El delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPND), Joan Ramón Villalbí, ha advertido de su preocupación por "la detección de una cierta banalización de los riesgos asociados al cannabis".
"Estamos bastante preocupados por la detección de una cierta banalización de los riesgos asociados al cannabis, que contribuye seguramente a favorecer su consumo", ha lamentado este martes durante su intervención ante la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones.
Villalbí ha recordado que, según los datos del Plan Nacional Sobre Drogas, "más o menos un 10% de la población española lo ha consumido en el último año y un 3% diariamente". "Son cifras relativamente altas en el contexto internacional", ha alertado.
"Este martes se debate en el Congreso la toma en consideración de la Proposición de Ley de Más País para regular el cannabis, una iniciativa que probablemente no prosperará"
En este punto, ha recordado los problemas asociados al consumo de esta droga: "Incrementa las lesiones, sobre todo por tráfico. En Colorado (Estados Unidos), ya hay más lesiones por consumo de cannabis que de alcohol. Produce brotes psicóticos, sobre todo en usuarios noveles. Hay personas muy jóvenes que en su primer episodio de consumo acaban en Urgencias. Y genera dependencia. Un 10% de los consumidores ocasionales la desarrollan y en usuarios diarios, un 50%".
Precisamente este martes se debate en el Congreso la toma en consideración de la Proposición de Ley de Más País para regular el cannabis, una iniciativa que probablemente no prosperará debido a la previsible negativa del PSOE.
La iniciativa de Más País, similar a otras presentadas por ERC y Unidas Podemos, pretende regular el uso medicinal, la compra y venta de cannabis, así como su autoconsumo o el cultivo profesional, obligando en este campo al empleo de al menos un 60% de energías limpias.
Más País quiere limitar un máximo de hasta 12 plantas y no emplear potencias superiores a los 1.200 vatios
Además, el objetivo de la formación liderada por Íñigo Errejón es aflorar para las arcas públicas los beneficios económicos que reporta el cannabis vía impuestos. Por ello, se pauta un impuesto especial del 35% (del que estarán excluidos los usos medicinales y terapéuticos) que reportarían más de 3.000 millones de euros para el Estado y tendrá un carácter finalista, pues el 60% de lo recaudado se destinaría obligatoriamente a la financiación de la sanidad pública. También descargaría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de esa tarea actual de vigilar el trapicheo.
En materia de autoconsumo, Más País quiere limitar un máximo de hasta 12 plantas y no emplear potencias superiores a los 1.200 vatios. A su vez, el texto de la propuesta pauta que el almacenaje de sus derivados de floración seca no supere los 3.650 gramos y los productos extraídos, como resinas o aceites, no excedan los 1.000 gramos.
También fija las condiciones para asociaciones, que rondan la posibilidad entre 150 a 450 kilogramos, además de pautar un registro de profesionales para el uso medicinal del cannabis.