha realizado consultas de urgencia los viernes, diagnosticando dolores dentales, futuras intervenciones, llegando a realizar recetas médicas de fármacos, con el sello de la consulta” a nombre de la denunciante, “sin su firma ni autorización para la realización de las mismas”.
El caso se encuentra actualmente en el Juzgado de Instrucción número 3 de Valdemoro (Madrid)
Estos hechos fueron puestos en conocimiento del Colegio de Odontólogos y del Colegio de Higienistas de la Comunidad de Madrid y se presentó una denuncia ante la Policía, asistida por el abogado de Coraza Legal Manuel Chamorro Pavón, quién indica al medio que “durante la fase de instrucción han declarado la investigada y el director del centro, que niegan los hechos. También han comparecido cuatro empleadas, tres de las cuales corroboran que la dueña de la clínica realizaba funciones de odontólogos”.
Una paciente atendida por la dueña de la clínica, y que se presentó en el juicio como acusación particular, declaró en septiembre de 2022 que tras colocarle unos brackets y empeorar sus encías se le recetó el medicamento Metronizaron, con la recomendación de que doblara la cantidad lo que derivó en la necesidad de ingreso hospitalario de esta paciente. En Urgencias se le indicó que la dosis recetada no correspondía con su peso. En el centro hospitalario le cambiaron la medicación y le cursaron una baja laboral.
Se podría requerir el listado de pacientes tratados entre los meses de septiembre de 2020 y junio del 2021 a fin de conocer si la investigada atendió a otras personas
Tras poner los hechos en conocimiento del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la primera región (COEM) la organización colegial se personó en la causa. COEM indica que el testimonio de la paciente indica la posible comisión de un delito de lesiones del artículo 147 del Código Penal por lo que solicitó una valoración de las lesiones por parte de un médico forense. El informe deberá recoger también la titulación exigida para realizar las actuaciones llevadas a cabo por la investigada.
Según el abogado de la acusación, la instrucción está prorrogada a la espera de la declaración como testigos de otros dos pacientes que también habrían sufrido la negligencias según relatan las historias clínicas. A una de ellas le habría drenado una inflamación que le llegaba hasta el ojo como consecuencia de una posible fractura de una pieza dental y de una fístula cerrada.
La acusación particular ejercitada por la víctima también ha solicitado que se tome declaración a una de las odontólogas que trabaja en la clínica como posible investigada
El COEM señala que con estas declaraciones se podrá conocer con mayor detalle la conducta de la investigada y si esta se puede enmarcar dentro del delito de intrusismo profesional.